Según informó en un comunicado enviado este lunes, el Ayuntamiento de Rivas ha decidido personarse como acusación particular en la causa que instruye el juez Eloy Velasco, “para defender sus intereses” en el caso del supuesto manejo fraudulento del dinero del Canal Isabel II, del que el Consistorio ripense es accionista. Esta decisión, que se ha tomado tras consultar a sus servicios jurídicos, ha sido comunicada esta mañana por el alcalde, Pedro del Cura, en una Junta de Portavoces, en la que ha solicitado el apoyo a la medida de los grupos políticos representados en el Pleno. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad.
La iniciativa del Gobierno Municipal de Rivas llega después de que este fin de semana diversos medios de comunicación se hayan hecho eco de la investigación judicial que se desarrolla en el marco de la operación Lezo. La misma vincula a Adrián Martín, antiguo gerente del Canal, con la “manipulación de procesos de licitación, en contratos públicos, respecto a la adjudicación a la empresa Assignia Infraestructuras S.A, del grupo Essentium, de las obras de construcción de la ‘Red de riego con agua reutilizable’ que se realiza desde 2015 en el municipio. Este proyecto, que tiene un presupuesto de ejecución de 27.225.000€ (sin IVA) y cuya finalización está prevista para agosto de 2018, permitirá regar con agua no potable los parques y jardines de la ciudad, además de baldear sus calles.
El Ayuntamiento de Rivas forma parte, junto a otros 110 municipios de la región (con el 7,6% de las acciones), el Consistorio de la capital (10%) y la Comunidad de Madrid (82,4%), del accionariado de la sociedad anónima Canal de Isabel II desde el año 2012. En concreto, Rivas es titular de 2.324.527 acciones que representan el 0,21643% del capital social.
“No vamos a quedarnos parados porque los dividendos que nos corresponden como accionistas del Canal y que estamos dejando de recibir por el saqueo de la empresa pertenecen también a la población de Rivas”, ha dicho Pedro Del Cura. Por otro lado, el alcalde de Rivas va a proponer a otros ayuntamientos madrileños, que también forman parte del accionariado del Canal de Isabel II, que se unan a las acciones judiciales que se emprendan.
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