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Firma del convenio de colaboración entre policías municipales de Madrid y de Rivas

Manuela Carmena y Pedro del Cura, con sus ediles de Seguridad, Javier Barbero y Rubén Tadeo; los jefes de ambas policías locales y otros cargos municipales, tras la firma del convenio el pasado 5 de abril (foto: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid)

El convenio de colaboración policial que suscribieron los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid, con el objetivo de mejorar la eficacia de las actuaciones en la Cañada Real y su entorno, podría ser suspendido por los tribunales tras impugnarlo la Delegación del Gobierno. El argumento: que, según un informe del Ministerio del Interior, “no se ajusta a la legalidad”. El Consistorio ripense defiende que el acuerdo sí es legal, y que la colaboración entre ambas policías se limita a asuntos administrativos y no entra en materia de seguridad.

El acuerdo, suscrito el pasado 5 de abril por Manuela Carmena y Pedro del Cura (regidores de Madrid y Rivas Vaciamadrid, respectivamente), suponía la autorización mutua a sus respectivos cuerpos de Policía Local para actuar indistintamente en ambos términos municipales. La decisión llegaba después de que ambos constataran durante años las dificultades que suponía la limitación de que los agentes no pudieran actuar fuera de su propio término municipal a la hora de intervenir en la Cañada Real, una zona especialmente conflictiva que hace ‘efecto frontera’ entre ambas ciudades. La labor de los agentes en el asentamiento ilegal, que debían realizar tareas relacionadas con la disciplina urbanística y la protección del medio ambiente (se trata de un área especialmente castigada por los vertidos ilegales), se veía entorpecida por el hecho de cambiar de término municipal con solo cruzar la vía pecuaria.

Por ello, desde hacía meses ambos gobiernos locales venían trabajando en un nuevo protocolo, tal y como quedó recogido además en el Pacto de la Cañada Real, firmado por el Ministerio del Interior, la totalidad de los partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid, el Gobierno regional y los Ayuntamientos de Rivas y Madrid, además del de Coslada. Se trata de una de las cláusulas finales del pacto, que prevé “Promover convenios entre los Ayuntamientos afectados para una mayor eficacia de sus respectivas policías municipales, de conformidad con la normativa vigente”.

Ahora, ambas policías locales podrían verse obligadas a volver a desempeñar sus funciones en las condiciones anteriores si el juzgado de lo Contencioso-Administrativo decretara la suspensión del acuerdo, tal y como solicitará “en los próximos días” la Delegación del Gobierno en su escrito de impugnación, apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado. En una nota de prensa, la Delegación sostiene que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo autoriza la intervención de los agentes locales en otro término municipal “en caso de emergencia y por previo requerimiento de las autoridades competentes”. En el comunicado, el departamento que dirige Concepción Dancausa asegura, además, que tanto su representante como el de la Guardia Civil emplazaron a los responsables municipales a no suscribir el convenio en la Junta Local de Seguridad de Rivas celebrada el pasado 27 de febrero “por no ajustarse a la legalidad”. Esgrime, además, que la Ley Autonómica 4/1992, de Coordinación de Policías Locales, “establece la misma limitación territorial en la actuación de las policías locales”.

Precisamente es esta última ley, y no la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la que se acoge el convenio, según argumenta el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. El artículo 27 de esta norma dice, sobre la actuación supramunicipal, que “Los Cuerpos de Policía Local podrán actuar fuera del ámbito territorial de su municipio, siempre que se den las siguientes circunstancias: a) Que sean requeridos por la Autoridad competente y siempre en situaciones de emergencia; b) Que sean autorizados por la Junta Local de Seguridad respectiva o en su defecto por el Alcalde; c) Que los servicios que se realicen fuera del propio término municipal se hagan bajo la dependencia directa de sus respectivos mandos inmediatos y el mando del Alcalde del Municipio donde actuaren”. El artículo 28 establece, además, que “Los diversos Ayuntamientos podrán colaborar entre sí para atender eventualmente sus necesidades en situaciones especiales y extraordinarias de conformidad con los criterios de actuación conjunta establecidos por la Comisión Regional de Coordinación”.

Así. el concejal ripense de Seguridad, Rubén Tadeo, asegura, en declaraciones a Planeta Rivas, que el convenio es “totalmente legal”. “Actuar en la Cañada es una situación especial y extraordinaria”, afirma. También argumenta que la Delegación del Gobierno conoce el contenido del Pacto de la Cañada Real, donde se prevén actuaciones en esta línea, y que, “de hecho, ahí está previsto un cambio de lindes entre Madrid y Rivas para evitar el inconveniente del ‘efecto frontera’. Es lógico que, mientras tanto, tratemos de facilitar la labor de la policía en la zona”. El edil esgrime, además, que el acuerdo se circunscribe a actuaciones administrativas, y no de seguridad ciudadana, por parte de los agentes, “en materia de salud pública, disciplina urbanística y medioambiental”. “Es cierto que los agentes están obligados a actuar en caso de que se encuentren con un delito flagrante, pero las competencias de seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil”, añade. Tadeo lamenta, en este sentido, la “ausencia de una apuesta de la Delegación del Gobierno por el cuartel de la Benemérita en Rivas, que, según nuestros cálculos, debería, como mínimo, doblar sus efectivos para poder desempeñar en condiciones óptimas sus funciones”,  “Nos sorprende que, en lugar de reforzar la seguridad en el municipio, la Delegación se dedique a poner palos en las ruedas a las actuaciones de otras administraciones, que se han hecho además con todas las garantías legales”, lamenta.

Posible suspensión

El Ayuntamiento de Rivas ya estudia las alegaciones necesarias, en caso de materializarse la suspensión del acuerdo por parte de un juez de lo Contencioso Administrativo, tal y como reclama la Delegación del Gobierno. “Se va a tratar el asunto en la Comisión de Seguimiento del Pacto de la Cañada Real, con representantes de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Seguridad, pero habrá que esperar a ver qué pasa. De momento, lo único que tenemos es un comunicado de la Delegación”, apunta Tadeo. El edil asegura que, desde que se firmó el convenio de coordinación policial, se han obtenido “grandes resultados” en la persecución de infracciones en el entorno del asentamiento. Este diario digital también se ha puesto en contacto  con el Ayuntamiento de Madrid, que por el momento no ha realizado declaraciones.

Reunión con la delegada del Gobierno

En la tarde de este miércoles, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, incidió en criticar la actitud de la Delegación del Gobierno, institución a la que solicita una reunión para abordar la “preocupante situación de inseguridad que se vive en los municipios por los que pasa la Cañada”, y recuerda que la Comisión de Seguridad sobre el asentamiento no se ha reunido desde marzo de 2016, a pesar de las reiteradas peticiones del Ayuntamiento de Rivas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en Rivas Vaciamadrid, José Antonio Riber, aseguró a través de un comunicado: “Las políticas de espaldas a la ley de los ‘ayuntamientos del cambio’ nos abocan a que se abra un nuevo frente judicial que deberemos pagar todos los ripenses a costa de nuestros impuestos. No se puede actuar en contra de la ley y mucho menos, sabiéndolo de antemano”. “Cabe preguntarse, llegados a este punto, si ambos ediles, conociendo de antemano la ilegalidad de este convenio, no habrán incurrido en un delito de prevaricación“, prosigue el escrito, al tiempo que reclama al Gobierno municipal “”pisar más las calles de nuestra ciudad, escuchar los problemas de los vecinos y preocuparse por la seguridad real de los ripenses, hacer más visible en las calles a la Policía Local de Rivas como medida disuasoria y dejarse de convenios tan grandilocuentes como ilegales”.

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