
Parque Tecnológico de Valdemingómez (foto: Ayuntamiento de Madrid)
La asociación Rivas Aire Limpio, que representa a 36 personas afectadas por graves enfermedades que relacionan estos problemas de salud con la proximidad de la incineradora de Valdemingómez, ha recurrido el archivo de la causa recientemente decretado por los jueces. Insisten en que era necesario llevar a cabo un estudio «serio» de impacto ambiental de las instalaciones y en acusar al entonces director general de Evaluación Ambiental, José Trigueros, de «prevaricación».
El juez desestimó recientemente la denuncia presentada por Rivas Aire Limpio porque, alega, Trigueros se limitó a aprobar el estudio que le dieron los técnicos. Además, la ley exige estos estudios para proyectos que aún no se hayan acometido, pero no para los existentes, y en aquel momento la incineradora ya se encontraba construida. Por ello, estima el juez, no existe prevaricación.
Sin embargo, Rivas Aire Limpio entiende que sí. En una nota de prensa, la organización apunta que la denuncia exige un estudio previo a la autorización ambiental otorgada por el departamento dirigido entonces por Trigueros. Además, añaden, la ley obliga a que el promotor entregue toda la documentación necesaria para poner en funcionamiento las instalaciones, y que no se entregó ningún estudio de impacto ambiental ni se informó de los posibles efectos sobre la salud de las emisiones de la incineradora.
En su argumentación, los denunciantes afirman que no se ha dado información exhaustiva de los residuos que se incineran en Valdemingómez, ni de la cantidad de gasóleo utilizada para ese fin; que deberían establecerse valores límite de benceno, sustancia cancerígena; que no se han medido contaminantes atmosféricos en los alrededores de la incineradora (Villa de Vallecas y depuradoras sur oriental de Rivas y Butarque); que no se han hecho mediciones con unidades móviles ni de los contaminantes del suelo; ni se han pedido informes de estados de salud de las poblaciones próximas. En este caso, afirma la organización, se informa de urbanizaciones en proyecto del PAU de Vallecas, pero no de núcleos poblados anteriormente, como Rivas Oeste, Villa de Vallecas, Perales del Río y Cañada Real; que cuando se sacó el proyecto a información pública la empresa aún no había aportado parte de la información solicitada; que no se informó de las conclusiones de la evaluación del funcionamiento de la incineradora; y que se han negado las mediciones de mercurio solicitadas.
Concluye Rivas Aire Limpio que el denunciado debía conocer necesariamente la ausencia de este estudio riguroso, «por lo que la decisión de sobreseimiento provisional es errónea». Además, en la resolución se recoge que la actividad de incineración de residuos sólidos urbanos «es ciertamente una actividad contaminante» y que los denunciantes podrán emprender las acciones legales necesarias relacionadas con los problemas de salud que «objetivamente» estén relacionados con la incineradora.
En declaraciones a PLaneta Rivas, el portavoz de Rivas Aire Limpio, Javier Navascués, insistió en que «no hay ninguna prueba de que hayan hecho ningún estudio de impacto ambiental» y abogó por el cierre de las instalaciones antes de 2020, fecha en la que vence el contrato de gestión de estas instalaciones.
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