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OPINIÓN

Ricardo Gómez

Ricardo Gómez

Concejal del PP en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

La política de un municipio es una realidad que muestra múltiples caras y que debe amoldarse a diversas situaciones, tanto de tipo político como económico.

La gestión municipal debe ser, fundamentalmente, la administración de lo ordinario de un pueblo o ciudad y su ámbito de competencias viene bien establecido por las leyes, principalmente por la Ley de Bases de Régimen Local. En ella se establecen de manera bastante concreta las competencias de un municipio, es decir, los servicios que debe prestar y cómo los debe prestar, cosa que depende de varios factores, sobre todo del número de habitantes y, también, de la disponibilidad presupuestaria.

Existen muchas ocasiones en las que los servicios que debe gestionar un Ayuntamiento son muchos y están por encima de la capacidad económica de ese municipio en cuestión, de manera que resulta imposible y desaconsejable que el Ayuntamiento se convierta en una multinacional que posea todo lo que proporciona. Es decir, el municipio no puede ser dueño de una inmobiliaria, de una empresa de limpieza, de una serie de infraestructuras deportivas, de una empresa de asfaltado, de una empresa de aguas, y de tantas cosas a las que tiene que atender, pero para las que necesariamente tiene que recurrir al concurso de la iniciativa privada.

Una buena gestión municipal, por tanto, no pasa por erigirse en una suerte de ‘holding’ empresarial que posea todas las empresas de servicios municipales, sino en saber organizar y racionalizar los servicios que tiene necesariamente que dar a través de una serie de contratos con entidades privadas. Y por esto es imprescindible tener unas mesas de contratación con unos buenos criterios de tipo económico, social, ecológico, etcétera, que permitan “contractuar” con estas entidades privadas en una situación de justicia, eficiencia y efectividad, sin que el patrimonio municipal, es decir, el patrimonio de los vecinos, se vea comprometido, y logrando que los servicios sean óptimos.

Además, existe desde hace unos años una normativa que exige a las administraciones en general y, por tanto, a la municipal también, atenerse a una serie de criterios de tipo económico en la gestión de sus recursos. Se trata del establecimiento de un techo de gasto, de un límite al endeudamiento municipal, de un límite al tiempo de pago a los proveedores de servicios, etcétera. Una serie de medidas que, al no haberse aplicado anteriormente, ha llevado a que muchos ayuntamientos (el nuestro también) acumulen una deuda muy grande. En el caso de Rivas, una deuda que es del 105% del presupuesto municipal de un año: o sea, entre 100 y 120 millones de euros.

Desde la izquierda ripense se nos transmite la idea de que todo servicio municipal ha de ser exclusivamente público en su inicio y en su elaboración, como un estribillo desde la ideología. Pero esto no es posible, no se puede hacer y, de hecho, en Rivas la gran mayoría de los servicios que se dan son contratos con empresas privadas: las actividades extraescolares, las escuelas deportivas, el soporte informático municipal y, desde pronto, el nuevo cementerio y el nuevo polideportivo. Bienvenida sea la gestión público/privada si el control es idóneo y si económicamente es beneficioso para todos.

Sólo la empresa de servicios Rivamadrid es totalmente pública y nos cuesta a los vecinos de Rivas la no despreciable cifra de 50.000 euros diarios. Bien gastados si el servicio es bueno. Juzguen ustedes.

Escandalizarse por que el Ayuntamiento se valga de la contratación externa de servicios para los vecinos es estar en un paradigma sencillamente erróneo. La ideología de la izquierda en esta materia es sencillamente inaplicable. Y así lo demuestran las últimas actuaciones de nuestro Ayuntamiento: IU/PODEMOS contratan empresas privadas para poder dar sus servicios a los vecinos.
Desde el Partido Popular entendemos que la colaboración público/privada no es mala; simplemente exige de los gestores municipales, es decir, de los responsables del dinero de los vecinos, trabajar bien, estar vigilantes y garantizar transparencia y eficiencia en la administración de lo público.

Esto es lo que debemos como ciudadanos exigirles a nuestros administradores, a los que con el dinero de nuestros impuestos (por cierto, elevados) tienen que velar por la prestación de los servicios adecuados a cada municipio. Pero, en este momento, en Rivas, esto NO es lo que ocurre. Existe una suerte de ‘esquizofrenia’ entre la obsesión de lo “todo público” y la realidad que es muy distinta y que, querámoslo o no, es la única posible. Eso sí, exigencia máxima en la claridad y en la optimización de los servicios a los ciudadanos. Servicios que sí han de ser públicos, aunque para ello haya que recurrir a recursos externos.

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