El objetivo de este registro de la sede central de iDental, que también se ha realizado en otras 22 subsedes más de toda España, es, según ha informado la Policía Nacional, recuperar las pruebas diagnósticas realizadas en su momento a los pacientes de las clínicas iDental, para que estos las tengan a su disposición. También se pretende realizar un inventario con los activos con los que cuenta esta empresa para. si fuera necesario, cubrir indemnizaciones para los afectados por esta presunta estafa.
Desde primera hora de la mañana, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) han estado en la sede de iDental, situada en la calle Marie Curie de Rivas Futura, realizando un registro ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el encargado de la llamada ‘Operación Apolonia’.
Son muchos los ripenses afectados por esta presunta estafa y que en el mes de junio, tras el cierre definitivo de estas clínicas dentales ‘low cost’, se quedaron con tratamientos dentales pagados y no ejecutados. Además esos pagos se realizaron mediante la solicitud de créditos a financieras que les exigen que sigan abonando las mensualidades firmadas. El objetivo de este nuevo registro es hacer acopio de más pruebas; también recopilar los historiales y pruebas diagnósticas, como acordaron este mes con el magistrado desde las 14 comunidades autónomas donde hay afectados, y determinar un inventario de bienes de cara a posibles indemnizaciones.
El juez sigue investigando si los hechos son constitutivos de delito de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Las primeras investigaciones indican que tras el colapso de iDental en octubre de 2017 por las deudas contraídas con los proveedores y el impago de las nóminas de los trabajadores, el grupo Weston Hill Asset Management se hizo con el cien por cien del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, manteniendo el mismo modelo de negocio, pero la situación en junio ya se hizo insostenible.
En los registros de este jueves no se esperan nuevas detenciones, aunque sí incautar equipos informáticos, continuando con lo iniciado en el registro del día 3 de agosto.
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