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OPINIÓN

Janette Novo

Janette Novo

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

No es la primera vez que el ministro Alberto Garzón, que entró en el Gobierno con calzador creándole ad hoc un ministerio nuevo que es totalmente prescindible, arremete contra sectores económicos de vital importancia para España. Tal y como ha hecho con el turismo español, al decir que era un sector estacional, precario y de bajo valor añadido, ha atacado a los fabricantes de juguetes, a los de dulces y bebidas azucaradas, y ahora arremete contra una de las industrias alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación.

El ministro de Consumo de España, no ha dudado en afirmar en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados, unas declaraciones que son rotundamente falsas.

Ya son muchas las ocasiones y muchos los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por parte de un ministro que ha captado más titulares por sus ocurrencias que por su trabajo. La falta de competencias del Ministerio de Consumo queda patente si tenemos en cuenta que, de los 458.970 millones de euros de gastos previstos en los Presupuestos Generales del Estado en 2022, dicho ministerio es la cartera con menor dotación presupuestaria para desarrollar sus competencias, con aproximadamente 60 millones de euros.

Mientras el ministro invade competencias que no le corresponden, desatiende las suyas. Los consumidores españoles soportamos subidas desorbitadas del precio de la factura eléctrica sin que el ministro tome medidas al respecto; el IPC se dispara al 6,7% y la mayoría de los trabajadores y pensionistas sufren una importante pérdida de poder adquisitivo; sube la cesta de la compra de forma que muchas familias no pueden llegar a fin de mes; los consumidores sufrimos una espectacular subida de la gasolina, el diésel, el gas o la bombona de butano, lo que provoca que millones de consumidores sufran pobreza energética; la inflación se dispara dejando a muchos ciudadanos atrás; llevamos dos años utilizando mascarillas obligatorias y, a pesar de que el uso de las FFP2 se ha disparado un 126% con Ómicron, el ministro de Consumo las mantiene con un IVA del 21%, como hace también con el impuesto de peluquerías, luz y otros productos esenciales.

Tras el pacto con Unidas Podemos, en Moncloa se han instalado ministros intervencionistas que pretenden decirnos qué debemos comer, qué cantidad de azúcar tenemos que consumir y cómo deben ser los juguetes de nuestros hijos. En este caso, el ministro de Consumo de Sánchez lo que defiende es el modelo de consumo cubano, caracterizado por la miseria y una cartilla de racionamiento con la que se pasa hambre. Yo puedo dar fe de ello, y no porque haya ido de turista a un hotel de 5 estrellas. 25 años viviendo bajo la dictadura comunista me permiten tener un criterio sólido al respecto. El ministro de Consumo no puede decir lo mismo.

La izquierda de Rivas ha dicho que las declaraciones del ministro son un bulo de la derecha. Eso dicen cuando no tienen argumentos para refutar lo evidente.

También hace unos días tacharon de bulo que conocidos activistas de la izquierda ripense habían promovido y publicitado una cuenta en redes sociales llamada Explotadores de Rivas para identificar y señalar a empresas que, según ellos, vulneran los derechos de los trabajadores. Ya no son necesarias las inspecciones de trabajo ni los jueces para verificar la veracidad de las acusaciones porque tenemos a una parte de la izquierda que se cree con derecho a perseguir y juzgar empresarios. Al igual que Garzón, atacan a quienes generan empleo y prosperidad.

Desde el Partido Popular consideramos que debe eliminarse de inmediato el innecesario ministerio y a su titular por sus reiterados ataques malintencionados e injustificados a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria.

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