La querella presentada en pasado jueves 23 de enero por parte del Ayuntamiento de Rivas contra un funcionario del Consistorio de la capital por falsificar, presuntamente, liquidaciones para reclamar al municipio ripense una cantidad de 11,4 millones por tasas de vertedero se basa en un informe pericial externo que recoge algunos datos llamativos.
Tal y como consta en la querella, a la que ha tenido acceso Diario de Rivas, el Ayuntamiento de la localidad detectó que determinados documentos incorporados al expediente administrativo del Consistorio madrileño podrían ser falsos «porque la tecnología disponible en los años en los que los mismos están datados (1986 en adelante) no permitían crear un documento como los que constaban en dicho expediente”.
En este sentido, el Consistorio ripense pone negro sobre blanco algunas cuestiones controvertidas y sospechosas que han salido a la luz tras un informe pericial encargado a una empresa tecnológica. Estos son algunos de ellos:
- En varios expedientes aparecen diligencias cuyo formato es el mismo, fechadas unas en 1987 y otras en 2004, y todas ellas con la firma del mismo funcionario. Asimismo, estas diligencias aparecen firmadas posteriormente sin aparecer el nombre del funcionario, pero “con rúbricas idénticas» a las de 1986 y mismo formato, a pesar de tener fechas posteriores a 2013.
- Se han detectado documentos presuntamente falsos entre el 21/07/1987 y el 20/12/2004, todos firmados por el querellado. A partir de entonces, hay documentos en los que no aparece su nombre, “pero la firma y los formatos son idénticos” a los sospechosos.
- Según el informe pericial, la tecnología de la época “no permitía la generación de tablas o cuadros, ya que no fue hasta 1988 cuando Word Perfect incluyó esta característica” de manera muy limitada a la capacidad de impresión, principalmente “impresoras matriciales de agujas con las que sería imposible general esos documentos”.
- El formato de los documentos presuntamente falsos es el mismo desde 1987 hasta 2012 “sin alterar sus características y la resolución”, por lo que, según el informe, “parece evidente que su creación es reciente y que han sido ‘predatados’ ya que no alteran su contenido, ni lenguaje ni expresiones en la serie que va desde 1987 a 2004 y desde 2006 a 2012”.
- La tecnología disponible en 1987 no permitía crear un documento como el presentado en esa fecha y posteriormente, hasta varios años después. Esa tecnología no estuvo disponible en el mercado hasta 1995. Se evidencia que los documentos han sido creados en una época cercana y ‘predatados’.
- Las anomalías y cuestiones observadas en el documento “implican una descontextualización de la temporalidad y unos indicios de manipulación de sentido y contenido de los mismos”, que sugieren que “no deben ser admitidos como prueba en ningún proceso”, según consta en la querella.
- El formato de los documento reseñados (sospechosos) se ha mantenido inalterado entre 1987 y 2013, no siendo así en el resto de documentos facilitados ya analizados por la empresa, en los que “se observa la evolución cronología de la tecnología empleada”.
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