El Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Rivas, Antonio Sanz, han presentado un escrito conjunto al consistorio ripense en el que solicitan que se paralice la ejecución de la segunda fase de las obras del Centro Integral de Protección Animal, el nuevo CIPAR.
El motivo de tal exigencia es la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Madrid con fecha 11 de mayo que declara «no ser conforme a derecho» la aprobación del proyecto de construcción y ejecución de la obra. “Hasta que no quede resuelto este litigio, el Ayuntamiento no debe seguir invirtiendo en el CIPAR el dinero de todos los vecinos de Rivas Vaciamadrid”, dice Janette Novo, portavoz del PP de Rivas. “Es una irresponsabilidad que con un proceso judicial abierto se licite la segunda fase de las obras del CIPAR y una temeridad formalizar el contrato de la obra conociendo la sentencia desfavorable”, asegura Bernardo González, portavoz de Ciudadanos Rivas.
Según Janette Novo, “esta nueva fase suma otros 180.000 euros en una obra que un juzgado ha sentenciado que no es conforme a Derecho porque se ha hecho incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, algo en lo que también incide Bernardo González: “El Ayuntamiento no ha respetado el propio PGOU ni ha previsto esta posibilidad que ahora se ha materializado con una sentencia judicial”, critica.
Desde el PP de Rivas demandan al Ayuntamiento de Rivas otra forma de proceder. “Solicitamos al Ayuntamiento que no haga las cosas con prisas, que las haga bien y conforme a lo establecido, o de lo contrario viviremos eternamente en los tribunales, con el consiguiente coste para las arcas municipales”, afirma Novo.
Para González, portavoz de la formación naranja, “hay que aclarar la situación urbanística ya que un juez ha dictaminado que el Centro Integral de Protección Animal de Rivas está sobre un suelo con un uso distinto al actual”, motivo por el cual pide al consistorio ripense “suspender las obras hasta que se aclare la situación, porque el dinero con el que se desarrollan es de todos”, indica. “Lo más grave es que llevamos años recordando al equipo de Gobierno que es necesario un PGOU nuevo, nuestro municipio ha crecido mucho en los últimos años, es algo que deberían haber realizado y no han querido hacerlo”, concluye González.
El CIPAR comenzó a funcionar el pasado mes de abril para acoger a los animales abandonados de la ciudad. Tras conocerse el fallo, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, aseguró que la sentencia no afectaría al funcionamiento del centro ni al bienestar de los animales que se encuentran en él. El Consistorio, además, ha recurrido la sentencia y asegura que se están tramitando las modificaciones legales necesarias.
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