Los bancos tendrán que pagar a partir de ahora el impuesto sobre actos jurídicos documentados, un gasto que, hasta ahora, corría por cuenta de los clientes cuando iban al notario a suscribir una hipoteca. La sentencia, que ha sido notificada a primera hora de este jueves y abrirá la puerta, previsiblemente, a cientos de reclamaciones en todo el país, es fruto de un litigio impulsado por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
El impuesto sobre actos jurídicos documentados es un tributo gestionado por las comunidades autónomas. En Madrid, se aplica un 0,5% del importe del préstamo hipotecario, por lo que la cantidad media, según relata ‘El País’, oscila entre los 600 y los 1.800 euros. Según informó este jueves el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en un comunicado, «el fallo del Alto Tribunal responde a un pleito entre la empresa municipal de vivienda de Rivas Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid, que había impuesto a la EMV el abono de este impuesto de las gestiones hipotecarias, considerando que las viviendas adquiridas por la misma superaban el tamaño que las tipificaba como VPO. Rivas llevó el caso ante el Alto Tribunal, que ahora ha sentenciado a favor de la empresa municipal, alterando de forma decisiva la actual jurisprudencia hipotecaria», indican desde el Consistorio.
La fundamentación de la sentencia, divulgada en la mañana de este jueves, dictamina que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, «que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca», informa el Ayuntamiento. De momento, ni las entidades bancarias ni los Gobiernos regionales se han pronunciado sobre la forma en la que la ciudadanía podrá reclamar ese importe, aunque se da por seguro que en las hipotecas que se suscriban a partir de ahora esa cantidad ya deberá ser abonada por las entidades financieras.
«Hemos conseguido que ahora, miles de trabajadoras y trabajadores obligados por los bancos a que la hipoteca forme parte de las escrituras de su vivienda ya no tengan que pagar ese impuesto por actos jurídicos documentados. Lo peleamos en los tribunales, la Comunidad de Madrid se alineó con los bancos, pero al final el Supremo nos ha dado la razón: eso lo tienen que pagar los bancos y no la gente», se felicitó Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas.
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