Leo en la prensa nacional que el Gobierno de Sánchez diseña el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias. Tras llevar bastante tiempo en contacto con profesores, asociaciones, colegios y padres, conozco de primera mano la inquietud que estos últimos sienten ante la posibilidad de que sus hijos pasen a aulas ‘ordinarias’.

Tienen miedo, y es un miedo lógico, de la situación a la que se van a enfrentar sus hijos. ¿Cuantos de nosotros no hemos sentido preocupación ante el paso del colegio al instituto, teniendo nuestros hijos sus capacidades intactas? Solo poniéndonos en el lugar de estas familias será como podamos entender su preocupación.

En este espinoso asunto hay diversidad de opiniones, tomemos como ejemplo la de Ignacio Calderón, profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga, en declaraciones al diario El País: “Los centros de educación especial han evolucionado, pero no dejan de ser espacios que separan a la infancia. La lógica de la educación inclusiva es que los niños aprendan y participen juntos. En la escuela aprendemos a vivir, y aprendemos a hacerlo con o sin determinadas personas. La segregación hace sufrir más a quienes son excluidos, pero es un problema para todos”.

De la misma forma, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU concluyó que en España se ha perpetuado el modelo de segregación educativa para la discapacidad, a la que tachan de “discriminatoria”, algo muy cuestionable para el grueso de familias que desean que sigan existiendo los centros de Educación Especial; es más, que existan y se amplíe el abanico de posibilidades. También hay opiniones y declaraciones de otros expertos ‘a contrario sensu’ y que están más en la línea de lo que opinan quienes son los actores más importantes, los padres.

Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que la sociedad no necesita tutelas, ni imposiciones, ni, por supuesto, ser conducida por el carril de los diferentes intereses políticos y hacerla subsidiaria del gobierno de turno, inculcándoles de esta manera un verdadero sentimiento de orfandad fuera del cobijo de ‘papá estado’.

En el Partido Popular abogamos por una sociedad adulta, ayudada en lo que necesite, apoyada en sus legítimos deseos, siempre dentro de lo razonable y lo factible y, en el caso de la educación, mucho más tratándose de la educación inclusiva, no podríamos defender otra cosa. La libertad y la justicia, junto a la vida, son los grandes derechos que hay que defender, siempre.

A las familias con miembros que sufran algún tipo de discapacidad no se les puede imponer que, sí o sí, sus hijos tengan que ir a colegios públicos y en aulas ordinarias, si ese no fuese su deseo. Hay que darles opciones, colegios de educación especial públicos y concertados, donde sus niños puedan tener la educación que necesiten de acuerdo a sus capacidades y donde la elección del centro por parte de la familia sea lo que prime.

Tienen derecho a que la sociedad les ofrezca todas las salidas posibles, en todas y cada una de sus etapas vitales, desde la cuna hasta la vejez, y hay que dar soluciones, más pronto que tarde, a las familias, a los padres, cuya mayor preocupación es qué va a ser de sus hijos cuando ellos se hagan mayores y, por ley natural, falten.

La perspectiva de este traslado forzoso que ahora quiere imponer el Gobierno socialista con sus socios de extrema izquierda, de trasladar a 35.000 niños con distintas discapacidades a aulas ordinarias, no ha hecho más que aumentar esta preocupación.

Ruth Vidriales, directora técnica de la Confederación de Autismo de España, opina que hay que avanzar en el sistema inclusivo, pero que, actualmente, en muchas de las comunidades autónomas no están garantizadas en las aulas ordinarias ni la educación especializada ni la atención individualizada que necesitan estos niños.

Los Centros de Educación Especial han demostrado que funcionan perfectamente para gran parte de los niños con discapacidad. Muchos de estos niños no se encuentran a gusto en los centros ordinarios; su aprendizaje suele ser más costoso, y no hablo económicamente. Hablo de capacidades intelectuales.

¿Somos capaces de imaginar la presión añadida que sienten los niños y la impotencia de los padres que les ven sufrir porque no llegan a la nota exigida? ¿Somos capaces de imaginar los problemas de autoestima o de ‘bullying’ que sufren estos niños?

En la Asamblea de Madrid se han presentado 180.000 firmas contra el cierre de los Centros de Educación Especial por parte de una plataforma de padres. Y yo me pregunto: ¿Por qué gastar recursos en desmantelar estos centros tan necesitados y que funcionan y no hacer ese mismo gasto en dotarles de más personal y más medios?

En el Partido Popular, llevamos en el ADN hacer políticas que den opciones a todos y cada uno de los ciudadanos. En Rivas, como no podía ser de otra manera, siempre estaremos a disposición y al lado de estas familias que desean tener capacidad de decisión sobre sus vidas y, sobre todo, las de sus hijos.

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