Chabolas entre la Cañada y la M-50 (©Planeta Rivas)
El gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid aprobó a finales del pasado mes de julio un nuevo protocolo de actuación para combatir los asentamientos ilegales en el municipio, con el objetivo de «actuar con contundencia contra quienes rompan la legalidad urbanística, pero también con transparencia y con todas las garantías legales para los afectados», en palabras de la responsable de Urbanismo, Ana Reboiro.
Hasta ahora, las actuaciones municipales para derribar construcciones ilegales en Rivas no contaban con un protocolo público que recogiera los pasos a seguir en estos casos, si bien siempre se ha actuado conforme a la legalidad. Ahora, el Ayuntamiento de Rivas da un paso más y prevé las medidas a adoptar a la hora de abordar esta problemática, que busca «evitar que cualquiera pueda levantar una construcción en un lugar inadecuado y hacerse fuerte», explica la edil.
El documento establece como objetivo armonizar las actuaciones de disciplina urbanística y de persecución de infracciones o delitos con las medidas «que armonicen la utilización racional y sostenible del territorio con derechos básicos de pobladores que se encuentran en situación de pobreza extrema y exclusión social». Además, las demoliciones urgentes en el entorno de Cañada Real (asentamiento ilegal cuyo margen este corresponde al término municipal de Rivas a lo largo de varios kilómetros) se han vuelto cada vez más frecuentes para evitar que aparezcan nuevos focos chabolistas.
Así las cosas, el nuevo protocolo insta al Gobierno local a ordenar la demolición «inmediata» de construcciones, vallas, chabolas o asimilados que se comiencen a construir, «con independencia de su uso», y de aquellas otras que ya estén concluidas y no constituyan domicilio. También se demolerán aquellas construcciones «en las que se haya intervenido judicialmente por presuntos delitos relacionados con la seguridad o la salud pública». En caso de que vivan personas en estas edificaciones, y una vez concluida la tramitación del correspondiente expediente de disciplina urbanística, se solicitará autorización judicial para su demolición y, además, se pedirá un informe a los servicios sociales municipales para que estudien la situación de los moradores, de cara a estudiar los recursos disponibles de alternativas de vivienda.
El expediente de demolición podrá ser suspendido, en caso necesario, hasta que se adopten las medidas necesarias para dotar de una solución habitacional a los moradores de la construcción. De esta forma, según Reboiro, el protocolo «armoniza la contundencia en las actuaciones de disciplina urbanística con las garantías sociales para quienes viven en estas edificaciones por carecer de otra alternativa».
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