La indignidad de la amnistía

En esa iniciativa pedimos al PSOE local que, en el seno de su formación, instara a la búsqueda de acuerdos de Estado que evitaran que la sociedad española se viera sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral, y les solicitamos que no pusieran millones de votos constitucionalistas en manos de unos pocos separatistas, pero los socialistas del municipio votaron en contra de nuestra moción.

A día de hoy, continúan negociando con los independentistas una amnistía y un referéndum del que siempre renegaron y que ahora están dispuestos a conceder para mantenerse en el poder tras perder las elecciones. Sánchez cederá al chantaje de los independentistas, y con ello habrá engañado y estafado a sus votantes porque cuando se presentó a las urnas ocultó sus intenciones, dispuesto ahora a hacer justo lo contrario de lo que prometió.

En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello mientras que, tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen pendientes resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España.

En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores.

 El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. El principal de los responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero. Desde entonces trata de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre, Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de extremada gravedad.

Pedro Sánchez, entre otros ministros juristas de su Gobierno como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía, pero algo cambió: ¡perdió las elecciones!

Y la amnistía ha pasado de no caber en la Constitución ni en la democracia a tener un precio. En un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo, a ojos del mundo, a una dictadura, y blanquear la sedición que se llevó a cabo, en definitiva, un inasumible precio para cualquier gobernante, y que está causando una profunda conmoción social.

Las minorías no tienen derecho a imponer los privilegios que pretenden. Con el 1,6% de los votos, Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez, que se está vendiendo a unas formaciones cuya única ideología es el resentimiento contra esa España que en la Transición nos dimos entre todos. Nos está devolviendo a lo peor de nuestro pasado, a los dos bandos. Está trasladando a toda España los males de la política nacionalista, la que en Cataluña ha provocado la ruptura de la convivencia, enfrentando a las familias y a los amigos.

La coherencia, el sentido de Estado, la defensa de las instituciones y de la Constitución son incompatibles con Pedro Sánchez. Defender la igualdad de los españoles va más allá de las siglas de una u otra formación política.  Los intereses generales y el respeto a la ley tienen que estar siempre por encima de cualquier ambición personal, pero Sánchez ha demostrado que está dispuesto a gobernar a cualquier precio, que aceptará ataduras, chantajes y concesiones a cambio de seguir en la Moncloa.

La amnistía es grave, pero más grave aún es usarla como trueque para una investidura, como pago del presidente del Gobierno en funciones a un político fugado de la Justicia a cambio de su voto para mantenerlo en el poder. Es ilegal desde el punto de vista jurídico, una aberración democrática desde el punto de vista político y una indecencia desde el punto de vista moral.