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Obras del Canal de Isabel II en el Barrio de la Luna

Obras del Canal de Isabel II en el Barrio de la Luna (©Diario de Rivas)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Canal de Isabel II a pagar 460.000 euros en concepto de impuestos no abonados con motivo de las obras de canalización de agua que realiza la empresa autonómica en la ciudad

La polémica surgió en 2014, cuando Rivas inició la tramitación del expediente para la concesión de la licencia de las obras. El Consistorio ha venido reclamando al Canal el pago, durante todos estos años, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ante la negativa reiterada de la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid.

Según indicó este jueves el Ayuntamiento de Rivas en un comunicado, la sentencia emitida por el TSJM declara que el Canal sí está sujeto al impuesto, aunque acepta que varias partidas deben excluirse del mismo. Esto supondrá dar de baja la liquidación paralizada desde 2014 y emitir una nueva por la base determinada por el TSJM: una cuantía que ascenderá a unos 460.000 euros.

Además, desde la Concejalía de Hacienda se estudiarán otros expedientes sobre obras realizadas por el Canal en la localidad para proceder a liquidar aquellas que no tengan liquidación y sea pertinente hacerlo con la nueva sentencia.

Las obras del Canal de Isabel II en la ciudad suponen desplegar una estructura subterránea de 50 kilómetros, que permitirá el riego de los parques y jardines de la localidad sin utilizar agua potable, lo que supone ahorro económico y una mejora ecológica para el municipio. Está previsto que las obras finalicen el 31 de diciembre de 2018. Estos trabajos ya fueron objeto de otra polémica, cuando el Consistorio paralizó las obras debido a «incumplimientos» del Canal, unas controversias que fueron solucionadas a finales de este pasado mes de marzo, lo que permitió la reanudación de los trabajos.

Personación en el ‘caso Lezo’

Según recuerda en su nota, el Ayuntamiento de Rivas ya trató de personarse como acusación particular, aunque la fiscalía lo impidió, en el juicio del ‘caso Lezo‘, que investiga la supuesta trama de corrupción llevada a cabo en la gestión del Canal de Isabel II durante los gobiernos del PP. Rivas, como otros 110 municipios madrileños, forma parte de del accionariado de la sociedad anónima: es titular de 2.324.527 acciones, que representan el 0,21643% del capital social. Sin embargo, esta personación no ha sido posible, ya que la Fiscalía argumenta que la empresa perjudicada es el propio Canal y que las acciones de resarcimiento del daño «ya las ejerce dicho ente». “El Fiscal General del Estado nos quiere convencer de que el zorro es quien mejor cuida las gallinas”, dijo entonces el alcalde de Rivas, Pedro del Cura.

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