Sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol (foto: Comunidad de Madrid)

Este jueves, Izquierda Unida y PSOE de Rivas Vaciamadrid denuncian a través de un comunicado la pretensión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de tramitar por el procedimiento de urgencia “con plazos ridículamente cortos” el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración. Por ello, ambas formaciones locales exigen “la retirada del anteproyecto”.

Desde IU-Equo-Más Madrid y Podemos Rivas señalan que Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas afectará a no menos de una decena de aspectos económicos y administrativos de gran calado, donde los plazos para formular alegaciones al mismo se han establecido del 24 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022. En opinión de Aída Castillejo, cooportavoz de IU Rivas, y Vanessa Millán, portavoz de Podemos Rivas, esta coincidencia con el grueso de las fiestas navideñas resulta “escandalosa”.

“Se trata de un intento evidente de colar un anteproyecto de ley de mucho alcance en condiciones que podríamos denominar de Navidad y alevosía”, declaran ambas dirigentes locales. Así, en los diez días estipulados para la formulación de alegaciones, se incluyen cuatro festivos o semi-festivos.

En un comunicado, la cooportavoz y la portavoz de la formación morada recuerdan que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “señala como imprescindible garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas, algo que en absoluto se cumple con los plazos en los que se presenta el anteproyecto”.

Además, ambas dirigentes locales también señalan la reacción que la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha hecho pública respecto a la voluntad de aprobar “con nocturnidad y alevosía” este anteproyecto. Por su parte, la FPTM ha anunciado que reclamará 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid “por los daños derivados de la modificación ‘encubierta y sin comunicación’ de la Ley de Transportes”, una de las afectadas en el anteproyecto de Ley.

Una Ley de mucho alcance

Según expresan IU-Equo-Más Madrid y Podemos Rivas en una nota este jueves, el anteproyecto afecta a la práctica totalidad de las áreas del Gobierno regional, provocando diversos cambios legales en materia del juego, educación, suelo, sanidad, transparencia, deporte, transportes, entre otras.

En concreto, tanto Castillejo como Millán señalan la afectación sobre el Parque Regional del Sureste, carente en la actualidad de Plan Rector de Uso y Gestión (PROUG) «debido a la desidia de la administración de Díaz Ayuso». Asimismo, con la aplicación de este anteproyecto se concede al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la capacidad de “modificar los límites establecidos de los anexos cartográficos de la correspondiente ley declarativa”, eliminando “la necesidad de obtener autorizaciones medioambientales para realizar actividades como la caza, la pesca o la instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos por poner algunos ejemplos”.

Ambas dirigentes consideran «inadmisible» que, a un espacio natural protegido, “como el Parque Regional del Sureste, que ya adolece de muchas actividades que degradan el propio Parque y su entorno”, se le pretenda abrir con este anteproyecto de Ley “una puerta para la legalización de nuevas actividades económicas, que terminarán de deteriorarlo y convertirán el único espacio natural con que cuentan Rivas y otros municipios vecinos, en un espacio insostenible”.

Debido a ello, califican de «inaceptable» que el Plan Rector de Uso y Gestión que Díaz Ayuso pretende aprobar dentro de esta Ley “se va a redactar sin la necesaria participación de entidades ecologistas y de ayuntamientos”.

Por otro lado, Castillejo y Millán también han mostrado su preocupación ante la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, presentada como “un nuevo ente público, con plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios”, que actuará “con sometimiento al Derecho al Privado”.

Según manifiestan en un comunicado, Ayuso pretende crear con esta medida «un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil». “Esta Agencia podría suponer un nuevo ataque a la sanidad pública madrileña”, señalan.

Entre los fines y funciones de esta nueva Agencia, como expresan en la nota, el Anteproyecto de Ley incluye diversas referencias a la agilización de compras en situaciones de emergencia, «como la situación de crisis sanitaria que aún vivimos, que aunque tarde, llega a la vez que otras medidas suficientes abiertas como para dar amparo legal a privatizaciones de la asistencia sanitaria que pueden culminar el proceso de acoso y derribo contra la sanidad madrileña que vienen perpetrando desde hace décadas los sucesivos gobiernos del PP en nuestra región».

“Con la preocupante situación de la sanidad pública, es una pena que el gobierno de Ayuso se empeñe en crear nuevas agencias, mientras debería de reforzar la inversión en la atención primaria y cumplir con su promesa de mantener al personal sanitario de refuerzo COVID”, concluyen Castillejo y Millán.

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