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La investigación de la “gestión fraudulenta” de las clínicas IDental, que ha dejado a cientos de pacientes sin los tratamientos contratados, ha permitido destapar un entramado de empresas destinadas a descapitalizar compañías en apuros, en detrimento de clientes, trabajadores e inversores, para el enriquecimiento personal de los acusados. La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones en el marco de la ‘operación Apolonia’.

En el caso de IDental, cuyas instalaciones en Rivas Vaciamadrid fueron objeto de un registro el pasado otoño, los ahora detenidos están acusados de engañar a los pacientes para su enriquecimiento personal. En concreto, “se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80% de un presupuesto inflado a propósito en base a pretendidas subvenciones de organismos públicos estatales que en realidad no existían y a políticas muy agresivas de marketing”.

“Se pretendía, por tanto, obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importar los métodos, a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente y de carácter provisional”, prosigue el comunicado. El caso se ha saldado con miles de pacientes perjudicados, con tratamientos sin terminar, secuelas y préstamos a los que todavía deben hacer frente.

El escrito señala que uno de los fundadores del Grupo IDental ya fue detenido en el Reino Unido, gracias a la colaboración de las autoridades británicas, donde pretendía impulsar un nuevo entramado empresarial de clínicas odontológicas. El consejero delegado de IDental ya fue detenido cuando, al parecer, trataba de montar otra red con 27 clínicas dentales repartidas por toda España.

Según informó este martes la Policía Nacional en un comunicado, “los agentes han constatado que se creó una estructura societaria que, en principio, estaba destinada a la inversión en empresas, negocios y explotaciones de distintos sectores económicos y ciudades de España con el fin de solventar los problemas económicos por los que pasaban. Sin embargo, su objetivo principal era el enriquecimiento personal de los investigados a costa de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, aun con el conocimiento de la inviabilidad económica de las inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes”. El dinero defraudado a través del entramado de empresas y testaferros podría alcanzar los 60 millones de euros, según la investigación. A los detenidos se les imputan delitos de administración fraudulenta y quiebra de distintas sociedades por sus administradores, además de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

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