El Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aprobó este jueves una moción de apoyo a las más de 120 familias que residen en las promociones de Rosa Luxemburgo, 6, y Juan Gris, 26, afectadas por la venta de sus viviendas a ‘fondos buitre’.
Desde hace meses, el vecindario de ambas promociones viene denunciando su «indefensión» ante su situación actual. Sus viviendas, a las que accedieron en régimen de alquiler a precios protegidos —muchos de ellos, con opción a compra una vez descontado parte del importe pagado por el arrendamiento en los primeros años—, son ahora propiedad de dos empresas: Fidere, en el caso de la promoción de Rosa de Luxemburgo, y Lazora, en el de los inquilinos de Juan Gris, 26. Diario de Rivas ha narrado en sendos reportajes la historia de las personas que habitan en uno y otro bloque.
Ahora, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid acaba de aprobar una moción que pretende establecer nuevos mecanismos de apoyo a las más de 120 familias ripenses que se encuentran en esta situación. El texto —presentado por los grupos municipales de Somos Rivas, Rivas Puede y PSOE, apoyado también por los dos ediles no adscritos y aprobado con la abstención de PP y Ciudadanos— insta a las empresas a formar una mesa de negociación encaminada a que la ciudadanía afectada pueda continuar en sus viviendas, bien mediante su adquisición —respetando las cantidades aportadas en concepto de la opción a compra inicial, en el caso de que la tuvieran— o bien con condiciones de alquiler análogas a las que se les ofrecieron cuando accedieron a sus casas, dadas las necesidades socioeconómicas que tenían en aquel momento. Además, la moción prevé que el Consistorio solicite a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Urbanístico de Rivas, a través del cual se vendieron las parcelas donde hoy se levantan las dos promociones de viviendas, a aportar la documentación relativa al procedimiento, que será analizada por los servicios jurídicos municipales de cara a determinar si cabe emprender acciones legales en favor del interés general, en caso de que se aprecien incumplimientos.
Durante el debate en la sesión plenaria, el concejal de Somos Rivas Rubén Tadeo tildó de «sangrante» la situación, e indicó que, en algunos casos, los inquilinos e inquilinas de estas viviendas se enfrentan a subidas «superiores al 35%» del precio inicial de la renta, o a la posible pérdida de hasta 30.000 euros entregados durante la opción a compra, que podrían descontarse del precio final en caso de que estos decidieran ejercer ese derecho. Tadeo criticó también la «extorsión encubierta» por parte de Fidere y Lazora derivada de la «falta de mantenimiento» de los inmuebles, «con la consiguiente pérdida de calidad de vida» para las personas afectadas. «Hay vecinos en Rosa de Luxemburgo que llevan meses sin poder beber agua del grifo porque sale marrón», indicó el edil, que habló también de otros desperfectos, como «goteras y humedades permanentes»,
Por parte de los concejales no adscritos, Cristina Arévalo anunció su apoyo a la moción para ayudar a los vecinos en unas condiciones «a todas luces injustas». Desde el PSOE, Juan Ignacio Gómez lamentó una situación que «no es más que la punta del iceberg»; «es legal, pero lo malo es cuando se roba con el BOE en la mano», añadió. La portavoz de Ciudadanos, Beatriz Sobrino, aseguró entender «el espíritu de la moción», y que apoyaban solicitar a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Urbanístico de Rivas los pliegos de la enajenación de las parcelas, estudiar desde los servicios jurídicos el posible incumplimiento de las cláusulas; y organizar una mesa de mediación con representación empresas y afectados; pero «instar a empresas privadas a que inicien un proceso de negociación resulta sumamente intervencionista». «Otra cosa sería ofrecer opciones y espacios para la negociación», indicó Sobrino. En cuanto al PP, el edil Ricardo Gómez recordó que el régimen de protección de estas viviendas se extiende por un período de 7 años, y ya ha vencido. «Esta moción está plagada de imprecisiones», afirmó el concejal, «pero nos vamos a abstener porque, no obstante todo esto, hay familias que pueden tener dificultades y necesitar ayuda». Por último, desde Rivas Puede, Miguel Quesada recordó que «no se puede ejecutar un desahucio sin que haya una alternativa habitacional, y menos cuando hay una entidad pública [la Comunidad de Madrid] que ha vendido esas viviendas a fondos buitre«, y solicitó al resto de los grupos que apoyaran la moción para convertirla en declaración institucional. Tadeo recordó que esas viviendas han ido cambiando de manos y que, en el momento de ejercer el derecho de compra, «no había a quién reclamárselo». «El problema no está en la ley, sino en que hay unos intereses que retuercen la legislación hasta llegar a abusos», remachó.
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