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OPINIÓN

Antonio de la Peña

Doctor en Ciencias Biológicas, licenciado en Ciencias Geológicas y diplomado en Medio Ambiente

Antonio de la Peña
He leído, en Diario de Rivas, interesantes artículos para parase a pensar. Parece ser que el modelo de ciudad sostenible corre serio peligro. La reacción ha sido aparentemente rápida. En verano de 2021, el alcalde y su gobierno se percataron de la situación. A medidos de otoño debemos votar.

Me gusta el cine. Me encanta la película ‘Casablanca’. Unas secuencias relatan como los miembros del Partido Nacional Socialista alemán se indignan cuando los franceses entonan la Marsellesa. Los gatos respondían a un canto de enaltecimiento del espíritu alemán, y de ofensa para los franceses. El comandante teutón ordena al gendarme cerrar el casino. La situación no está para bromas. El gendarme habla con Rick (Bogart) y le indica que el casino queda clausurado. El motivo: se ha dado cuenta que “en el casino se juega”.

Nuestro gobierno se ha dado cuenta que crecemos muy rápido y descontroladamente. Los servicios adecuados no pueden prestarse con calidad. “En el casino se juega. Hay que cerrar”. Recapacitemos con la ‘R de Rivas’.

Sería bueno recapitular como se ha llegado a esta situación. Revisar que es lo que se ha hecho bien y mal. Replantear aquello que falla. Reforzar aquellos aspectos de gestión correctos. Redefinir los nuevos modelos necesarios. Reajustar las desviaciones detectadas. Reordenar las prioridades atávicamente establecidas. Reparar aquellas infraestructuras obsoletas o dañadas. Remodelar los espacios. Retomar ideas. En definitiva, rediseñar el modelo de ciudad. La situación actual no es de recibo.

Recordaran ustedes, o no, una entrevista realizada en junio de 2018, por este diario digital. En ella ya resaltaban dos situaciones:

  1. Nos queda muy poco sitio urbano para hacer ciudad.
  2. El diseño realizado en Rivas ha generado su propio monstruo urbanístico. Así se tituló la entrevista.

Respecto al primer punto la situación se dibujó en el Pleno de 19 de abril de 2019. Paso desapercibido, pero es de una enorme importancia. Se pregunto en pleno cuanto terreno nos quedaba para hacer ciudad, y cuál era su valor. La entonces concejal de Urbanismo respondió: “unas 31 parcelas dotacionales y 42 parcelas de suelo patrimonial con un valor estimado, a día de hoy (19/04/20219), de 250 millones de euros”.

Este dato nos muestra que queda poco terreno para ofertar. Exclusivamente 42 parcelas. El valor de venta es de 250 millones. Cada año tratamos de enajenar (vender) aproximadamente 20-25 millones de euros. Eso es lo habitual en nuestros presupuestos municipales desde hace 10 años. Esos 20 millones de ingresos anuales son lo que posibilita realizar las inversiones extraordinarias del municipio. Según los datos disponemos de 10 años para esa fuente de ingreso. El recurso se agota en 2029. Esto representa 3 legislaturas. Pasado ese periodo la fuente de ingreso por suelo habrá finalizado. En economía circular estaría dentro de los recursos finitos. Es un recurso no retornable, no regenerable. Sin ingresos extraordinarios de suelo, la capacidad económica del Ayuntamiento sufre un quebranto de 20%, aproximadamente. Sólo tendremos disposición de inversiones extraordinarias vía fondos no municipales. Dependeremos de otros. El resto de ingresos municipales vendrá por cuenta de impuestos y tasas. Estos ingresos sólo pueden computar en gastos de carácter ordinario. Es decir, básicamente mantenimiento de la ciudad y nóminas.

A mi juicio, los dos textos más importantes, con rango de ley, en nuestro territorio son: los presupuestos municipales y el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Vista la evidente tensión presupuestaria a futuro. Analicemos el crecimiento de la ciudad y su incremento poblacional en relación al PGOU.

En Rivas tenemos un Plan Urbanístico aprobado en 2003. En ese plan se diseña una ciudad para un óptimo, aproximado, de 90.000 personas. En 2021 se ha superado en un 7.2%, unas 7.000 personas. El PGOU propuso un incremento de 16.916 viviendas que podían suponer en términos de población, a medio y largo plazo, un aumento de 50.748 habitantes. En el 2003 éramos unos 39.000 los ripenses (INE). Es cierto que El PGOU establece la posibilidad de modificaciones posteriores para 21.636 viviendas. Corresponde a un techo de población máximo de unas 117. 000 personas.

Desde ese 2003 se han realizado una media de unas 4 -5 modificaciones de calado cada legislatura. Algunas incluyendo informes sobre la neutralidad de la parcela ante problemas de género (ver Diario de Rivas). Afortunadamente, las parcelas carecían de sexo. La tendencia de esas modificaciones fue concentrar los metros construidos. El argumento era generar terreno para zonas verdes y servicios, sin modificar el total de metros cuadrados construidos por sector.  En la práctica se minoraba la construcción en horizontal (vivienda unifamiliar y pareados), e incrementar vivienda en vertical (torres y pisos). Este aspecto puede visualizarse en un mapa de densidad de población del municipio. Las zonas más densamente pobladas son las de más moderna construcción. Un claro ejemplo es la del Barrio de la Luna. Más de 31 habitantes por cada 1000 m2 construido (Fuente INE 2019). Excepción hecha del barrio de Covibar que funcionó como núcleo aglomerante inicial.

Vemos que el modelo inicialmente propuesto de construcción horizontal (PGOU 2003) se ha ido variando en sucesivas y continuas modificaciones por otro vertical más apetitoso desde el punto de vista recaudador (presupuestos). Se incrementa la densidad de población y eso genera más contribuyentes en menos espacio. No menos cierto es que genera necesidad de más servicios para esos contribuyentes. El monstruo crece por necesidad recaudatoria (licencias de actividad, obra, venta de parcelas, IBI en vertical…), pero demanda más servicios.

La ley de Bases de régimen local establece que los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Una alta densidad de población genera un incremento en escala geométrica de gestión de residuos. Las canalizaciones de aguas fecales y pluviales también se desmandan. Los ripenses, literalmente, no tenemos donde caernos muertos. Estamos a la espera de un nuevo cementerio. El piso de las calzadas y aceras sufre un mayor desgaste: se incrementa la necesidad de euros para su mantenimiento. El tamaño de las calles no está dimensionado para el volumen de coches y personas concentrados en esos metros cuadrados. Los pavimentos se quedan obsoletos. El Internet de las cosas no llega. Y todo eso, todo, es competencia municipal. Nada tiene que ver la Comunidad de Madrid.

b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parques públicos, biblioteca pública y tratamiento de residuos. La gestión de residuos de este ayuntamiento ha sido un auténtico despropósito. Idas y venidas a Valdemingómez, Alcalá de Henares, Loeches. Juzgados, parcelas intervenidas, etc.

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Estamos sin manguera ni camiones de bomberos. Pagamos tasa a la CAM y de nuevo es su culpa porque no prestan bien el servicio. Propongo tener nuestro propio servicio de bomberos. Como la nueva planta de tratamiento de residuos. Seamos independientes. Seamos dueños de nuestros servicios.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, caso de Rivas, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Los microbuses eléctricos ni se discuten, pero tampoco se propone nada mejor, más económico, más eficaz.

La situación es conocida desde, al menos, desde hace dos legislaturas. Se venía avisando sobre las continuas modificaciones del PGOU que violentaban la filosofía de ciudad y complicaban la gestión. Se solicitó, en no pocas ocasiones, la revisión de ese PGOU. No se hizo caso en el mejor de los casos, en la peor se ironizó y/o desacreditó el análisis.

En resumen, la situación no por grave era desconocida. Ahora, en 2021, el monstruo ha crecido y se ha ido al casino. Pues bien, en el casino se juega.

 

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