Rivas y la Delegación del Gobierno siguen sin acuerdo para el reparto del seguimiento de los casos de violencia machista

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Concepción Dancausa y Pedro del Cura, en una comisión de Seguridad (Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid)

Continúa el conflicto entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Delegación del Gobierno sobre el reparto de las órdenes de protección a las víctimas de violencia machista. A pesar de que el municipio aprobó el pasado mes de febrero adherirse al protocolo VIOGEN, la aplicación de este acuerdo continúa pendiente, ya que Rivas se niega a asumir el 100% de los casos de riesgo medio y bajo (los de riesgo alto corresponden a la Guardia Civil) por ser «inasumible» debido a la falta de medios suficientes. El PP de Rivas Vaciamadrid acusa al edil de Seguridad, Rubén Tadeo, de «mentir» sobre este asunto al afirmar en el Pleno del pasado mes de diciembre que «sí se ha firmado» el protocolo.

El pasado mes de febrero, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid dio luz verde a la adhesión del municipio al protocolo VIOGEN, tal y como había anunciado después del asesinato de Matilde de Castro el 1 de enero de 2017. La decisión del ejecutivo local venía, además, avalada por un informe de la Policía Local fechado el 7 de febrero del mismo año, en el que propone que el municipio «dé un paso más allá y a través del Cuerpo de la Policía se acceda a dicho sistema de seguimiento».

Sin embargo, la negociación del reparto de las órdenes de protección provocó las desavenencias entre Rivas y la Delegación del Gobierno, ya que, según argumenta el edil de Seguridad, «sería una irresponsabilidad por nuestra parte asumir el 100% de los casos, ya que no podríamos asumir tanta carga con la calidad y seriedad del tema en cuestión». Hasta ahora, la Guardia Civil viene desempeñando la tarea relacionada con el protocolo VIOGEN, aunque Policía Local desempeña a su vez tareas de seguimiento de los casos en Rivas. Tadeo recuerda que el reparto de las órdenes de protección en el marco de VIOGEN se realiza al 50% en el caso de las localidades que cuentan con Policía Nacional. «En Las Rozas hay Guardia Civil y estaban con un reparto del 50%, que también están tratando de modificar de forma unilateral. En Pinto también se firmó al 50%», argumenta, y añade: «Hay que tener en cuenta, además, que se nos exige asumir unas competencias que le corresponden a Guardia Civil sin ningún tipo de transferencia económica o de otro tipo que ayude a su realización».

El pasado mes de diciembre, el asunto saltó de nuevo a la palestra al presentar el PP de Rivas Vaciamadrid una interpelación al Gobierno municipal sobre este asunto. En ella, la concejala Gemma Mendoza pregunta al Gobierno local por qué no se había firmado el protocolo VIOGEN con la Delegación del Gobierno, a lo que el edil de Seguridad contesta que «Sí ha firmado el convenio, y sí está adherido al protocolo VIOGEN desde el pasado mes de febrero», y achacó la no aplicación del mismo a la falta de acuerdo para el reparto de las órdenes de protección. El portavoz del PP de Rivas Vaciamadrid, José Antonio Riber, acusa a Tadeo de «mentir» durante aquella sesión plenaria, por lo que exigió al Gobierno local que «asuma responsabilidades» por este hecho. La Delegación del Gobierno, por su parte, afirma «desconocer las intenciones» de Rivas respecto a su adhesión a VIOGEN.

En declaraciones a este diario digital, Tadeo precisa que «estamos adheridos al protocolo Viogen, tal y como nos comprometimos, como acredita el acuerdo de la junta del gobierno del pasado mes de febrero. Su aplicación definitiva para su puesta en marcha no se ha dado porque no hay acuerdo en el reparto de los casos. De todos modos la rúbrica física es totalmente superflua si existiera acuerdo por ambas partes, ya que el acuerdo está avalado por la Junta de Gobierno.», insiste. Es decir, «no es necesario firmar nada, puesto que ya hemos acordado adherirnos; lo único que ocurre es que no se ha llevado a la práctica este acuerdo por no poder asumir el 100% de los casos, tal y como pretende la Guardia Civil«. Lo que sí ha firmado el Consistorio, matiza, es el convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permite adherirse a este protocolo de trabajo para el seguimiento de los casos de las víctimas de violencia machista. «Tenemos capacidad para asumir el 50% del trabajo, pero no todo. Nuestra intención es adherirnos y así lo haremos en el momento en que haya un reparto asumible de las tareas. Mientras tanto, seguimos colaborando con esta tarea a través del Punto Municipal de Violencia de Género, los servicios sociales y la Policía Local, perfectamente coordinados con la Guardia Civil», concluye el edil.

A pesar de esta falta de acuerdo, sin embargo, ambas instituciones insisten en que «la seguridad de las víctimas de violencia machista está garantizada».