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OPINIÓN

Antonio de la Peña

Antonio de la Peña

Portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

A la hora de escribir este artículo, pasado el Pleno de 27 de febrero de 2019, se evidencia que el Gobierno Municipal de IU-Podemos en Rivas tiene un problema y, al tener ellos un problema con la policía, nos causan un problema a todos los ripenses.

El artículo 148.2 de la constitución, así como el 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid, atribuyen la competencia de coordinación y demás facultades en relación con las Policías locales a los entes autonómicos. La Ley 1/2018 es el texto legal marco al que deben ajustarse los reglamentos y las estructuras de la Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Madrid y, consecuentemente, referencia para nuestro municipio. Este texto debía haber entrado en vigor el 1 de abril de 2018, también en nuestro municipio. Hace ya más de 10 meses.

Además de las Disposiciones Generales del Título I, donde se establecen el ejercicio de funciones y principios básicos de actuación, se aborda la coordinación entre Policías Locales (Titulo II); y el régimen Jurídico de los Cuerpos de la Policía Local (Título III).

Sin ánimo de ser exhaustivos, señalar algunos de los más graves y evidentes incumplimientos:

Entre las funciones, el artículo 11.j), establece que la Policía Local debe participar con las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Protección de las víctimas de Violencia de Género, y cooperar con los servicios y otros agentes sociales en el desarrollo de sus funciones. Aún estamos a la espera de la firma y puesta en marcha del convenio VIOGEN.

En cuanto al régimen jurídico de los Cuerpos de la Policía Local, en lo referente a organización y estructura, deberían haberse adecuado las distintas escalas técnica, ejecutiva, y básica a lo dispuesto en el artículo 33. Esto supone la clasificación de las Categorías de Oficial y Policía en el Subgrupo C-1, así como los subinspectores (antiguos Sargentos) pasar del C1 al A2.

En adición al texto legal, la Federación Española de Municipios y Provincias, a propuesta de una directiva europea, considera conveniente que todos los Ayuntamientos del Reino de España cuenten con 18 policías por cada 10.000 habitantes. Una recomendación que no cumple Rivas Vaciamadrid, con tan solo 13 agentes por cada 10.000 habitantes. Esta ratio (13 policías/10.000 habitantes) dificulta enormemente la abnegada labor de nuestro excelente cuerpo de Policía Local; pone en situaciones de riesgo evidente —en no pocas ocasiones— a nuestros agentes; y cuestiona la adecuada gestión de la seguridad de un Municipio con 90.009 habitantes.

Los Grupos Municipales Popular y de Ciudadanos propusimos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Adecuar la normativa y la estructura de la Policía Local de Rivas Vaciamadrid a la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de Policías Locales de la CAM.
2. Establecer, como prioridad, el cumplimiento con el ratio de Policía Local al estándar de 18 policías /10.000 habitantes, tal y como se aconseja desde la Federación Española de Municipios. Revisar, en tal caso, la RPT, para ajustarla a la mencionada recomendación.
3. Trabajar, desde Recursos Humanos, la redenominación de las categorías jerárquicas y niveles de funcionariado, según lo establecido en el mencionado artículo 33, con las medidas económicas que deban ser tenidas en consideración. Realizar las modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2019 que fueran convenientes a tal fin.

Desgraciadamente, a pesar de lo poco ideológico de la propuesta, y la clara intención de hacer prevalecer la Ley —y el sentido común—, la moción decayó con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y Podemos Rivas, Rivas Puede… o como en sus disputas internas dictaminen tengan que llamarse.

Los argumentos en contra fueron: la falsedad de los datos aquí aportados y el claro propósito electoralista. Paupérrima argumentación para tan sólida evidencia… Y es que, en contra del ADN de un cuerpo de Policía Local, tremendamente jerarquizado, y disciplinado frente a la autoridad, los agentes acudieron al Pleno a decir al Concejal de Seguridad que se siente a hablar con ellos de sus problemas, dispuestos incluso a negociar las consecuencias económicas que pudieran derivarse.

La ‘mesa de policía’ es el foro adecuado que, cada trimestre, parece razonable convocar. En esta legislatura han sido dos las convocatorias realizadas: una en 2017 y otra la semana pasada (finales de febrero). Solo 2 de 16 no parece mucho diálogo, participación y transparencia.
Lo sensato es hablar, y si es para solicitar cumplir la ley, es lo obligado, máxime en un gobierno del ámbito que sea.

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