Janette Novo
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Bajo el eslogan de «Rivas, párate a pensar», el Gobierno municipal de izquierdas orquestó un relato prefabricado para intentar justificar lo que fue una cacicada: la paralización de las licencias de construcción. Nos vendieron un supuesto espacio de reflexión para proteger el bienestar de los ripenses y garantizar las infraestructuras. Sin embargo, la realidad ha demostrado que aquella campaña no fue más que un trampantojo político y un proceso fraudulento en el que apenas participó un exiguo 14% de los vecinos. Un simulacro democrático diseñado con un único objetivo de supervivencia política: utilizar el urbanismo como herramienta de control electoral.
El Partido Popular denunció desde el primer momento que la consulta carecía de las más elementales garantías legales, saltándose la obligación de ser aprobada por la mayoría absoluta del Pleno y sirviendo solo para blanquear una decisión arbitraria. El resultado real de su sectarismo está a la vista. En los cinco años que han tenido la ciudad prácticamente paralizada, ahuyentando la inversión, la única consecuencia ha sido el estrangulamiento de la oferta y una subida histórica de los precios. Rivas Vaciamadrid se ha convertido en el municipio de la corona metropolitana donde más se ha encarecido la vivienda, expulsando a nuestros propios hijos de la ciudad porque no pueden permitirse un hogar.
Lo verdaderamente insultante es la monumental incoherencia de este Ejecutivo. Durante años justificaron su parálisis argumentando de manera demagógica que el municipio carecía de infraestructuras, colectores, tanques de tormentas, colegios, centros de salud o accesos necesarios para soportar el crecimiento poblacional. Y ahora, por la puerta de atrás y a toda prisa, promueven la construcción de 524 viviendas protegidas de alquiler de precio limitado (VPPL) repartidas entre las parcelas de Trece Rosas, Picos de Urbión y José Hierro.
Cualquier vecino con sentido común se tiene que hacer hoy la misma pregunta: ¿Es que las infraestructuras de Rivas se saturan si la vivienda es libre y privada en régimen de compra, pero milagrosamente no se saturan si los pisos son de alquiler? ¿Acaso los cientos de nuevas familias que vendrán a vivir a estos bloques no van a necesitar colegios, centros médicos, transporte o agua?
La respuesta a este sinsentido es puramente electoral y destapa la ingeniería social que practica la izquierda de este municipio. El Gobierno local utiliza el urbanismo como un grifo que abre y cierra a su conveniencia partidista. Bloquearon las licencias en 2021 para asegurarse de que no se empadronaran nuevos vecinos antes de los comicios de 2023, y mantienen el freno de mano echado para moldear el censo de cara a 2027. Para ellos, el crecimiento sostenible solo existe si sirve para asegurar los votos de su “aldea gala”.
La trampa es doblemente sangrante si miramos los pliegos de estas 524 viviendas. Mientras hacen oposición frontal a los modelos de colaboración público-privado en otras regiones, aquí firman una cesión de suelo público mediante derecho de superficie a 75 años. Privatizan la gestión de parcelas de todos los ripenses durante tres generaciones para regalarle el 100% del negocio del alquiler a una promotora o fondo de inversión privado. Y todo para acabar ofreciendo precios de hasta 900 euros al mes que exprimirán el bolsillo de las familias bajo el sello de «vivienda pública».
A este Gobierno de izquierdas se le ha quedado grande Rivas. Frente a su modelo intervencionista y restrictivo, el Partido Popular defiende una ciudad abierta, moderna, próspera y con seguridad jurídica. Rivas necesita vivienda protegida y libre, pero gestionada con verdad, rigor técnico y respeto a los barrios. Es hora de poner fin a estos montajes propagandísticos a costa del patrimonio de los ripenses y de dejar de utilizar el urbanismo como herramienta de campaña.
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