Hace ahora cuatro años, Rosa Sampedro se vio abocada a abandonar la vivienda en la que residía en régimen de alquiler, un inmueble que en su día perteneció a la Comunidad de Madrid dentro del plan regional de vivienda protegida pero que, una vez perdida la citada protección, pasó a manos de un ‘fondo buitre’. Con ello, Rosa se vio obligada a dejar su casa y buscar acomodo en otro inmueble. Pero su situación se repite ahora.
Después de tres años residiendo en un bloque de la calle Antonio López 29, gestionado por la empresa Reismen SL, a Rosa le han comunicado la finalización del contrato de alquiler, que expira el próximo 30 de enero y, por tanto, le instan a abandonar su vivienda.
“No nos quieren renovar, a pesar de haberles suplicado que aceptados la subida ‘probable’ de la mensualidad”, explica esta vecina a Diario de Rivas, para añadir que tanto ella como su hermana, que vive en un bloque próximo y también gestionado por la misma empresa, nunca han dejado de pagar “ni un solo mes” y además se han hecho cargo “de reparaciones que probablemente deberían correr por cuenta de los propietarios”.
Las dos hermanas decidieron vivir cerca la una de la otra para ayudar a su madre, de avanzada edad y que reside con Rosa en el piso que ahora debe abandonar. Ambas, además, tienen hijos adolescentes a su cargo. “No tengo posibilidad, tal y como están los alquileres y por mi situación familiar, de poder trasladarme”, explica, para añadir a continuación que “nunca hemos dejado de pagar el alquiler ni ningún suministro” y que estarían dispuestos a “asumir la subida legal de la renovación del alquiler”.
El problema de esta familia, según recalcan, también es extensible a otros vecinos de este inmueble, que se ven en una situación similar a la suya, por lo que están empezando a movilizarse para tratar de buscar una solución o instar a a empresa a negociar las renovaciones de sus alquileres. Pese a ello, la respuesta de la empresa, dicen, es siempre la misma: “El contrato ha vencido y, como tal, tenemos que rescindir el mismo”.
Este diario digital ha tratado sin éxito en varias ocasiones y por diferentes medios de ponerse en contacto con Reismen para conocer su posición al respecto.
Una pancarta en la ventana
Esta vecina colocó el pasado día 2 de enero una pancarta en la fachada de su vivienda denunciando la situación que vive, una reivindicación que ha tenido respuesta en forma de comunicación por parte del abogado de Reismen exigiéndole la retirada de la misma “haciéndole responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que ocasione o pueda ocasionar”.
En la notificación del letrado, éste recuerda que, en caso de no retirar la pancarta, y al tratarse la fachada de un elemento común del inmueble, “la sociedad propietaria procederá a retirar la misma, repercutiéndole todos los costes que ello conlleve”. Tras recibir esta comunicación, la afectada explicó que procederá a mover la pancarta, pero no a retirarla.
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