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Ricardo Gómez, en su despacho del Ayuntamiento de Rivas

Ricardo Gómez, en su despacho del Ayuntamiento de Rivas (©Diario de Rivas)

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Ricardo Gómez, critica la «mala gestión» del Gobierno ripense —formado por los concejales de IU-Equo y Podemos—, y señala «falta de previsión» a la hora de confeccionar los presupuestos o programar acciones que afectan a la ciudad.

El primer ejemplo de esta «mala gestión» del Gobierno municipal es, según Gómez, la confección de los presupuestos municipales, «muy mal diseñados no ya en cuanto a lo que se invierte, sino desde el punto de vista técnico». Así, señala que en 2018 se hicieron 18 modificaciones de crédito sobre el presupuesto inicial. «Nos quieren vender que el presupuesto es un documento vivo, pero cuando a un documento le tienes que hacer 18 modificaciones, más bien nació muerto», apunta Gómez. «Nosotros hemos presentado 65 enmiendas a las cuentas municipales. Por un lado, creemos que la previsión de ingresos que recogen no se va a cumplir, no por la morosidad, sino porque no es realista, de hecho, el año pasado dejaron de ingresarse varios millones de euros por no enajenarse todas las parcelas que se había previsto vender a lo largo del año. Además, se prevé recaudar 2,5 millones por las plusvalías cuando se ha previsto 1,1 millones para hacer frente a las devoluciones que se reclamen, con el malestar vecinal que ya conlleva este asunto», prosigue el portavoz popular.

En cuanto a los gastos, desde el Grupo Municipal Popular critican «las subvenciones a determinadas entidades sociales, que parecen ya estar en nómina del Ayuntamiento; probablemente hacen un buen trabajo, pero llama la atención que siempre estén entre las beneficiarias de ayudas». «Se ha establecido como una cuestión casi vacacional que 15 jóvenes ripenses se vayan unos días al año a Palestina con concejales del Gobierno municipal», prosigue Gómez. Además, señala otros gastos a su juicio «innecesarios» y «desorbitados», como «3,5 millones para estudios y trabajos técnicos; un gabinete de prensa con 1,4 millones de presupuesto, incluyendo la impresión y la distribución de la revista municipal; servicios como BicinRivas, que solo cuenta con 130 usuarios, lo cual nos parece ‘un servicio poco público'». «Además, a los ripenses les ha costado 50.000 euros una encuesta de la unidad de transversalidad de género, en la que participaron 137 personas, y una formación para que el Ayuntamiento utilice el lenguaje no sexista; otros 36.000 euros acaban de destinarse a un contrato de servicios de marketing para vender la imagen de la ciudad, adjudicado a una persona próxima a IU; o 47.000 euros para la llamada oficina de derechos civiles, de la cual no dicen cuántos expedientes ha tramitado», dice Gómez.

En cuanto al personal municipal, «recibimos a diario quejas de los sindicatos referentes a la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento», prosigue Gómez, que opina que «hay departamentos muy sobredimensionados, como ocurre con el personal destinado a animación sociocultural, y otros con déficit de empleados, como atención al ciudadano o contratación». «Además, hay que desengrasar el Ayuntamiento, quitando asesores, directores de área y asesores personales», prosigue Gómez, que cree que es «sintomático» que exista en el Ayuntamiento de Rivas la figura del director general, «algo así como un alcalde en la sombra». Por último, el grupo municipal del PP asegura que existe «nepotismo» en el Consistorio ripense, «que después de tantos años con un gobierno de IU hace que el organigrama municipal parezca un árbol genealógico».

Mención aparte realiza Gómez de las «externalizaciones». «A nosotros la colaboración público-privada nos parece fantástica, porque es la única manera de sacar adelante determinados proyectos, pero ellos tratan de justificar lo injustificable; de hecho, se eliminó la comisión que se creó para la remunicipalización de servicios externalizados, como las escuelas deportivas o el spa municipal. De hecho, la mayor externalización», prosigue el portavoz del PP, «es la de los servicios que se encomiendan a Rivamadrid, una empresa pública que nos cuesta 50.000 euros al día». Gómez señala que otra de las comisiones creadas al comienzo de la legislatura que han desaparecido fue la de auditoría de la deuda, «una deuda que se triplicó entre 2010 y 2013 hasta superar los 120 millones de euros y que ahora, gracias a las leyes del Partido Popular, se queda en 68 y un horizonte de liquidación hasta 2023 si se cumplen las previsiones. Liquidarla es obligatorio; hay gente que ha podido cobrar precisamente por haber decuelto esa deuda a los bancos, por mucho que se dijera desde el Gobierno que había una parte de la deuda ilegítima», prosigue Gómez.

«Y luego está la falta de previsión», continúa el portavoz del PP en el Ayuntamiento ripense. «No existe el Plan Municipal de Inversiones que han querido vender, ni ninguna previsión de lo que se quiere hacer en la ciudad. Prueba de ello es que aún no se ha construido un nuevo cementerio municipal, y han tenido que arreglar la situación mediante un convenio con San Fernando», apunta Gómez. «Otro ejemplo es el barrio de la Luna, que continúa sin dotaciones ni servicios, o el acabado de la avenida de la Tierra, que no se va a hacer hasta mayo, curiosamente antes de las elecciones, porque hubo un problema con una instalación de gas a pesar de que el Ayuntamiento había dado por buena la obra de la promotora cuando la recepcionó», prosigue. A su juicio, el «crecimiento desmesurado» de la ciudad «exige una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de cuya mesa de debate con todos los grupos municipales aún no se sabe nada».

Por último, Gómez indica que en Rivas existe una «mala gestión de lo cotidiano». «Cada vez que nos envían una ordenanza, está mal redactada o es de difícil comprensión. Nosotros tratamos de contribuir corrigiendo esos fallos o realizando alegaciones en el período de exposición pública, que nunca son tenidas en cuenta», alega Gómez. «Cuando mi compañero Antonio de la Peña dice que hay un error, eso puede implicar que tenemos que realizar un gasto extra en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, donde una página puede costar 500 euros, de forma totalmente innecesaria, solo por haber hecho mal las cosas». «Y no es una crítica a los funcionarios, sino al concejal responsable de turno o al alcalde, que debe asegurarse de que todo está correcto», concluye.

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