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OPINIÓN

Ricardo Gömez

Ricardo Gömez

Concejal del PP en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

En el pasado pleno del día 31 de mayo, se aprobó, con el voto en contra de los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos y con el apoyo del resto de las formaciones políticas y de los concejales no adscritos, el Reglamento de Laicidad Municipal, de manera que Rivas Vaciamadrid es, desde ese día, el único municipio en España que tiene esta reglamentación.

En el preámbulo del reglamento se ofrecen los argumentos del derecho en nuestro país que confirman que el Estado en su conjunto y todas las administraciones son aconfesionales.

Esta legislación, de por sí, haría innecesaria una reglamentación municipal sobre este asunto, ya que la ley general así lo confirma y lo define. Pero es que, en este preámbulo, se hace, además, un largo juicio de valor acerca del avance que supone la secularización de la sociedad civil, que la consecución de un estado “efectivamente” laico garantiza los derechos y libertades, que, además, tutela y protege los derechos fundamentales del menor y, por último, dice textualmente, que “el Ayuntamiento velará para que en los centros educativos no se produzca un adoctrinamiento u orientación ideológica, excluyente, dogmática, intimidatoria o manipuladora”.

En el desarrollo del articulado se hace mención de los principios de separación entre los poderes públicos locales y las religiones, y de neutralidad ante la posibilidad de discriminación o privilegio por razón de ideología o religión.

Se establece que los actos religiosos no tendrán la consideración de oficiales y se citan, curiosamente, sólo actos relacionados con la religión católica (“misas, confesiones, comuniones, rosarios, vía crucis, procesiones y romerías”) y que no se incorporarán como parte de la programación propia del Ayuntamiento; que NO se cederá suelo público para la construcción de edificios de carácter religioso y en las dependencias municipales se retirará cualquier signo religioso, y, por fin, que la colaboración municipal con entidades religiosas deberá sustanciarse mediante convenios.

El Ayuntamiento promoverá ceremonias civiles, formalizando un protocolo para la realización de acogimientos civiles, de matrimonios civiles y de despedidas civiles. Para esto se dispondrán de espacios habilitados al efecto.

Por último, se creará la oficina de defensa de la libertad de conciencia, cuya finalidad será promover la laicidad en el municipio y crear “normas de estilo” para el tratamiento informativo por parte del gabinete de prensa. Además, esta oficina asesorará en la realización de testamentos vitales, atención a la apostasía u otros trámites derivados de la libertad de conciencia. También se elaborará un censo de aquellas propiedades que figuren inscritas a favor de la Iglesia Católica mediante el sistema de inmatriculación.

Por tanto, nuestro Ayuntamiento celebrará bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas y funerales (eso sí, muy laicos) con cargo, claro, al erario público. Y, a través de su oficina de defensa de la libertad, impartirá unas catequesis inversas para “desapuntarse” de la Iglesia. Eso sí, desde la neutralidad y la libertad. También va a velar para que en los colegios (recordemos que el derecho a cómo han de ser educados los niños es potestad de los padres) no se adoctrine, ni se intimide, estableciendo una suerte de Gran Hermano municipal para ver y saber lo que decimos a los niños, eso sí, sobre religión y demás supercherías, mientras organiza talleres sobre modelos de familia, identidad lésbica e ideal LGTBI, sin que esto suponga ningún tipo de intencionada orientación. Y, por último, baste recordar que nuestro Ayuntamiento cedió una parcela para la construcción del centro cultural Soka (una asociación budista) y organiza, entre otras, las fiestas de despedida del Ramadán.

Todo un reglamento garante de libertades, en el que, como siempre ocurre con todo lo laico, alguien se queda fuera, a alguien se discrimina, muchos perdemos. Sobre todo, los católicos, claro.

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