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Parcela donde está prevista la construcción de la promoción Atalaya del Sur, en Rivas Vaciamadrid

Parcela donde está prevista la construcción de la promoción Atalaya del Sur, en Rivas Vaciamadrid (©Diario de Rivas)

Las licencias de obra nueva residencial en el sector del Cristo de Rivas, que fueron suspendidas en julio de 2021, seguirán paralizadas otro año más con carácter general, aunque esta suspensión se podrá levantar de manera parcial, dependiendo de los avances en el futuro planeamiento del sector. Es el caso de las licencias de dos promociones situadas en este sector, cuyo desbloqueo se votará, junto con la prórroga general, en el pleno del próximo 21 de julio. Se trata de Atalaya del Sur, que reúne a 152 familias constituidas en cooperativa, y Las Moreras, de Jarama Desarrollos Inmobiliarios.

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Así lo ha confirmado a Diario de Rivas el alcalde, Pedro del Cura, que concreta que, «en el caso de estas dos promociones, Atalaya y Las Moreras, se cumplen dos condiciones: las licencias se encontraban ya en trámite en el momento de la suspensión, y además ya sabemos que las parcelas en las que se prevé levantarlas no quedarán afectadas por cambios urbanísticos futuros». De ahí que en ambos casos, y tal y como se comprometió el pasado mes de mayo en una reunión con familias afectadas, el Consistorio pueda levantar parcialmente la suspensión de licencias de obra nueva residencial que se encuentra vigente desde el pasado mes de julio de 2021.

Esta decisión, indica Del Cura, fue comunicada este martes a representantes de las 152 familias de Atalaya del Sur, que se reunieron de nuevo con el regidor tras un primer encuentro el pasado mes de mayo. «Les hemos facilitado un escrito que avala este compromiso de desbloquear su licencia el mes que viene, de manera que puedan hacerlo valer a los efectos oportunos, por ejemplo en el banco o ante la propietaria del suelo, Jarama, para ejercer la opción de compra que caducaba el 31 de julio», abunda el regidor. Una portavoz de las familias de Atalaya confirma que han recibido el compromiso de desbloquear la licencia de su promoción por escrito, y que se encuentran «expectantes, y deseando que los trámites se agilicen todo lo posible».

El resto de las licencias de obra nueva residencial permanecerán paralizadas otro año más, posibilidad que contempla la Ley del Suelo y que el Gobierno de Rivas someterá a votación en la sesión plenaria de este mes de julio. Sin embargo, dice Del Cura, durante este tiempo, «a medida que avancemos en la concreción del futuro planeamiento de la ciudad, iremos valorando el levantamiento parcial de la suspensión».

Denuncia archivada

Por otro lado, la Fiscalía de Alcalá de Henares ha archivado la denuncia presentada por la asociación Habeas Corpus contra el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura; la concejala de Urbanismo, Pilar Gabina Alonso, y el asesor jurídico de Urbanismo del Consistorio. En el escrito, esta asociación, vinculada a la gestora de la cooperativa Atalaya del Sur, alegaba que la suspensión de licencias «podía ser constitutiva de delito». En el escrito, al que ha tenido acceso Diario de Rivas, la fiscal jefe señala que, «al tiempo que entraba esa denuncia en esta Fiscalía de Alcalá de Henares, que primero había sido presentada en la Fiscalía Anticorrupción, tenía entrada un nuevo escrito de la asociación denunciante solicitando el archivo de las diligencias incoadas por haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, que tras la reunión mantenida con los corporativistas el 24 de mayo de 2022 se habría comprometido a desbloquear la situación actual».

«Si bien un acuerdo entre las partes implicadas en ningún caso justifica el archivo de un procedimiento penal perseguible de oficio, lo cierto es que de la denuncia presentada no se desprenden indicios de responsabilidad criminal, ni va acompañada de un principio de prueba de la arbitrariedad urbanística denunciada, tratándose de decisiones que, si bien pueden haber resultado perjudiciales para los corporativistas, pueden ser impugnadas en la vía contencioso-administrativa». Por estos motivos, y al no apreciar indicios de infracción penal, se acuerda el archivo de diligencias.

Para Del Cura, «esto demuestra que las amenazas y las coacciones ejercidas por parte de la gestora de la cooperativa no surten ningún efecto. Prueba de ello es que, independientemente de esta decisión de la Fiscalía, nos hemos comprometido con las familias, con las que nos hemos reunido de nuevo, a agilizar todo lo posible el proceso de su licencia, una vez que tenemos la certeza de que no estaba afectada por futuros cambios urbanísticos», concluye.

 

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