Sede de la Policía Local de Rivas (©Diario de Rivas)

El último Pleno antes del parón estival fue el escenario de varios choques entre el Gobierno de Rivas Vaciamadrid y la oposición, que exigía explicaciones por la pistola de la Policía de Rivas perdida hace varias semanas y el registro de los armeros por parte de mandos policiales para tratar de localizarla.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Altares, compareció para informar de las circunstancias de la pérdida del arma perteneciente a la Policía Local de Rivas Vaciamadrid. Altares aseguró que el pasado 4 y 5 de julio recibió varios escritos, por parte de agentes de la plantilla de Policía Local, sobre los registros que se habían realizado en los armeros, y que el 5 de julio fue cuando tuvo conocimiento del extravío de la pistola «desde hacía varias semanas». De inmediato, narró el concejal, se ordenó la interposición de la correspondiente denuncia en la Guardia Civil y la apertura de una investigación; otra investigación a nivel interno, de información reservada, aún en curso; un informe de los hechos, sobre las circunstancias de la pérdida del arma y los registros de los armeros; y que se diera respuesta a las inquietudes planteadas por los agentes, cosa que se hizo mediante un escrito a la plantilla. «Tras una revisión con la nueva alcaldesa, se ordena una investigación reservada sobre la conveniencia o no de procedimiento disciplinario, y esta es la información de la que somos conocedores», resumió el edil.

Altares insistió en que la desaparición del arma es «un hecho que por su gravedad nos ocupa y nos preocupa a este equipo de gobierno», y anunció también que se establecerá un nuevo protocolo para la custodia de las armas de la Policía Local de Rivas. «Existe una realidad y es que ha existido una falta de rigor en los procesos de gestión y recogida y entrega del material, y tomaremos las medidas para que no vuelva a ocurrir», dijo Altares.

La oposición coincidió en señalar la «extrema gravedad» de la situación. Tanto el concejal no adscrito Bernardo González como la concejala de Vox, María Ángeles Guardiola, criticaron el hecho de que el concejal no tuviera conocimiento de la pérdida del arma hasta «varias semanas después» de que se detectara este hecho durante la revista periódica de armas reglamentarias. El portavoz de Ciudadanos, Jorge Badorrey, apuntó, reconociendo también la gravedad de la situación, que «son dos cosas que se tienen que esclarecer: quién es el último agente que tiene conocimiento del arma, y las circunstancias de la inspección de los armeros».

A su vez, el PP solicitó una interpelación, además de la información ofrecida por el equipo de gobierno en el Pleno. El concejal Francisco Gallardo pidió responsabilidades a la vicealcaldesa y portavoz del PSOE, Mónica Carazo; al propio Altares, al director general de Seguridad y al oficial al cargo por estos hechos. «¿Qué van a hacer si esa arma se ve envuelta en un delito grave, o si la Guardia Civil les sanciona como Ayuntamiento?», se preguntó. A su juicio, en su intervención el concejal «no ha aportado nada», y acusó al gobierno de «carencias absolutas de gestión y de control». «Si un agente de policía local es condenado a 3 años y 4 meses por un email, ¿en qué fecha tiene usted previsto dimitir?», concluyó.

La vicealcaldesa, Mónica Carazo, terció: «El concejal ya le ha dado toda la información que hasta la fecha tiene. En el momento en que tuvo conocimiento, puso la denuncia ante la Guardia Civil, pidió un informe sobre los hechos acontecidos y sobre la revisión de los armeros; y además que se diera respuesta a los agentes preocupados por la revisión de los armeros. Y por eso tienen un escrito de por qué se revisaron. Y como preocupa la revisión, por eso se protocolarizó. Hay denuncia ante la Guardia Civil que hace su propia investigación y se están dando las explicaciones con fechas y horas. Y una vez que se ha tenido conocimiento, se ha actuado ipso facto ante lo que reconocemos y compartimos que es un hecho grave».

Por su parte, el portavoz de IU-Equo-Más Madrid, José Luis Alfaro, indicó que «es un hecho grave aquí y en otro municipio», y agregó: «Podemos tener opiniones y meternos en la parte procedimental, pero pido que seamos respetuosos con el procedimiento que está en marcha».

En cuanto a la revisión de los armeros, Altares justificó que «el intendente jefe entendió que en el ejercicio de sus funciones podía hacerlo con la inmediatez con la que lo hizo Las armas reglamentarias y munición pertenecen a los ayuntamientos y para la comprobación y el control el jefe de la policía local está autorizado. Entiendo que han actuado de forma adecuada. Y si el expediente de información reservada dijera lo que tiene que decir, se actuará en consecuencia», concluyó.

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