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Incendio de un vertedero ilegal junto a la A-3

Incendio de un vertedero ilegal junto a la A-3 en 2015 (foto: Ayuntamiento de Madrid)

El fiscal de Medio Ambiente pidió en su informe ante el juez de la Sección número 1 de la Audiencia Provincial de Madrid una pena de cinco años de prisión por daños ambientales para Juan José Escribano Cabello, principal acusado en el juicio por el incendio que se produjo en el vertedero ilegal que gestionaba junto a la Cañada Real, en el camino de la Leña, en junio de 2015, que produjo nubes tóxicas que afectaron a vecinos de Rivas Vaciamadrid y del distrito de Villa de Vallecas, en Madrid.

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Este lunes se desarrolló la última sesión del juicio, en la que testificaron técnicos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y de la Comunidad de Madrid, y las partes presentaron sus informes finales.

Según fuentes jurídicas, los técnicos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid presentaron un informe utilizado en la instrucción que demostraba que en el vertedero existían productos derivados de la construcción que no podían ser considerados inertes (como pinturas, disolventes, adhesivos, alquitranes, amiantos, pesticidas, halógenos, mercurios, yesos, y clorofluorocarbonados, entre otros) que podían se potencialmente tóxicos y cancerígenos, pudiendo afectar a una zona importante del Parque Regional del Sureste a causa de la lixiviación de las aguas sobre el terreno.

En el informe, al que ha tenido acceso Diario de Rivas, se concreta el especial riesgo de afección al acuífero de las vegas del Jarama y el Manzanares por su permeabilidad, su cercanía a la superficie y la topografía del terreno. En dicho documento, se planteaba un proyecto de sellado, clausura e integración paisajística del espacio afectado estableciendo un vallado perimetral, la construcción de celdas impermeables y selladas para el depósito de los residuos, la construcción de un canal perimetral, la restauración paisajística, el control —gestionado desde la Confederación Hidrográfica del Tajo— de lixiviados, pozos y cauces, y el seguimiento y control de la clausura del vertedero durante 30 años.

Este informe contrasta con el estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid, principal afectado y en cuyo suelo se encontraba el vertedero ilegal, a la empresa Litoclean (Investigación & Remediación de Suelos), en el que los técnicos ambientales de dicha compañía no hallaron, en las catas realizadas entre el 19 y el 24 de mayo de 2016, “argumentos para considerar que los residuos deban ser movilizados, por el tipo de residuos o por una potencial afección de suelo y aguas subterráneas”. Este último documento sirvió de base al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, dirigido en ese momento por Inés Sabanés, para justificar la intervención ambiental capitalina, cifrada en 3,13 millones de euros, mucho menos costosa que la planteada por los técnicos ripenses. Estos últimos también presentaron un informe histórico con el seguimiento de todas las denuncias que elevó el Consistorio ripense por las irregularidades en el vertedero.

Por su parte, los técnicos regionales de la Consejería de Medio Ambiente cuantificaron los daños ambientales en 3,13 millones de euros, que fue el coste de la restauración ambiental que realizó el Ayuntamiento de Madrid sobre el terreno. A pesar de que el Consistorio madrileño fue quien pagó la intervención, no se presentó al juicio, ni solicitó penas sobre el principal acusado.

Tras estos testimonios, se procedió a la presentación de conclusiones ante el juez. La Abogacía del Estado reclamó ante el juez (el único propietario que presentó cargos, pues el resto de propietarios se retiraron progresivamente de la acusación) para el primer investigado, Jesús Callejón, presunto gestor de la empresa que explotó inicialmente la finca en la que se asentó el vertedero ilegal, la condena por un delito de usurpación. El abogado defensor solicitó la absolución por prescripción de los delitos que se le imputaban.

Por otro lado, el fiscal de Medio Ambiente presentó un detallado informe en el que acreditó que el principal acusado, Juan José Escribano, desarrolló una actividad ilícita de gestión de residuos, sin guardar las debidas medidas de seguridad y responsabilidad ambiental, y con afán de lucro. En dicho documento, dio importancia a la afectación de la salud que sufrieron los vecinos de Rivas Vaciamadrid. Por ello, solicitó al juez una pena de seis años de prisión por daños ambientales.

Los abogados de Ecologistas en Acción y Rivas Contaminación Zero, también personados en la causa, pidieron por su parte una pena de tres años y medio de prisión. Por su parte, el abogado defensor sostuvo la imposibilidad de que Escribano llenase por sí solo un vertedero de esas dimensiones en el tiempo en el que desarrolló sus actividades. Por ello, solicitó su absolución. En su alegato final, Escribano reiteró sentirse desprotegido por la justicia y pidió declarar el juicio nulo.

Tras esta última vista, el juicio queda visto para sentencia y, según fuentes jurídicas, se espera que se dé a conocer la resolución judicial a finales de verano.

 

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