La Comunidad se personará como acusación en el caso del exconserje del CEIP Dulce Chacón

Encierro en el colegio Dulce Chacón (foto: AMPA Dulce Chacón)

La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en el proceso judicial abierto contra el exconserje del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Dulce Chacón de Rivas Vaciamadrid, acusado de una presunta estafa en el cobro de las cuotas de comedor de varias familias del centro. Por otra parte, la Dirección de Área Territorial (DAT) Este de la Consejería regional de Educación ha sancionado con una falta grave con apercibimiento a la directora y la secretaria del colegio por su responsabilidad en el caso.

Como ya adelantó Diario de Rivas, el caso fue destapado por la directora del colegio, Alicia Rivera, el 3 de abril de 2017. Descubrió que D.M.A., entonces conserje del centro, había creado, supuestamente, una contabilidad paralela para sacar del listado de apuntados a comedor a algunos alumnos cuyos padres pagaban la tarifa en secretaría. Mediante un sistema de cheques ficticios y el uso del sello del colegio, gracias a que la directora y la secretaria le habían encargado dicha tarea (que corresponde a la directiva) y tenía acceso a los listados de comedor, se quedaba, presuntamente, con parte de dicha recaudación, tal y como él mismo confesó al ser denunciado por la responsable del centro. La funcionaria tenía pruebas de cobros en los años 2011, 2016 y 2017. El conserje fue expedientado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que se personó como acusación y, tras concluir el período máximo de la acción disciplinaria (seis meses), fue trasladado a otro centro a ejercer las mismas labores profesionales que venía realizando.

Mientras tanto, se abrió una investigación en la DAT Este, dependiente de la Consejería de Educación, para investigar los hechos y dirimir responsabilidades, tras suspender de forma cautelar la gestión del curso 2016-2017 a la secretaria y la directora del centro. Ese segundo proceso a las funcionarias provocó que la asociación de madres y padres (AMPA) del colegio se manifestara y encerrara para apoyar a ambas trabajadoras. El Consistorio instó a los directores de centros educativos públicos del municipio para que realizasen auditorías internas de las cuentas de comedor.

Mientras los ánimos volvían a su cauce en el día a día del mundo educativo ripense, el proceso judicial continuó su curso. El 13 de marzo de 2018 se produjo una vista en el juzgado para tratar el caso ante el juez. Al encuentro tuvieron acceso el acusado, que, según su abogado, había reingresado el dinero presuntamente sustraído, y había testificado que obró de esa manera porque tenía graves problemas económicos, y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, además de la Fiscalía. La directora no pudo acceder para testificar, ni presentar las pruebas que obran en su poder porque, a pesar de haber solicitado a la Comunidad de Madrid ayuda legal, no se presentaron ni abogado, ni procurador en su ayuda, por lo que ella ya no es parte en el proceso. Una portavoz de la Consejería de Educación explicó a este periódico digital que este departamento hizo llegar la petición de apoyo legal de la funcionaria a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que decidió que no se le prestaría dicha ayuda y que debía buscar asistencia propia, y la informó de ello. A pesar de la inasistencia a la directora, la Comunidad de Madrid asegura que se va a personar en la causa como acusación particular para defender el «ataque que se ha realizado contra el patrimonio público». Según fuentes cercanas al caso, en dicha reunión se intentó alcanzar algún tipo de acuerdo de conformidad con el acusado que no ha trascendido.

La segunda derivada del caso se produjo hace unos días. El instructor regional de la investigación sobre las actuaciones de la director y la secretaria del centro ha considerado que deben ser sancionadas con una falta grave con apercibimiento, que figurará durante dos años en su expediente.

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