El sector 3 de la Cañada Real, que discurre a lo largo de 758 metros desde el camino de Vallecas a Mejorada del Campo (M-203) hasta su cruce con la M-823, y parte del cual —hasta que se haga efectivo el cambio de lindes entre ambos municipios— separa Rivas y Madrid, será desmantelado por completo, al igual que ya está ocurriendo con el sector 6, perteneciente a Villa de Vallecas. Por otro lado, el Sector 2, situado en Vicálvaro, será consolidado, al igual que ocurrió con el 1, en Coslada. 

Según ha podido confirmar Diario de Rivas, las 191 edificaciones (100 en terreno de la capital y 91 en Rivas) del Sector 3 de la Cañada Real serán demolidas, y las 134 familias censadas en este tramo (datos de 2011, los que se tienen en cuenta en el pacto a estos efectos) realojadas. Los casos del resto de personas que no participaron en este censo serán estudiados de manera individual, tal y como se comprometió la Comunidad en el marco del Pacto de la Cañada Real. Todo este sector terminará perteneciendo en su totalidad al distrito de Vicálvaro una vez que se concluyan los trámites para realizar el cambio de lindes entre Rivas y Madrid, que resituará el límite entre ambos municipios en la M-50.

En cambio, el Sector 2, que comprende desde el cruce del puente de la M-45 de entrada a Coslada hasta la M-203, y mide 1.960 metros, será consolidado. Esto significa que las edificaciones que allí se encuentran —un total de 264, todas ellas pertenecientes al distrito de Vicálvaro— serán regularizadas. En este sector, y en el marco del Pacto de la Cañada Real, se han acometido ya distintas obras de asfaltado, saneamientos e infraestructuras, lo que facilitará este proceso de consolidación.

Según explican desde la Comunidad de Madrid, esta última medida, la de mantener el Sector 2 de la Cañada Real, se ha adoptado a instancias de las asociaciones vecinales, que este martes emitieron un comunicado en el que anunciaban que dejaban de participar «provisionalmente» en los distintos foros previstos en el Pacto de la Cañada hasta que se produzca «un cambio por parte de las administraciones en el sentido de ser sensibles a nuestras propuestas». Critican estas entidades vecinales —las de la Cañada Real de Merinas (sectores II, III) y Galiana (sectores IV y V), además de la asociación Al-Shorok— que el desarrollo del trabajo hasta el momento ha sido «insatisfactorio», ya que la solución no está «pactada con los vecinos», sino que «ya está previamente pactada por las administraciones». «Se ignoran repetidamente nuestras justas solicitudes, lo que viene a confirmar, a nuestro juicio, la razón por la que no se quiso incluir en el Pacto que uno de sus objetos fuera la mayor regularización posible», afirman en el escrito.

Fuentes regionales confirman que, precisamente, ha sido el desmantelamiento del sector 3 el que ha desencadenado el conflicto con las asociaciones vecinales, que en cambio habían visto satisfecha su demanda de consolidar el sector 2, lo que prueba que «se les tiene en cuenta» y en cumplimiento de los objetivos del pacto, que prevé «regularizar la situación patrimonial y urbanística y el del realojo para los que no puedan continuar en sus viviendas, por tanto las que pudieran quedarse lo harían». Desde la Comunidad afirman que, una vez realizados los trabajos por parte de la mesa técnica, se ha constatado la «inviabilidad» de mantener viviendas en el Sector 3 debido a las afecciones ambientales y de infraestructuras con las que cuenta, que hacen incompatible la existencia de edificaciones con la legalidad vigente. «Se nos pide que modifiquemos las normas, pero aquí están en juego, incluso, directivas europeas que no podemos incumplir ni modificar«, apuntan las mismas fuentes, y añaden: «El no adoptar la única solución que ellos reclaman no es sinónimo de negar la participación ni fundamenta la desconfianza que han mostrado a los técnicos que han explicado en distintos foros la normativa que impide vivir en esas condiciones».

En cuanto a los sectores 4 y 5, que actualmente, y hasta que entre en vigor el cambio de lindes, separan Rivas Vaciamadrid y Madrid desde la M-823 hasta la A-3, están siendo ya abordados por las mesas técnicas que trabajan en el marco del Pacto de Cañada Real para decidir qué tramos se consolidarán y cuáles deberán ser desmantelados, en función de las afecciones ambientales y de infraestructuras —M-50, A-3, gasoductos, instalaciones del Canal de Isabel II…— que impiden, según la ley, el uso residencial del suelo.

Regularización urbanística

Por otro lado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que va a invertir casi un millón de euros en la regularización de la situación urbanística y patrimonial de parcelas de las que es titular en la Cañada Real. Esto supone la recuperación de las parcelas que son de su propiedad, y la instalación de un vallado que evite futuras ocupaciones ilegales. Además se procederá a la limpieza de estos espacios, lo que, aseguran, ayudará a preservar la salubridad e higiene necesaria para los vecinos de otras parcelas colindantes. Los trabajos incluirán la demolición, si fuera necesaria, de elementos inestables o que pudieran suponer un riesgo, la compactación del terreno y el extendido de materiales y arena para evitar ocupaciones posteriores.

Según ha explicado el vicepresidente regional, Pedro Rollán, las actuaciones se realizarán «a medida que se vayan identificando las parcelas sobre las que es preciso intervenir, y será el Comisionado del Gobierno regional para la Cañada Real Galiana el que fije la prioridad de cada actuación». Una vez adecuadas las parcelas, «los vecinos de las parcelas colindantes se encontrarán en un entorno más adecuado». Destacaba también Rollán que «una vez asegurados todos estos espacios, podrán ser utilizados en el futuro en procesos de remodelación urbanística o para garantizar y restablecer su situación ambiental», y califica la iniciativa de «muy importante» porque tiene «como objetivo dar una paso más en la normalización e integración de todas las personas que residen en la Cañada Real«

Otra de las actuaciones previstas será el transporte y gestión de los residuos hasta el vertedero, discriminando sus diferentes tipos, así como la instalación de vallado en las parcelas con su correspondiente señalización que indique la propiedad de la Comunidad de Madrid y la prohibición de acceso.

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