
Labores de extinción del incendio del vertedero ilegal de la A-3, en 2015 (foto: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid)
Vecinos de Rivas Vaciamadrid corroboraron este jueves ante el juez de la Sección número 1 de la Audiencia Provincial de Madrid que el humo nauseabundo provocado por el incendio provocado en el vertedero ilegal que ardió en junio y julio de 2015 junto a la A-3, provocó afecciones a la salud de la población ripense, especialmente en las urbanizaciones de Covibar y Pablo Iglesias.
La segunda jornada de la vista tuvo un marcado perfil técnico y social. Declararon, inicialmente, Bomberos de la Comunidad de Madrid y el exdirector general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Pérez. Así mismo, declararon un conductor de camión que vertía en el vertedero ilegal, el exconcejal socialista Rodrigo Parra, la expresidenta de la Asociación de Rivas Contaminación Zero Inés de Nicolás y varios vecinos de la ciudad.
Según fuentes jurídicas, uno de los bomberos concretó que, cuando se actuó en el vertedero, existía material combustible de diverso tipo y el terreno estaba sin compactar, lo que dificultó mucho las labores de extinción del fuego. Este profesional temió que el apagado mediante agua dañase los acuíferos. Por último, indicó que el Cuerpo recibió muchas llamadas de auxilio de vecinos de Rivas Vaciamadrid en las que manifestaban afectaciones para la salud.
Pérez incidió en que el operativo de extinción requirió la coordinación de cientos de camiones y un fortísimo dispositivo de los cuerpos de emergencias para poder dominar las llamas. El abogado defensor, por el contrario, trató de demostrar, sin éxito, con reiteradas preguntas a todos los comparecientes, que no fueron necesarios tantos recursos para la intervención y que «podría haberlo extinguido Escribano [uno de los acusados] por sí solo».
El ex edil del PSOE en Rivas Vaciamadrid, Rodrigo Parra, incidió en que el Consistorio realizó un seguimiento del proceso y que realizó una serie de visitas a la zona afectada para ejercer un control de la situación. De Nicolás, por su parte, esgrimió un informe realizado por Rivas Contaminación Zero en el que cuantificó el número de personas afectadas en el municipio, del que desglosó que 1.716 familias (con un total de 3.526 personas) manifestaron picor de ojos, cefaleas y problemas respiratorios. Este testimonio fue ratificado por varios testigos, que explicaron el encierro total que tuvieron que hacer miles de vecinos ripenses en plena ola de calor a causa de los humos nauseabundos que surgieron del incendio. Otro de los testigos explicó que en las dos manifestaciones que se convocaron para movilizar a la ciudadanía contra el fuego, numerosas personas mostraron informes médicos por daños a la salud, entre ellos, niños con placas negras en la garganta.
Tras esta segunda vista, este lunes 17 de mayo se producirá la última sesión, en la que las partes presentarán sus informes para las conclusiones, antes de que el juicio quede visto para sentencia. Se espera que el juzgado emita su dictamen antes de que concluya el verano.
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