Javier Navascués (Rivas Aire Limpio): "Si hay que parar la incineradora antes de 2025, se para"

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Javier Navascués, portavoz de Rivas Aire Limpio (©Diario de Rivas)

El anuncio del cierre de la incineradora de Valdemingómez en 2025 era la noticia más esperada por parte de la asociación Rivas Aire Limpio que lleva más de una década peleando contra esta instalación desde numerosos frentes. Diario de Rivas entrevista a su portavoz, Javier Navascués, para rememorar la historia de una lucha —en compañía, en los últimos tiempos, de otras muchas organizaciones en la Alianza Incineradora de Valdemingómez No— que ha estado muy presente en la actualidad ripense durante todos estos años.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar el cierre de la incineradora de Valdemingómez para 2025. Desde Rivas Aire Limpio llevan muchos años luchando por este objetivo. ¿Cómo valoran esta decisión?
Nos parece muy importante. De hecho, es lo que habíamos pedido: no que cerraran inmediatamente, sino que hicieran un plan de cierre, y es lo que han anunciado. La primera preocupación que tenemos es que se confirme, porque este gobierno se renovará en 2019 y puede haber uno nuevo, quizá de otra orientación. Por eso nos parece importante que se tomen medidas para asegurar el cierre de la incineradora.

¿Cómo se lograría eso?
Que se apruebe en el Pleno es una de las condiciones. Primero van a hacer una ronda de contactos con las organizaciones políticas y sociales; de ahí saldrá una propuesta más específica para aprobar; eso se someterá a alegaciones, y una vez visto todo esto se elevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Probablemente tendrán que hacer un concurso para la renovación del contrato de gestión de la incineradora, que vence en 2020, porque con el contrato vigente iba a ser difícil ejecutar un plan de cierre. Habrá que hacer uno nuevo, probablemente con una nueva empresa, y con un plazo distinto, adecuado al tiempo necesario para ejecutar ese cierre. Si ese concurso se realiza antes de que venza el otro contrato, imagino que será una condición muy importante para que el plan no se eche atrás. Y además tiene que haber un acuerdo general de todas las fuerzas políticas. La posición de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos es favorable al cierre, y el PP no se oponía siempre que se cumplieran el resto de obligaciones. A nosotros nos parece que se dan las condiciones para que ese acuerdo se dé y sea difícil de revocar, porque cualquier gobierno que se presente a las elecciones y quiera cambiar eso, tendría que justificar y explicar que quiere mantener la incineradora. Y esa es una decisión muy difícil de tomar.

¿Por qué?

La incineración está en el penúltimo nivel de la jerarquía de la UE de gestión de los residuos; el último es el de los vertidos, pero el penúltimo es la incineradora. No se prohibe la incineración; de hecho, hay muchas incineradoras en Europa, pero sí está en el último nivel, y no tiene ningún sentido separar la materia orgánica o hacer que se aprovechen los recursos y acabar quemándolos. Además, las incineradoras solo funcionan a pleno rendimiento. El caso más paradigmático es el de Mallorca, donde tienen una incineradora y mucha diferencia de volument de residuos entre el período estival y el resto del año, con lo cual, tienen que traer residuos de fuera de la isla para que la incineradora funcione. Es de locos. La máquina funciona con tres hornos, pero cada uno de ellos tiene que estar completo, porque, si se reduce, para mantener la temperatura obligatoria, tiene que empezar a quemar fuel oil, con lo cual se convierte en una central térmica quemando residuos fósiles y eso significa pagar costes de combustible, etcétera, con lo que ya no tiene nada que ver con el funcionamiento de una incineradora de residuos. Por esa razón tiene que estar cada uno de los hornos al 100% y las instalaciones solo salen rentables si funcionan al completo. Es muy difícil que, si este plan de cierre se lleva hasta el final y se acaba haciendo un concurso previo a las elecciones, otro gobierno lo eche atrás.

Uno de los comentarios más repetidos tras el anuncio del cierre es que, hasta 2025, queda demasiado tiempo. ¿Era imposible hacerlo en 2020, cuando venza el contrato?
Mientras esté vigente el actual contrato es casi imposible acometer el cierre de la incineradora. Por eso nosotros siempre dijimos que antes de 2020 tenía que haber un plan de cierre. Para ese plan de cierre el Ayuntamiento planea hacer un nuevo contrato. A nosotros nos parece que el período de ese contrato de cierre es largo, porque entre 2020 y 2025 pasan 5 años y otro cambio de gobierno, y debería ser más corto. Además, ese 50% que el Ayuntamiento de reducción de incineración en 2022 no es real, porque la instalación consta de tres hornos y funciona al 33%, al 66% o al 100%. El 50% no existe: un horno a la mitad no funciona. Y además, por seguridad y efectos en la salud, hay que aumentar los controles. Es necesaria una auditoría específica sobre Valdemingómez y la incineradora en particular; no se han hecho las mediciones y los controles que debían. Se está haciendo un estudio epidemiológico, tambien a petición de la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, en la que participamos más de 40 organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales, AMPAS, etcétera, pero hay que aumentar los controles, porque sabemos que en la única ocasión en la que se han hecho mediciones ajenas a las que realiza la propia empresa se han disparado los niveles de dioxinas, y superaron los límites de forma tremenda. Tanto es así que hubo una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que les acusaba de un delito medioambiental en 2004.

¿Cuántos años lleva Rivas Aire Limpio luchando contra la incineradora de Valdemingómez?
Empezamos con este asunto en 2010. En 2002 habíamos comenzado en la lucha contra las centrales térmicas, porque querían poner una de gas de ciclo combinado en La Torrecilla, que está a 3 kilómetros, al lado de la Cañada y muy cerca de la depuradora de Butarque. Había unos 12 proyectos de instalación de térmicas en la zona; una de ellas, por ejemplo, en Morata de Tajuña, donde ya existe una cementera; también en Colmenar de Oreja, Estremera, Paracuellos de Jarama… Donde ya existe una instalación contaminante, suelen aparecer proyectos para poner más: estábamos rodeados. Conseguimos que no se pusiera en marcha ninguna de las proyectadas, unidos a una plataforma común, ya que casi todos los pueblos se movilizaron. Con este resultado, era ya el momento de abordar el tema de la incineradora. En los años 90, mucha gente de Rivas se había movilizado contra ella, pero había quedado parado.

¿Cómo lo reactivaron?

Lo primero que hicimos fue hablar con gente que tenía experiencia en este asunto, como Ecologistas en Acción, con quienes ya teníamos relación, pero también con otro compañero experto en medio ambiente, que nos recomendó empezar por conocer en detalle la última autorización ambiental que tenía la incineradora. Así descubrimos que en 2008 se emitió una, que había sido solicitada en 2006. Tardamos bastante en conocer el documento, porque no lo tenía nadie: ni el Ayuntamiento de Rivas, ni las organizaciones ecologistas… Una vez recibida la autorización ambiental por parte de la Comunidad de Madrid, nos pareció de una simplicidad extrema: no había más que una frase que decía que quemaba combustibles derivados de residuos, pero no indicaba ni de qué composición, ni mediante qué procedimiento… diez años después de haber empezado a funcionar la incineradora. Era una tomadura de pelo. Sí establecía las condiciones finales, pero no daba ninguna información, más que la documentación que había presentado la empresa, sobre métodos de funcionamiento, etcétera. Vimos que aquello no estaba claro, pedimos más información y obtuvimos mediciones; reunimos todo lo que pudimos conseguir y seguimos preguntando para que nos dieran la información de un año entero. En un momento dado nos negaron información, hasta un punto absurdo y, cuando vimos que aquella vía de trabajo se atascaba, y habíamos visto cosas que no nos gustaban, buscamos el apoyo de Fernando Palacios, un investigador del CSIC que no está especializado en estos temas pero que ya había conseguido parar una incineradora privada donde vivía. Preparamos una denuncia, que presentamos el 2013 en la Fiscalía acompañada de unas 10.000 firmas. La Fiscalía dijo que no podía intervenir, porque no estaban autorizados para denunciar a las administraciones, y nos sugirió que acudiéramos a otras vías. No respondieron a lo fundamental, pero no podemos decir que nos despreciaran; nos tuvieron en cuenta, respondieron a un recurso que interpusimos, y aquello quedó parado, pero nosotros no. Habíamos pedido apoyo a la población de Rivas, recogido firmas en los colegios, y la gente pensaba que nunca se hacía nada serio; nosotros no íbamos a parar hasta que esto saliera adelante.

¿Qué hicieron entonces?

Una vez descartado el procedimiento tradicional (el contencioso administrativo, ya que se habían pasado los plazos desde la autorización ambiental), vimos que había espacio para interponer una denuncia penal, en este caso basada en no haber hecho un estudio previo a aquella autorización. Como sabíamos que había muchos casos de cáncer, sobre todo en la urbanización Pablo Iglesias, donde vivimos desde 1982, lo investigamos. Los más tempranos son leucemias, que son las afecciones que se generan más rápido: casi en un año se puede producir una leucemia por contaminación. Había que dirigirse a las personas afectadas, explicarles el asunto y convencerles para que firmaran una denuncia, que algunos pensaban que les acarrearía algún coste, otros no querían…

Es decir, un trabajo puerta a puerta.
Exactamente: unos nos llevaban a otros, y así conseguimos reunir a 36 personas: 20 afectados directos y 16 familiares de personas fallecidas. En algunos casos, tienen incluso la doble condición de afectados y familiares. Todos ellos llevaban más de 10 años viviendo en las proximidades de la incineradora: identificábamos su vivienda, la distancia hasta la incineradora y el tiempo que llevaban viviendo, y las enfermedades que pensábamos que podían relacionarse con la máquina. La denuncia fue admitida a trámite y la jueza llamó a declarar a la persona denunciada y a una técnica; hay un último técnico que no llega a declarar. Parece que el único obstáculo importante que le pusieron a la instalación es que se podían hacer mediciones en continuo. Las sustancias más peligrosas se miden una sola vez cada tres meses, una vez en cada horno, pero es un período lo bastante corto para que, de forma intencionada o no, se modifiquen las circunstancias de la combustión, el tipo de residuos, etcétera. Además, la empresa controlada tiene que informar a la administración de cuándo se van a hacer las mediciones, con lo que sabe cuándo se van a producir. Por último, son empresas que dedican el personal mínimo para hacer la medición, y eso no les permite controlar el estado del conjunto de la instalación. La justificación para hacer mediciones periódicas es que no hay forma de hacer esa medición continua, pero un técnico de medio ambiente de la Comunidad dice que ya existen métodos para medir el mercurio; como, además, es difícil separar el mercurio del resto de componentes, este metal sirve de testigo para comprobar la presencia de los demás. Habría sido una prueba muy importante para evitar manipulaciones. En aquella autorización no participan el Ayuntamiento de Rivas, ni el de Getafe, ni ninguna organización ecologista: solo alega la propia empresa contra el técnico que quiere hacer mediciones en continuo de mercurio, y se agarran a que solo se puede exigir lo aceptado formalmente por parte de la UE como mecanismo de control, algo que no ocurre con la tecnología de control del mercurio. Entonces, la jueza ya decide que tiene información suficiente y decreta el archivo provisional con el argumento de que el delito de prevaricación solo procede si es flagrantemente ilegal y se demuestra voluntad e interés personal en hacerlo mal; y, en este caso, si el director general aprueba lo que dicen los técnicos, no ha cometido delito de prevaricación. La propia Fiscalía y la jueza dicen que si queremos hacer reclamaciones por daños podemos hacerlo, y la Fiscalía añade que la denuncia que hizo la Fiscalía de Medio Ambiente ya se demostró que la incineración era una actividad contaminante, con lo cual, por ahí podíamos tirar en nuevas acciones, pero el delito de prevaricación no procedía.

Entonces, ¿todo quedó en eso?
Esa denuncia nos dio mucha publicidad. Se conoció el caso de Clara Perales, una de las firmantes y afectadas, cuyo linfoma puede, según indicios muy claros, estar relacionado con la incineradora. Ahí conseguimos una audiencia muy importante y en marzo de 2017 se constituye la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, intentando agrupar a todas las organizaciones qe tengan algo que decir en este asunto, bajo el modelo guipuzcoano, donde se consiguió una movilización muy importante con intervención de médicos y de asociaciones de madres y padres, que nos parecía aplicable a este caso. Había otras zonas, como el Ensanche de Vallecas, que eran nuevas en esta pelea y que debieron ser protegidos de forma especal ante este asunto. Ellos, además, sufren los olores. Las dioxinas de la incineradora no las notas, pero los olores sí, y eso les ha sensibilizado, aunque muy centrados en el asunto de la pestilencia. Así se fue armando una estructura que consiguió que se incorporaran la mayoría de las entidades de Villa de Vallecas; en Getafe, alguna también; y en Rivas Aire Limpio, Contaminación Zero, AMPAs, etcétera. Se juntaron la recogida de firmas en Change.org contra la incineradora que iniciamos después de la sentencia, que intentaba llegar más allá de Rivas, y desde el PAU de Vallecas pensaron que era muy interesante utilizar la herramienta de participación del Ayuntamiento de Madrid, Decide Madrid, para el cierre de la incineradora de Valdemingómez, ya que con un número determinado de firmas sería obligatorio hacer una consulta ciudadana. También recogimos firmas en los comercios de Rivas y, en total, conseguimos reunir en torno a 24.000 apoyos a la lucha contra la incineradora. Eso demostró que hay una enorme preocupación por este tema. Pocos días después, Inés Sabanés anunció su cierre.

¿Qué queda por hacer ahora?
Seguimiento para que se cumpla, ya que es muy largo el proceso. Hay quien pone de manifiesto las dificultades para acelerarlo, pero, en nuestra opiníón, no puede ser una cosa milimétrica y estar seguros de que ya se recicla todo antes de cerrarla. Mientras llega su fin, hay que controlar más la incineradora. Por nuestra parte, insistiremos en que se hagan esas mediciones y controles, no solo in situ, sino en los suelos, porque han descubierto, analizando las vísceras de las crías de las aves de los territorios de alrededor, que picotean el suelo, que los suelos están llenos de metales pesados. Y, claro, si antes de la fecha prevista de cierre se comprueba que existe contaminación, hay que parar los hornos por decisión legal, porque la incineradora no puede estar funcionando con niveles de contaminación por encima de los permitidos; eso no tiene discusión. Vamos a promover un mayor control y, si es necesario pararla en un momento determinado, se para. La incineradora pide recibir al año 300.000 toneladas de residuos; casi 1000 toneladas todos los días. Un vertedero no te pide nada; será peor, pero, si no tienes residuos, no los echas, y si los tienes, echas más. La incineradora es un invento hecho para funcionar a tope de forma continua, y el corte, por tanto, tiene que ser brusco: decidir que se para, y pararla.

Javier Navascués, en un momento de la entrevista (©Diario de Rivas)

Centrándonos en Rivas Vaciamadrid, ¿qué opina de la gestión de residuos que se hace en la ciudad?
El Gobierno de José Masa propuso un cambio en el modelo del tratamiento de residuos que incorpora una nueva tecnología: la famosa planta de Ecohispánica, para que Rivas gestionara sus propios residuos. Se trata de una esterilizadora que separa aquellos residuos que vienen mezclados en el contenedor de resto. Desde el principio, Rivas Aire Limpio, en contacto con organizaciones ecologistas con más experiencia, llegamos a la conclusión de que tenía muy difícil aplicación, porque perpetuaba un modelo de no separación con el que había que acabar: no tenía sentido implantar un sistema que trata los residuos mezclados cuando la legislación europea impone la separación de residuos. Y, a su vez, el destino de aquellos residuos, o era para la incineración, o no había otra alternativa. Es decir: tenía el doble riesgo de ser un tratamiento que no respondía a las leyes europeas, y luego podía ser una preparación para la incineración. Esto lo dijimos desde el principio. El Gobierno de José Masa insistió en no descartar tecnologías nuevas. Se creó entonces una comisión técnica que evaluara ese trabajo, y ahí participamos: estuvo trabajando durante tres años, desde 2012 hasta 2015, cuando presentó su informe final, en el que había una participación de Rivas Aire Limpio, además de una representación de Amigos de la Tierra. Se aprobó en un consejo de medio ambiente después de que nos negáramos a aceptar las condiciones, ya que no entraban en la comparación de la planta con la legislación europea. Después de varios avatares, el informe final dedica un apartado mínimo a valorar lo que se puede hacer con los residuos y en ningún momento habla de su utilización como combustible; Ecohispánica no hablaba de incineración, sino de alguna técnica de gasificación. Las organizaciones ecologistas se negaron a firmar el informe final, porque no hablaba de la verdadera utilidad de la planta, y al mirar los documentos descubrimos que el primer día de reunión de la comisión habían acordado cambiar el mandato, centrándose solo en el análisis de los residuos que salen de ella: esterilizados, inodoros, ligeros, de secado rápido y muy separados. Es decir, una viruta que arde muy bien, unos plásticos mezclados que arden muy bien también, y otros plásticos menos mezclados que también arden muy bien. Y, separados de ellos, los metales, el escombro, que no hay por qué llevarlos a ninguna incineradora; pero todo ello estaba perfectamente preparado para utilizarse como combustible.

¿Qué pasó después?

El colmo llega cuando descubrimos que la misma planta se está intentando vender en Argentina, que encuentra el negocio de la producción de electricidad con los residuos: es decir, empieza con la tecnología de Ecohispánica y termina con la incineradora. Eso lo pararon los argentinos y nosotros les apoyamos todo lo que pudimos. Pero luego, en verano de 2017, descubrimos que el proyecto se está sacando adelante en Chile, por parte de una municipalidad, Temuco, en la Araucania. El proyecto consiste en que la planta de Ecohispánica trata los residuos que son mezclados por la población; luego hay otros residuos, como plásticos, neumáticos fuera de uso o restos de poda, que, con lo que sale de la planta de Ecohispánica, lo llevan a una planta de gasificación, que es como una incineradora que quema con poco oxígeno, y produce electricidad. En Rivas se decidió, en mitad del proceso de evaluación de la planta, que no se iba a poner en funcionamiento, pero que se iba a seguir la línea de la comercialización de la tecnología, con el destino de países fuera de la UE, porque ya sabían que aquello no podía funcionar dentro de la UE. Por eso, sabemos que ha habido actividad comercial hacia América Latina y China. Con todos estos antecedentes, en cuanto a la actividad de este gobierno municipal en relación con los residuos; yo, como parte de la comisión de Medio Ambiente de Podemos, y como Rivas Aire Limpio, hacemos una propuesta a Rivas Puede para que lleve una moción al pleno abordando el problema de la planta de Ecohispánica y el tratamiento de residuos, que incluye poner un plazo límite de tomar una decisión sobre la planta de forma definitiva, haciendo una consulta a la ciudadanía sobre su uso. Esto fue en septiembre de 2015, a través de Rivas Puede, entonces en la oposición; y, mientras tanto avanzar con el proyecto de residuos cero. Ciudadanos, PSOE, Rivas Puede apoyan la moción; mienytras que IU y PP se abstienen, pero obtienen mayoría. En cualquier caso, no votaron en contra.

¿En qué quedó todo eso?

Por un lado, se montó una comisión sobre residuos cero que no llevó a ninguna parte. Parecía que en la comisión estaban el Ayuntamiento y Rivamadrid esperando a que nosotros les enseñáramos cómo se tratan los residuos; no hacían ninguna propuesta. Luego, cuando Rivas Puede entró en el Gobierno de Rivas, hubo una cláusula específica para ver qué se hacía con Ecohispánica. Ahí ya se sabía lo de Chile. Mantuvieron una cláusula para hacer una consulta y tomar una decisión sobre la planta, más o menos en los términos que figuraban en aquella moción; pero no hicieron nada. Nosotros, como Rivas Aire Limpio, convocamos a las organizaciones ecologistas, hicimos una rueda de prensa explicando que en Chile se quería usar esa planta para alimentar una incineradora, y que el Ayuntamiento de Rivas era responsable de ese asunto porque lo había comercializado. Los grupos municipales del gobierno sacaron una nota de prensa desvinculándose de este asunto, pero no es verdad que no tengan nada que ver. Ellos se agarran a que después del gobierno actual no ha habido nuevas comercializaciones; pero claro, esta comercialización se había producido ya, porque había tenido lugar una visita de las autoridades chilenas. El Ayuntamiento no puede decir que no participó en aquella decisión; por eso nosotros le pedimos que diga que está en desacuerdo con que esa planta, en la que han invertido dinero, medios y prestigio, se utilice para alimentar incineradoras. No puedes decir aquí que estás contra la incineradora de Valdemingómez, pero que no te metes con la incineradora de Chile; porque la incineradora de Chile no estaría en proyecto si no estuviera esta planta de Ecohispánica. Aunque ya no huela, quemar aquello es igual de malo que si no lo hubieran esterilizado, porque has acabado con las bacterias, pero no con los metales pesados ni con las dioxinas que se producen en la combustión. Es una tomadura de pelo.

Pero el PP sí pide que se ponga en marcha la planta de Echispánica…
Ya lo que nos faltaba es que el PP haya descubierto que esto es una maravilla para Rivas, para Madrid, y para Valdemingómez. En fin. No tiene ningún sentido; esa planta no cumple las normativas europeas y, al final, para lo único que sirve la materia que genera es para quemarla.

¿Y qué propone hacer con la planta de Ecohispánica?
Cerrarla y que reconozcan que se han equivocado. Ya no queremos más comisiones; si quieren hacer un debate, podemos participar en él, pero creemos que la posición del Ayuntamiento debe ser reconocer que ha sido un error meterse en ese proyecto. Y no que nos digan que es bueno tenerla ahí, porque se está recibiendo un beneficio por el alquiler de la planta, porque ese espacio se puede alquilar a gente que no haga estas cosas. Y añado: esa incineradora no se va a montar en Chile. Ese proyecto, que ahora está paralizado, no va a salir; tiene dos sentencias en Chile que declaran nulo el concurso que ganó la empresa que pretendía montarlo allí. En mi opinión, el Ayuntamiento de Rivas no está esperando a cobrar de los alquileres, sino de la venta de la planta de Chile, y creo que es absolutamente indigno que un Ayuntamiento que se dice de izquierdas y que está en contra de las incineradoras esté esperando para cobrar de la venta del proyecto chileno. ¿Qué se hace con lo que sale de esa planta? Han intentado experimentar produciendo gasoil, combustible, a partir de esos plásticos; yo conozco a gente que ha tocado lo que salía de aquella máquina, y un buen día todo ese proyecto desapareció sin dejar rastro. En un laboratorio puedes hacer lo que quieras; la cuestión es si es rentable y puede funcionar en la vida real, y esto no tiene mucho sentido.

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