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Labores de extinción del incendio del vertedero ilegal de la A-3, en 2015

Labores de extinción del incendio del vertedero ilegal de la A-3, en 2015 (foto: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid)

La Sección número 1 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Juan José Escribano y Jesús Callejón del delito contra el medio ambiente del que se les acusaba en relación con el vertedero ilegal que desarrollaron en el camino de la Leña, junto a la A-3, en el término municipal de Madrid. En él se produjo en junio y julio de 2015 un incendio que produjo daños a la salud a los vecinos de Rivas Vaciamadrid. Escribano ha sido condenado a una multa de dos meses y 29 días, y a una indemnización a los propietarios de las parcelas afectadas, por un delito de usurpación de dichos terrenos, donde desarrolló sus actividades. No así Callejón, que ha sido absuelto también de esta última acusación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Rivas, está fechada el 20 de mayo de 2021 y contra ella cabe recurso de casación. En el fallo, los magistrados reflejan que Callejón, de abril de 2008 a junio de 2010, y Escribano, de agosto de 2012 a julio de 2015, recepcionaron residuos sin clasificar en el camino de la Leña, cobrando por ello e ignorando las sanciones administrativas, lo que, a la postre, generó un vertedero incontrolado en una vaguada donde había un pinar, dentro del Parque Regional del Sureste, en la zona de ‘Las vegas, cuestas y páramos del Sureste’. Dicho basurero llegó a ocupar cinco hectáreas y a alcanzar cotas superiores a cinco metros de altura con residuos de construcción, así como elementos combustibles como plásticos, neumáticos, telas asfálticas, envases o aislantes de tejados y frigoríficos.

El 27 de junio de 2015, esta situación provocó un incendio que tardó en ser sofocado 17 días y que emitió gases tóxicos (monóxido de carbono, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico y amoniaco que afectaron a la salud de los vecinos de Rivas Vaciamadrid (cefaleas, picor de ojos y afecciones respiratorias leves). Los costes para la rehabilitación del territorio, sufragados por el Ayuntamiento de Madrid, ascendieron a 3,13 millones de euros.

En el fallo queda probado que el principal acusado, Juan José Escribano,  recepcionaba los vertidos en la finca ‘Basilio’ cobrando entre 20 y 50 euros por camión, vendía el material que podía y acumulaba el resto sin separación, ni control, en esa parcela y otras limítrofes. También que gestionaba un vertedero ilegal con residuos de todo tipo, incluidos algunos peligrosos, y sin clasificación de los mismos, tal y como demuestran los numerosos expedientes administrativos en su contra por su actividad ilícita. La sala acepta que su actividad pudo ocasionar daños a la calidad del aire, del suelo o de las aguas. Es más, acredita el posible daño al suelo por la filtración de lixiviados peligrosos a las aguas, el daño efectivo al pinar (que quedó sepultado por los residuos) y la contaminación del aire por el incendio.

No obstante, el tribunal no aprecia que su actuación provocase riesgos, según la literalidad del Código Penal que regía en el momento del incendio, ya que “se ha comprobado la posibilidad (riesgo) de un daño a la calidad del ecosistema (dada la configuración del terreno y de las aguas), pero que difícilmente puede ser calificado de sustancial o de gravemente perjudicial para el equilibrio del sistema natural o para la salud de las personas (…) por más que los habitantes de Rivas sufrieran molestias graves a causa de un incendio cuyo origen se desconoce”. Como argumento adicional, los jueces consideran como prueba de esa ausencia de gravedad que las administraciones conocían la existencia del vertedero ilegal y no detuvieron la actividad del acusado. Es más, los magistrados consideran que no había dolo por parte del acusado para afectar al medio ambiente, sino “ánimo de lucro” e “indiferencia” hacia los bienes puestos en peligro. Mientras, sí se considera probado el delito de usurpación de las parcelas utilizadas, por el que Escribano es condenado a dos meses y 29 días de multa, y al pago de una cuarta parte de las costas del juicio y de los costes de retirada de vertidos indebidamente arrojados en las parcelas afectadas.

En el caso de Callejón, el juzgado considera que no se ha podido probar que ejerciera su actividad más allá de 2010, cuando vendió la empresa bajo cuyo paraguas actuaba un tercer individuo, R. T.; ni que realizase vertidos ilegales fuera de la parcela en la que ejerció su actividad.

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha anunciado que el Cosistorio ripense está estudiando ya la posibilidad de recurso contra el fallo judicial.

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