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Carlos Rodríguez, vicepresidente de la asociación Taxi Project

Carlos Rodríguez, vicepresidente de la asociación Taxi Project (foto: C.R.)

El gremio del taxi es noticia estos días en la Comunidad de Madrid por su rechazo a la aprobación de la ley que permite seguir operando en la región como lo han hecho hasta ahora las compañías de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Una de las personas que está al frente de las reivindicaciones del sector del taxi en la Comunidad de Madrid es el vecino ripense Carlos Rodríguez, vicepresidente de la asociación Taxi Proyect. “Esto solo lo paramos movilizando a la gente antes del mes de octubre”, afirma en conversación con Diario de Rivas.

Hace una semana, el pasado jueves 2 de junio, representantes del taxi fueron expulsados de la tribuna de invitados del Pleno de la Asamblea de Madrid en el que se aprobó la ley que regula el servicio de las VTC en la región. Ocurrió después de que protestaran y recriminaran la medida del gobierno regional cuando comenzó su intervención David Pérez, consejero de Transportes de la Comunidad, para introducir la citada modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes, que en opinión de Carlos Rodríguez y del sector que representa es ilegal. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene competencias, según el estatuto de autonomía, para crear leyes nuevas. Solo puede ejecutar la legislación nacional, y en este caso no solo crean una ley nueva, sino que lo hacen para esquivar una ley nacional”, asegura este taxista, vecino de Rivas.

Esa ley es el denominado ‘decreto Ábalos’ de 2018, real decreto aprobado entonces en el Congreso de los Diputados para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. El Gobierno de España concedió una moratoria de 4 años a las comunidades autónomas y ayuntamientos para ejecutar sus competencias y empezar a legislar en base a la citada ley, que establecía la prohibición de los trayectos urbanos para las VTC en base a distintos criterios que explica Carlos Rodríguez. “Hay una sentencia del Tribunal Supremo por la cual se establece que la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis (normativa de 1998) se ajusta totalmente a derecho por cuestiones de interés general, y además nunca han tenido licencia para este tipo de trayectos”, argumenta.

En la misma línea se expresa Vanessa Millán, portavoz de Podemos Rivas, formación que ha tenido un papel muy activo en las instituciones nacionales y regionales en lo referente al taxi y las VTC en el último lustro. “El Gobierno regional ha actuado de manera ilegal y arbitraria con el taxi al esquivar una ley estatal regulando una actividad sin tener competencias para ello puesto que no puede legislar al respecto”, dice Millán.

La moratoria del ‘decreto Ábalos’ concluye el próximo mes de octubre. “Por eso el Gobierno está haciendo todo tan rápido. Porque no tienen opción de sacar esta ley regional adelante si no es antes de octubre, y más teniendo en cuenta que queda muy poco de legislatura”, señala Carlos Rodríguez. “Así lo demuestra que en el anteproyecto de ley publicado en marzo elimina dos de los tres puntos de la misma: la parte sobre la capacitación de los conductores y el régimen sancionador. Tan solo habilita la actividad de las VTC. Sin ni siquiera unas normas específicas que regulen dicha actividad”, continúa. “Y encima se pasa por lectura única en la Asamblea de Madrid, un procedimiento que sirve para agilizar procesos cuando solo hay una parte afectada: aquí somos tres: las VTC, el taxi y la ciudadanía”, añade. Para Vanessa Millán, “es un paso más de la Comunidad de Madrid para liberalizar todo, como hacen con servicios básicos como la Sanidad o la Educación”, argumenta.

Pese a que la Federación Española del Taxi ya ha anunciado una posible denuncia a Isabel Díaz Ayuso por posible prevaricación, lo cierto es que las VTC pueden seguir realizando trayectos urbanos (con inicio y final en la misma ciudad) en la Comunidad de Madrid. “Tenemos claro que la vía judicial puede tumbar esta ley; el problema es que los procedimientos judiciales son largos y tenemos el tiempo en contra, nos iríamos como mínimo al año que viene. Por eso, esto solo se para movilizando a la gente de aquí a octubre”, señala el vicepresidente de Taxi Project.

Esta asociación se creó en 2019 para trabajar en defensa del sector que representa a nivel europeo desde ámbitos que otras asociaciones y federaciones del taxi no tienen tan desarrollados. “Nosotros no tenemos representación y nuestros asociados lo son de otras asociaciones del taxi también. Disponemos de cinco equipos de técnicos, abogados, economistas e informáticos y hacemos acciones en este sentido: denuncias, defensa de derechos, interlocución a nivel europeo, etcétera”, explica Carlos Rodríguez. En estos momentos, la Comunidad de Madrid es uno de los focos principales de la actividad de la asociación. Para Carlos Rodríguez, que las VTC pueden seguir operando en la región “no afecta tanto a nivel local en Rivas porque hay menos población y menos licencias, pero tiene un enorme impacto en una ciudad tan cercana a nuestro municipio como es Madrid y esto afecta a todos los ciudadanos, es una cuestión de interés general”, expone.

Por su parte, Vanessa Millán considera que “es una cuestión que va incluso más allá del taxi porque se están utilizando las instituciones públicas para legislar en favor de cuatro”, dice la portavoz de Podemos Rivas, que recomienda escuchar con atención a Carlos Rodríguez a todo aquel que quiera aprender sobre el sector del taxi y su actualidad. “Nadie sabe más del taxi que Carlos”, concluye.

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