La Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III han firmado este martes un convenio para la realización de forma conjunta de un estudio que repercutirá en mejoras en el suministro energético de la Cañada Real y en la seguridad del mismo.
Según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado, ambas instituciones trabajarán de forma conjunta para analizar en detalle la situación de este enclave y sus peculiaridades en lo que al suministro eléctrico se refiere, con el objetivo de estudiar mejoras, corregir deficiencias e identificar aquellas medidas de seguridad que sea necesario reforzar.
Por ello, se analizará la instalación eléctrica existente, las situaciones de cortes y sobrecargas eléctricas, la suficiencia de voltaje, el mantenimiento de la instalación y los posibles riesgos, todo ello partiendo del estado actual de las edificaciones existentes. De esta colaboración surgirá un estudio detallado de la situación actual respecto al consumo energético en Cañada Real, con la toma de datos a sus vecinos y el análisis de la información oportuna que proponga una serie de medidas necesarias para corregir los problemas detectados. Una comisión de seguimiento formada por personal de ambas partes se encargará de garantizar la consecución de los objetivos.
Este estudio comenzará a realizar sus trabajos desde hoy mismo y hasta el próximo 31 de diciembre, con el objetivo de monitorizar y analizar convenientemente cuantos espacios sean necesarios en la Cañada Real.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha declarado tras la firma del acuerdo que “el punto de partida no se centrará en abordar las situaciones de ilegalidad ni en la inexistencia del cobro del servicio, propiciado en muchas ocasiones por peligrosos y precarios enganches ilegales, sino primero en detectar si se cubren las necesidades básicas de los ciudadanos y, sobre todo, de seguridad para evitar accidentes”.
La Cañada Real presenta un “problema complejo por la heterogeneidad de los servicios y usos energéticos” y, sobre todo, “por la enorme diversidad de las condiciones de vida de los casi 8.000 habitantes con que cuenta el asentamiento”, recuerda el Ejecutivo autonómico.
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