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Janette Novo

Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda se aprobó de espaldas a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de la construcción y rehabilitación y gestores de vivienda.

Esta ley supone un ataque a la libertad y a la hucha de las familias, y preocupa a propietarios e inquilinos por igual. Penaliza al poseedor de una propiedad inmobiliaria y vulnera el derecho a la propiedad.

La ley establece una intervención de la administración en los contratos de arrendamiento de vivienda en los inmuebles que se ubiquen en las zonas que se declaren como “zona de mercado residencial tensionado” y recoge el establecimiento de un índice de referencia de precios para los alquileres, que se ha aprobado pese al riesgo de inconstitucionalidad de la ley, sin un mínimo estudio y análisis de su impacto sobre la oferta de vivienda y el precio de los alquileres.

En la práctica, la intervención del mercado del alquiler ha demostrado que inevitablemente se agravan los problemas de oferta, como ocurrió en experiencias fallidas como la de Cataluña, que intervino los precios en 2022. Un estudio del Centro de Políticas Económicas constató que la norma redundó durante el año y medio en que estuvo vigente en una subida del 12,7% en las rentas de los pisos más baratos, debido a la contracción de la oferta, porque no pocos propietarios, ante la inseguridad jurídica, retiraron sus viviendas del alquiler, pusieron sus viviendas a la venta o las destinaron a alquiler turístico o de temporada.

La decisión de la declaración de zona tensionada y la consiguiente aplicación del índice de referencia son competencia de las comunidades autónomas, a solicitud de los ayuntamientos, que deberán justificarlo mediante un proceso preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo, los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el tiempo, que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada.

Una vez declarada la zona como tensionada, se produciría la intervención forzosa de los precios del mercado de alquiler, aplicando los decididos unilateralmente por el gobierno central. 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha anunciado que pretende solicitar que se declare el municipio como zona tensionada cuando el único responsable de que en nuestra ciudad se hayan disparado los precios del alquiler es el gobierno formado por IU y PSOE. Y lo han conseguido con la paralización en el año 2021 de las licencias de construcción, expulsando con esa decisión a nuestros hijos que no pueden permitirse una vivienda en Rivas Vaciamadrid, mientras muchos de ellos especulan con la vivienda e incrementan sus patrimonios.

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Lo que se necesita no es una declaración de zona tensionada, lo que hace falta es un marco de seguridad jurídica para el propietario y el inquilino, modelo que defiende el PP, e incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler en la ciudad, aumentando la oferta desde la movilización del suelo por las administraciones públicas. Planes como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, están demostrando que es posible generar miles de viviendas de alquiler asequible, significativamente por debajo del mercado, sin comprometer ingentes recursos públicos, en colaboración público privada, y en viviendas de alta calidad y eficiencia energética.

Las experiencias conocidas de intervención del mercado han tenido como resultado una disminución de la oferta y un aumento de los precios, muy lejos del objetivo del Partido Popular, que es procurar el acceso de nuestros jóvenes a viviendas a precios asequibles.  La intervención del mercado lejos de solucionar el problema de la vivienda es una nefasta propuesta con pésimas consecuencias para los ciudadanos.

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