La habilidad de transformar las demandas públicas en privilegios privados

El escritor y filósofo francés Edmond Thiaudière decía que «la política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular». Sin lugar a duda, ese arte lo maneja a la perfección el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, principalmente en su particular travesía para desmantelar todo lo relativo a los servicios públicos, siendo el mejor ejemplo las decisiones relacionadas con el servicio de la educación pública.

La reducción de ratios en las aulas de los colegios es una reivindicación histórica, tanto por el profesorado como por las asociaciones de familias del alumnado. Una demanda atendida, aparentemente, y casi por sorpresa, por el Gobierno Regional que lidera Isabel Díaz Ayuso. Una jugada estratégica del Partido Popular en un intento de silenciar las voces más criticas de un sector, siempre maltratado por las derechas, y por otro lado, de intentar atraer a parte del jugoso y numeroso electorado que se mueve en torno a la educación pública de cara a las elecciones regionales de 2023. Pero no es oro todo lo que reluce, e incluso detrás de algo aparentemente tan positivo se esconde un paso más hacia la privatización de la educación.

Actualmente son decenas, incluso centenares de colegios públicos los que tienen una ocupación matricular superior a la que les corresponde, superando en muchos casos el ratio de 25 alumnos/as por aula e incluso usando como aulas espacios destinados a otras actividades; bibliotecas, aulas tutoriales o de uso temático, como de informática o música, y que por lo tanto no están preparadas para albergar la actividad que requiere el día a día, a la vez que se les priva de un espacio donde poder impartir el tipo de actividades para las que sí han sido construidas, y cuya reducción de ratios no va a volver a normalizar su uso.

Una reducción de ratios sin una ambiciosa inversión en infraestructuras públicas, acompañada de una mayor oferta de empleo público para garantizar el servicios en las condiciones apropiadas, es simplemente adornar, una vez más, la privatización encubierta de la educación pública. A modo de ejemplo, supongamos que a un colegio de línea tres, sin más espacio que el de sus 27 aulas y que alberga 675 plazas de alumnado (en algunos casos incluso se supera el ratio como comentaba antes), se le aplica el famoso ratio. Para albergar al mismo número de alumnado se necesitarían 34 aulas, es decir, siete más de las que posee el centro; eso, o bien sobran 135 alumnos/as con respecto a las plazas actuales disponibles en el centro, sin olvidar que también requiere como mínimo la contratación de siete profesores/as más. Si eso lo elevamos a tan solo diez colegios con las mismas características, estamos hablando de que cerca de mil quinientos alumnos y alumnas de los colegios públicos no tendrían plaza para estudiar en sus centros de referencia. Por lo cual, serán derivados a colegios concertados, o incluso a colegios privados obteniendo estos compensaciones por albergar a cada alumno que se ha quedado sin plaza en los colegios públicos.

Mención aparte merece tanto el primer ciclo de educación infantil con la formación profesional. En el primer caso, lo relativo a la educación infantil en su primer ciclo de 0 a 3 años es, sin lugar a dudas, quien sufre la mayor precarización en la educación pública, algo que se evidenció en el 2020 durante el confinamiento, cuando salvo alguna excepción como la de las escuelas municipales de Rivas, no se buscó ninguna alternativa para poder seguir realizando el trabajo en una etapa educativa tan importante, llevando a la gran mayoría de las profesionales del sector a acogerse a los ERTES. Es sorprendente como además, en lugar de invertir en más infraestructuras y mejores condiciones laborales, se opte por derivar esa etapa a los colegios de primaria, que además arrastran la problemática antes mencionada. Sin olvidar que, además, conociendo la atención necesaria en una edad tan temprana y siendo, en muchos casos, la primera experiencia del alumnado con el sistema educativo e incluso fuera de su círculo de confianza, en este caso no se haya planteado una reducción de los ratios en las aulas.

En cuando a la formación profesional el estudio de CCOO arroja unos números sorprendentes visibilizando que el curso pasado 30.000 jóvenes se quedaron sin plaza y que a pesar de ello, la Comunidad de Madrid sólo ha creado 10.000 plazas públicas, alertando el sindicado sobre la privatización de la Formación Profesional, y por lo tanto la desigualdad en cuanto a oportunidades laborales dependiendo de la renta familiar.

En resumidas cuentas, se está utilizando una demanda histórica de la educación pública como justificación para beneficiar a los centros privados y concertados. Por ese motivo no debemos quedarnos tan solo en el simplismo de la reducción de ratios, sino además, exigir que se realice en las condiciones adecuadas, añadiendo una mayor inversión que suponga la construcción de nuevos centros educativos públicos, acompañada de una mayor oferta de empleo público, sin olvidar la igualdad de condiciones entre la primera etapa de educación infantil y el resto de etapas educativas además de una oferta de plazas públicas en la Formación Profesional que garantice que la renta familiar no sea un condicionante para quedarse fuera del mercado laboral.

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