La Cañada Real, tal y como la han conocido los madrileños en las últimas décadas, tiene los días contados. Este miércoles se ha firmado —tras su aprobación por unanimidad en la Asamblea de Madrid y en los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid— el Pacto Regional por la Cañada Real, la hoja de ruta de obligado cumplimiento para dar una solución al asentamiento ilegal. El primer objetivo será desmantelar el foco más conflictivo (situado en Valdemingómez, en el distrito de Vallecas) antes de que termine la legislatura.
Después de meses de negociaciones a múltiples bandas (todos los partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid y los ayuntamientos implicados, la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad de Madrid, los vecinos del asentamiento y las entidades sociales que desarrollan allí su labor), y de haber sido ratificado tanto en el Parlamento regional como por los Plenos de Madrid, Coslada y Rivas, este miércoles se ha firmado en la Real Casa de Correos el Pacto por la Cañada Real, un documento de consenso y de obligado cumplimiento que incluye medidas concretas para solucionar esta «herida abierta» en la Comunidad de Madrid, en palabras de Cristina Cifuentes.
Durante el acto, tanto la presidenta regional como los alcaldes de las zonas incidieron en que ahora toca de nuevo «ponerse a trabajar». El primer gran objetivo, que atañe al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Madrid, consiste en desmantelar el sector 6, cuyas condiciones hacen inviable su habitabilidad y que actualmente constituye el mayor foco de tráfico de drogas y de delincuencia de la región.
Pero no es el único. Mientras en Coslada se ofrece una solución urbanística (las viviendas de la Cañada a su paso por este municipio están integradas en la trama urbana, lo que convierte al sector 1 en el de «más fácil solución», tal y como reconoció el alcalde cosladeño, Ángel Viveros), en Rivas y en Madrid toca sentarse a valorar, zona por zona y casi caso por caso, la solución concreta que se dará a los sectores 2, 3, 4 y 5. Ahora, se abordará un estudio que durará un año, prorrogable a dos, en el que se propondrá soluciones al tramo más largo y complejo del asentamiento, sujeto a afeccciones urbanísticas de todo tipo (acústicas, gasoductos, infraestructuras…) y que hace ‘frontera’ entre Rivas y Madrid. El acuerdo incluye un cambio de lindes entre ambos municipios para facilitar la solución a la Cañada. De manera inmediata, la Comunidad ha previsto un plan de choque, dotado con 1,5 millones de euros para este año 2017, con el que se abordarán las tareas más urgentes para dignificar la Cañada: arreglo de viales, servicios de recogida de basuras y Correos, asfaltado, etcétera.
En cuanto a los más de 7.000 habitantes del asentamiento (vea aquí en detalle, sector a sector, la ‘radiografía’ de la Cañada Real en datos), se garantizará el acceso a la vivienda (que no a la propiedad) de aquellos que estuvieran allí censados en 2011. Para los demás, existe el compromiso de estudiar medidas para facilitar el derecho a la vivienda. Los realojos se realizarán por toda la Comunidad de Madrid, según el compromiso adquirido. Además, habrá medidas en los ámbitos laboral (se creará una bolsa de empleo con empresas dispuestas a ofrecer trabajo a los habitantes de la Cañada, además de una oficina de empleo público en Rivas Vaciamadrid), educativo (para evitar crear ‘guetos’ y redistribuir al alumnado de forma que se facilite su integración) y social (acceso a la Renta Mínima de Inserción, etcétera).
Durante el acto, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, incidió en que este pacto viene a dar solución a un problema que trasciende los términos municipales, para dar lugar a una nueva relación entre el centro y la periferia. También apuntó que se trata de una «oportunidad histórica» para el desarrollo de la Comarca del Sureste, la gran olvidada y la más castigada por la crisis.
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