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OPINIÓN

Vanessa Millán

Vanessa Millán

Portavoz de Podemos y concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

El Partido Popular de la con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, anunciaba a finales de mayo que entre las medidas para “reactivar la economía” en la Comunidad de Madrid, se encontraba su anteproyecto para modificar la Ley de Suelo. Una vez más, el Partido Popular volvía a apostar por la especulación, el ladrillazo y la burbuja inmobiliaria: nada nuevo bajo el sol.

Nada han aprendido durante esta crisis de la necesidad de blindar nuestros servicios públicos en sanidad, en educación, de garantizar el empleo, de proteger nuestros espacios… Con esta reforma de la Ley del Suelo quieren introducir por la puerta de atrás su liberalización, facilitando construir al margen del control urbanístico y ambiental, algo con lo que también Vox y su portavoz, Rocío Monasterio, se sienten muy identificados.

Y, por si esto fuera poco, Isabel Díaz Ayuso ha optado por un camino completamente antidemocrático tramitando la reforma por la vía de urgencia y negando de esta forma el debate político y el debate público sobre la misma. Por este motivo, además de las alegaciones presentadas desde Podemos, nos sumamos al manifiesto contra la Ley Ayuso firmado por diversas organizaciones y partidos políticos solicitando al Gobierno de la Comunidad de Madrid, la retirada de la ley y la apertura de un proceso participativo con los grupos parlamentarios y partidos políticos, los sindicatos, los colegios y asociaciones profesionales, la FRAVM y las entidades sociales interesadas, así como con los ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, con el fin de consensuar un nuevo texto.

En el ámbito local nos afectará de forma notable, ya que esta nueva reforma elimina la supervisión por parte de los ayuntamientos para la “conversión” de la utilidad de un edificio. Esto implica que los grandes tenedores de viviendas podrán declarar un bloque de pisos de uso turístico con mucha facilidad, afectando a la convivencia del barrio de manera sustancial.

Otro factor importante es que puede afectar al derribo de bienes inmuebles patrimoniales que no estén registrados (y esto ocurre frecuentemente en los municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en los más pequeños que carecen de recursos). Además de la necesidad de aumentar los medios de inspección puesto que los usos ilegales aumentarán de forma notoria.

Desde Rivas sabemos que ante cualquier cambio tan trascendente es necesaria otro tipo de política. La formula es muy sencilla y pasa por legislar ofreciendo transparencia a nuestra ciudadanía, pasa por no robar los fondos públicos, pasa por apostar por modelos de empresas públicas de vivienda como la EMV de Rivas y pasa por hacer política facilitando la participación de la ciudadanía, de la oposición y de las entidades que conforman nuestra sociedad. No es un trabajo fácil, en Rivas lo sabemos, pero ahora más que nunca es importante remar todos a una.

La ciudadanía madrileña se merece algo más que repetir una fórmula fracasada que abandona el cuidado de medio ambiente, que aumenta las desigualdades sociales y que pone por delante los beneficios de los grandes lobbies frente a la vida. Es la hora de construir una Comunidad de Madrid más sostenible respetando nuestro entorno. Es el momento de decirle al PP que la solución no está en el ‘ladrillazo’. Es el momento de poner encima de la mesa políticas públicas que apuesten por seguir el Pacto Verde Europeo. Y entre todas lo vamos a conseguir.

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