Un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid sobre la Cañada Real concluye que los cortes del suministro eléctrico han aumentado la precariedad y los casos de pobreza energética extrema entre la población. Según el documento, el de la Cañada Real “parece con bastante verosimilitud que se trata del caso de desconexión global más amplio registrado en Europa en décadas”.

Durante los últimos tres años, investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han llevado a cabo un completo estudio sobre la realidad energética y socioeconómica de la Cañada Real. El resultado es un informe pionero que retrata los cambios sufridos en el modo de vida de sus pobladores, ya de por sí precario, desde los primeros cortes en el suministro eléctrico en otoño de 2020.

El desabastecimiento energético de la Cañada se debe a la irregularidad o alegalidad de sus viviendas. Esta situación impide a las familias obtener contratos de suministro de servicios, al no contar con una cédula de habitabilidad, siendo los enganches ilegales una de las pocas formas de obtener electricidad.

Ante esta situación, tal y como recoge el documento, la compañía Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy), decidió implementar cambios técnicos en la red para detectar e interrumpir el flujo en caso de sobrecorriente. Una decisión que, en octubre de 2020, finalizó con el aislamiento energético de los sectores 5 (entre Rivas y Madrid) y 6 (Villa de Vallecas, Madrid) de la Cañada Real.

El informe, que se empezó a realizar por encargo de la Comunidad de Madrid antes de esta fecha, buscaba analizar las complicadas condiciones de vida de las familias residentes en el mayor asentamiento irregular de Europa, sin prever los problemas de suministro a los que se tendrían que enfrentar.

Aprovechando las circunstancias, se ha podido establecer una comparativa entre la realidad anterior y posterior a los cortes. La conclusión es clara: las deficiencias energéticas han empeorado considerablemente las condiciones de vida en la Cañada, en concreto, en los dos tramos mencionados que aún sufren graves carencias o incluso ausencia total de suministro, como es el caso del sector 6.

“Se ha producido un aumento de la precariedad y la aparición de casos de pobreza energética extrema difícilmente encontrables en otras zonas de la Unión Europea”, asegura el estudio.

La pobreza energética sufrida por las familias de la Cañada se suma y agrava la frágil situación socioeconómica de la población. La encuesta realizada a las familias revela que hasta un 78% de las mismas cobra algún tipo de ayuda de la administración, siendo la más habitual el conocido como Ingreso Mínimo Vital para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Una de las consecuencias principales de la falta de energía es la repercusión directa en la capacidad para mantener condiciones térmicas adecuadas dentro de las viviendas. Los datos muestran que, antes de los cortes, un 85% de las familias que integran el estudio dependían de sistemas de calefacción eléctricos.

Después de otoño de 2020, la mayoría de hogares se han visto obligados a recurrir a métodos alternativos como generadores diésel, chimeneas de leña o sistemas a base de gas butano. Todos ellos, sistemas que dependen de materiales costosos y finitos.

A estas deficiencias en los sistemas de calefacción, hay que añadir la baja calidad de construcción de las viviendas que dan lugar a condiciones insalubres en la mayoría de hogares. Las mediciones realizadas en los últimos años han llegado a registrar, en las habitaciones de más uso de las casas, temperaturas inferiores a los 10ºC en invierno y superiores a los 40ºC en verano.

Soluciones planteadas por el estudio

La investigación concluye que los sectores 5 y 6 de la Cañada se encuentran en un momento de “emergencia energética” ante el que se deben tomar medidas urgentes y duraderas en el tiempo.

Estas medidas deben comenzar a aplicarse de forma inmediata mientras se espera la llegada de “una solución habitacional definitiva”, que debería pasar, bien por la estabilización y legalización de los hogares en estado irregular, bien por el realojo de la población.

Apelan a las administraciones competentes (el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid), así como a la empresa responsable del suministro a acometer dichas medidas para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo Regional para Cañada Real (2017).

Entre estas posibles soluciones se encuentran el fin inmediato de la desconexión eléctrica o la promoción de sistemas alternativos como instalaciones de autoconsumo colectivo basadas en la energía fotovoltaica.

No obstante, se entiende que estas políticas se encontrarían ante dificultades legales y administrativas, por lo que se proponen medidas complementarias y transitorias como ayudas económicas para la adquisición de gas y leña o el aislamiento y rehabilitación de viviendas en mal estado.