En los últimos meses se han multiplicado los locales alquilados o comprados por empresas que se dedican al negocio de las apuestas, un hecho que está preocupando a la ciudadanía por la posibilidad de que entren menores de edad y el ambiente que se crea en su entorno. Tal y como adelantó Diario de Rivas, el gobierno regional está ultimando los detalles de un decreto para regular este tipo de actividades que, según ha explicado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, “va a incluir varias medidas específicas”. Entre ellas, va a establecer un control de acceso físico en estos locales, tal y como sucede ya en casinos y bingos, para que personal de los establecimientos compruebe y garantice, a su entrada, que no acceda ningún menor de edad ni personas de colectivos vulnerables. También se sigue valorando determinar una distancia mínima de estos locales con respecto a centros educativos.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid incluirá en el Decreto que el 0,7 % de la recaudación de la imposición específica sobre el juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía. También se intensificará la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales, y se establecerá que las autorizaciones de funcionamiento del juego no serán transferibles, salvo que sea una persona física por mortis causa. Además, se exigirá que los locales de apuesta solo puedan ser explotados y gestionados por las empresas autorizadas por la administración autonómica.
Estas medidas se unen a las ya vigentes como la obligación de contar dentro del local con folletos e información sobre los lugares donde se puede acudir en caso de que se detecte algún tipo de patología relacionada con el juego. El decreto, que está previsto que entre en vigor tras su aprobación en el Consejo de Gobierno a principios del mes de abril, recoge algunas de las exigencias realizadas desde la recién creada asociación Stop Casas de Apuestas Rivas, que asegura que este tipo de negocios están suponiendo una “degradación de los barrios y del tejido social”.
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