Rivas denuncia coacciones a familias vulnerables de Cañada Real para que renuncien a ser realojadas y se queden en el asentamiento

Los realojos de los sectores 4 y 5 de la Cañada Real, los que a día de hoy lindan con Rivas Vaciamadrid —hasta que la situación cambie cuando sea efectivo el cambio de lindes entre el municipio ripense y la capital—, están arrancando con dificultades. El Ayuntamiento de Rivas ha denunciado este jueves «presiones a familias vulnerables», en forma de visitas a domicilio «intimidatorias», para que renuncien a las viviendas sociales que les han ofrecido. Según fuentes municipales, dos familias realojadas han denunciado ya «coacciones» para que rechazasen esa alternativa habitacional y se quedaran en la Cañada.

Han pasado ocho años desde la firma del Pacto de Cañada Real, durante los cuales las administraciones han planificado los realojos necesarios para avanzar con el acuerdo alcanzado en 2017. Hace un año, en abril de 2024, todas las administraciones implicadas —Delegación del Gobierno en Madrid, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid— suscribieron un protocolo para destinar 330 millones para realojar hasta a 1.600 familias de Cañada Real que tuvieran derecho a una vivienda social hasta 2034. Y, una vez con dinero disponible, se dio comienzo a la tarea: comprar pisos distribuidos en distintas zonas de la región e ir asignándolos a familias en situación de vulnerabilidad.

Así empezó a hacerlo hace varios meses, también, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Guiados por los informes de servicios sociales, los realojos de familias de Cañada empadronadas en la ciudad, en los sectores 4 y 5, dieron comienzo, comenzando por aquellas más vulnerables. Sin embargo, desde el pasado mes de diciembre, algunas familias que ya habían acordado su realojo se echaron atrás en pleno proceso, con la vivienda ya asignada. A día de hoy, según fuentes municipales, la mitad de la docena de los realojos de Cañada Real que se han tramitado han resultado fallidos. Concretamente, rechazados por los propios interesados, «después de recibir visitas intimidatorias en sus viviendas por parte de grupos organizados. En esos encuentros, se les instaba a rechazar las alternativas habitacionales ofrecidas, con el fin de prolongar su estancia en la Cañada en condiciones precarias y se les recomendaba contratar a un despacho concreto de abogados», denuncia el Consistorio en un comunicado. Y «a pesar de que en algunos casos les suponía pagar por una vivienda normalizada menos de lo que están pagando ilegalmente al supuesto propietario de su infravivienda actual», agregan fuentes municipales.

Ahora, esas viviendas se encuentran a la espera de nuevos adjudicatarios, y las familias que las han rechazado no podrán optar a ninguna vivienda social durante los próximos diez años, tal y como fija la normativa. Una situación que preocupa, y mucho, al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, al que le constan al menos dos denuncias por coacciones en las que los servicios municipales se personarán, si es necesario, en los procedimientos judiciales que se deriven de ellas. Entretanto, ofrece «asesoramiento legal y acompañamiento social» a las personas que denuncien este tipo de presiones. «Entendemos que haya familias que no quieran ser realojadas, pero nos preocupa que familias que quieran acceder a una vivienda digna renuncien a ella por este motivo», apunta el portavoz del Gobierno ripense, José Luis Alfaro.

La situación en la Cañada Real, especialmente en el sector 4 pero también, aunque en menor medida, en el 5, es «tensa», tal y como la definen a este digital fuentes vecinales. Tanto, que algunas familias han hecho la mudanza hacia su nuevo hogar de madrugada, «para evitar represalias», apunta el Ayuntamiento. La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, y el comisionado ripense para la Cañada Real, Pedro del Cura, han trasladado el problema en la reciente Asamblea de Cañada Real, y también, en diferentes reuniones, a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, además de partidos políticos, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, para pedir que se cree un Consorcio formado por las diferentes administraciones para agilizar los realojos.

Manifestación este domingo

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha notificado cientos de expedientes de disciplina urbanística en la zona (entre 300 y 400, según los vecinos), en coherencia con su posición histórica sobre la Cañada Real: a saber, que debe ser desmantelada, al tratarse de un foco de ilegalidad y exclusión social, y recuperada como zona verde tras facilitar a quien se encuentre en situación de necesidad el acceso a una vivienda digna. Algo que choca con la idea de «barrio» que defienden varias organizaciones, entre ellas una asociación nueva, Barrio Unido, en el sector 4, y que pretenden defender la Cañada «como se ha hecho históricamente con otros barrios de Madrid».

Este domingo, 6 de octubre, está prevista una manifestación de Cañada Real en Rivas Vaciamadrid, cuyo recorrido, formado por dos columnas, concluirá en el Ayuntamiento ripense. La convocan, además de la nueva asociación Barrio Unido, la Asociación de Vecinos Cañada Real Merinas, de los sectores 2 y 3, situados más al norte; el Grupo de Afectados Zona Sin Asfaltar Sector 6, y la Plataforma Cívica Luz para la Cañada. Según reza el cartel, apoya la Asociación de Vecinos del Sector 5, aunque existe una división entre sus miembros, según fuentes vecinales, respecto a este tema. La Asociación de Vecinos del Sector 4 de la Cañada, la que lleva décadas trabajando en la zona, no apoya la movilización, puntualizan los convocantes, que piden «luz contratos y mesa de seguimiento, stop vertidos y derribos ilegales y cese de las coacciones», según un comunicado de la plataforma.

El motivo de dicha movilización, según Miguel Martín, un miembro de la asociación de vecinos del Sector 5 que sí apoya la iniciativa, es defenderse del «acoso y amenazas de derribo» que, asegura, «llevamos recibiendo en la Cañada los vecinos de este barrio por parte del Ayuntamiento de Rivas». Las entidades convocantes insisten en esta idea, la de «barrio» formado por «autoconstrucción pacífica de viviendas sobre una vía pecuaria en desuso» habitado por «personas con una grave vulneración de derechos». Martín defiende que la Cañada se quede «como está, pero mejor», en referencia a que cuente en el futuro con asfaltado en todos sus tramos, suministro de luz avalado por una resolución del Consejo de Europa (aunque se cortó el suministro hace cinco años, a día de hoy hay luz, aunque con cortes, en el sector 5) y todos los servicios de los que carecen por «omisión continuada y culpable de los poderes públicos». «Por supuesto que no vamos a defender lo indefendible, como que haya casas encima de gasoductos, o la delincuencia. Pero si aquí hay casas precarias, sería mejor destinar el dinero a mejorarla que a los realojos, aunque entendemos que haya personas que los quieran», asegura este vecino, que tilda de «mentira» la denuncia de las coacciones a las familias para que rechacen una vivienda social.

Asimismo, los convocantes que «el plan de realojos es un plan de desalojos forzosos» coincidiendo con el avance de los desarrollos del Sureste de Madrid y niegan que la Cañada sea «un problema de ocupación ilegal y delincuencia».

Otro miembro de la Asociación de Vecinos del Sector 5, dice, por su parte, no estar de acuerdo con algunos aspectos de la movilización. «No me parece bien que sea contra el Ayuntamiento de Rivas, que es el único que siempre ha dicho que debíamos tener acceso a la electricidad», dice. Este vecino aboga por un estudio de detalle que determine qué construcciones de Cañada pueden consolidarse y cuáles derribarse, y asegura que «la relación entre nuestra asociación y el Ayuntamiento de Rivas es cordial, y vamos avanzando hacia alguna solución». «El problema ha venido por los últimos realojos del sector 4, donde hay personas que dicen a las familias que tienen que luchar por quedarse en Cañada, y les recomiendan que un bufete de abogados les lleve el proceso», explica García.