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OPINIÓN

Antonio de la Peña

Antonio de la Peña

Doctor en Ciencias Biológicas, licenciado en Ciencias Geológicas y diplomado en Medio Ambiente

He leído, en Diario de Rivas, la intención del Gobierno Municipal de Rivas Vaciamadrid de revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El actual en vigor, de 2003, se encuentra obsolescente. Todos los grupos políticos, con representación en el Pleno, parecen coincidir en ese mismo diagnóstico. Coinciden en su opinar desde hace tres legislaturas.

El problema del espacio es seguramente la variable ecológica más importante a tener en cuenta en el municipio de Rivas. Ya me expresé en este sentido en una entrevista de junio de 2018 realizada para este diario. También comenté que el quinto contenedor era una necesidad. Es tan importante, que la huella ecológica se mide en hectáreas. La huella ecológica de nuestro país, de nuestra autonomía y de nuestro municipio es muy elevada. Necesitamos muchas hectáreas para vivir.

El urbanismo es el conjunto de reglas y técnicas que establecen la relación entre el hombre y el territorio donde vive. Se trata de un elemento prioritario, fundamental, de gestión del municipio. El PGOU es la norma legal sobre la que pivota la política urbanística de un municipio. En definitiva, el PGOU es el plan estratégico urbanístico municipal a largo plazo.

Esta norma regula los usos del suelo y el alcance de ese uso. Es lo que vulgarmente conocemos como calificación de terrenos. Se explica la tremenda importancia económica de este aspecto. El valor del suelo no será el mismo si este se destina a uso residencial, industrial, comercial o dotacional. Otra vez el negocio como fondo del problema.

Rivas Vaciamadrid posee un 70% de su territorio declarado Parque Regional. Este suelo no es urbanizable y tiene distintos niveles de protección que marcó la ley 6/1994, del Parque Regional del Sureste. El suelo urbanizable es un bien muy escaso en nuestro municipio. Apenas un 30%. No se puede hacer todo lo que queremos. Debemos elegir muy bien que hacemos, dónde lo hacemos y para qué lo hacemos.

Este aspecto es de máxima importancia. La enajenación (venta) de suelo municipal urbanizable es la principal fuente de recursos económicos extraordinarios del municipio. En Rivas existe disponibilidad de este recurso, aproximadamente, por valor de 200 millones de euros, en unas 30 parcelas. En cada presupuesto municipal disponemos de unos 20 millones de euros. En el Presupuesto de 2021 esta ha sido la cifra. Con esta proyección nos queda suelo exclusivamente para 10 años. Finalizado ese plazo, o esos euros, el recurso se agotó. Rivas tiene déficit de suelo urbanizable. Su correcta gestión es gran parte de nuestro futuro.

El suelo dedicado a espacios verdes y jardines no permite construcción alguna. El suelo tiene un bajo valor. Construir en esos lugares es económicamente muy barato. Construir en zonas urbanizables y/o dotacionales es mucho más caro. Quizá por eso el Centro de Recogida de Animales y/o la Casa de la Asociaciones se hayan construido en ese tipo de terrenos. Por eso… y porque no tenemos espacio. El primero, denunciado ante los juzgados. El segundo, por declaración institucional del Pleno, esperando que sea regularizado. Es de Covibar, en parte está en terrenos de la Cañada Real, y debe ser incluido en el registro de la propiedad. ¿Qué registrador hace eso con los antecedentes mencionados? Siempre podremos argumentar una “ocupación pacífica”, como ya manifestó la concejal del Área de Urbanismo de la anterior legislatura.

También, el Ayuntamiento ha ocupado parcelas cuya propiedad eran de un tercero. Recuerden el Centro de Mantenimiento. El asunto se resolvió con millones a SEPES encima de la mesa. En estos tres casos está la “zorra” cuidando las gallinas.

La economía circular, como cualquier modelo económico, tiene en los usos del suelo uno de los parámetros más importantes de viabilidad. Además, el terreno es fundamental para el desarrollo sostenible del planeta. Se trata de un recurso finito, soporte de vida y de biodiversidad. Es el origen de alimentos y almacén de carbono orgánico. En definitiva, es un elemento clave de la salud de la Tierra. Un óptimo uso de este recurso es exigible en cualquier política urbanística.

La huella ecológica mide la cantidad de espacio que usted utiliza para su tipo de vida. Los metros cuadrados de la casa donde vive; los terrenos ganaderos y de agricultura para el filete con patatas fritas que come; el pedacito de mar para las sardinas y los mejillones al vapor; las minas de todos los materiales y energía que consume su coche, su casa, su bici o el patinete; y sí, la basura que usted produce y donde se tira. Ese espacio, en su conjunto, es su huella ecológica. La huella ecológica de un español medio se estima entre 7 y 10 hectáreas. Un campo de fútbol tiene entre 0,62 y 0,82 hectáreas. Es decir, usted necesita al año entre 4,34 y 8,2 campos de fútbol.

El municipio de Rivas Vaciamadrid tiene unos 90.973 habitantes (INE 2020). Posiblemente unos 4.000 o 5.000 más reales en su territorio, nadie lo sabe con certeza. En cualquier caso, la progresión es que de aquí a unos pocos años seamos 100.000 habitantes. Este número es extraordinario, entre otras cosas, para facilitar los cálculos. Nuestro municipio posee 6.738 hectáreas. Más allá de los tecnicismos del ámbito científico, somos muchos para tan poco espacio. Dejamos una huella brutal en nuestro territorio. Según el doctor Martínez Castillo, debemos emplear 1,7 hectáreas por ciudadano para un desarrollo sostenible. Digamos 2. Es decir, aquí sostenible, sostenible, solo entramos unos 3.369 habitantes. ¿Qué hacemos con los 90.000-95.000 ripenses restantes? Yo no me marcho, ni usted.

Como ven el problema es todo menos sencillo. Somos los que somos en el espacio que tenemos. Hemos apostado por la biodiversidad y dejar que otros seres vivos no humanos compartan nuestro espacio. Hemos dejado el 70% para ese fin. Yo me alegro. Me parece extraordinario. Por eso, en otro municipio de cualquier otro lugar del mundo, alguien me ha dejado tierra de labranza. En otro lugar alguien me ha cedido terreno ganadero. Otros me han dejado utilizar sus minas. Otro municipio me deja tirar la basura. En definitiva, los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) deben ser formulados para obtener el óptimo beneficio allí donde un municipio se encuentre, y no sólo para sus censados. También representan un ejercicio de solidaridad con los demás. Debemos ser comedidos en lo que gastamos y en lo que tiramos. Tenemos la enorme responsabilidad de hacer los mejores PGOU, y los gobiernos locales de hacerlos cumplir. Es evidente que, por ese espíritu de solidaridad mencionado, un PGOU debe ser supervisado por un gobierno de ámbito territorial mayor, la comunidad autónoma. Así, en una cadena global, llegar a preservar los bosques europeos en una red verde continental, o la Amazonia para el planeta. Desde lo local a lo global.

El PGOU 2003 de Rivas está anticuado. Como proyecto estratégico, y por el devenir de los años, se ha quedado obsoleto. Nada que reprochar. Mucho que trabajar para hacer uno mejor. El reproche está en la tardanza en su nueva formulación. Hemos perdido dos legislaturas. Otros planes estratégicos de ciudad, como Rivas Ecópolis, tenían una obsolescencia programática. Lo que dura el año anterior de unas elecciones, y el año siguiente para decir: “No hemos podido”. Se trata, a todas luces, de una obsolescencia programática. Mucho más criticable y dañina. Perdemos un tiempo precioso que el planeta no tiene. Además, este concepto es similar al utilizado para el de ‘vida útil’ de sus máquinas y aparatos. Todos sabemos que nuestro móvil no dura más de tres años. La obsolescencia programada que trata de evitar el principio de economía circular. Ese principio de evitar la obsolescencia debe afectar, también, a los proyectos y programas. Se trata de optimizar los recursos humanos, las ideas, no sólo los materiales.

Un PGOU, y un Plan de Economía Circular concreto, son estratégicos y de muy larga duración. Nadie puede pretender su viabilidad solo y exclusivamente con su ideología política y su partido. Es muy probable que ambos planes estratégicos, a 20-30 años, deban ser gestionados por partidos e ideologías muy diferentes. Llamar sólo a los afines es un grave error. Llamar sólo a los afines es redactar un proyecto con obsolescencia programática. El programa morirá cuando ese partido abandone el poder. No será de todos, no será del otro y no tendrá la obligación de aceptarlo ni cumplirlo. Además, argumentaría la victoria, avalado por los votos.

En resumen, el PGOU es la norma del uso del suelo de ámbito local. El urbanismo establece las relaciones del territorio con el ciudadano. La economía circular está íntimamente relacionada a esos usos y relaciones del suelo con el hombre.

Consecuentemente, la revisión del PGOU 2003, obsolescente, tendrá que asumir los preceptos de la economía circular y las limitaciones de nuestro territorio. Ello obliga al PGOU a esperar a la conclusión y directrices del Plan de Economía Circular. Ambos proyectos han de ser consensuados por todos o caeremos en dos casos paradigmáticos de obsolescencias programáticas.

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