El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid, con la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Rivas, a indemnizar con 15.000 euros (7.500 cada institución) a la persona propietaria de una infravivienda en Cañada Real derribada en noviembre de 2022.
La Fundación Secretariado Gitano, que ha dado apoyo en el proceso a la persona demandante, hizo pública esta sentencia dictada el día 30 de septiembre tras concluir el período para presentar recursos sin que hayan interpuesto alguno la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas.
La fundación explica en una nota pública que en noviembre de 2022 se derribaron cuatro infraviviendas en el sector 4 de Cañada Real, dentro del término municipal de Rivas, en las que vivían familias gitanas. Estas infraviviendas, explican fuentes del Ayuntamiento de Rivas, fueron derribadas por orden de Markel Gorbea, comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid en el momento de los derribos (cesó de su cargo en primavera de 2023).
Para Secretariado Gitano, el derribo se acometió “cumpliendo una decisión arbitraria del Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid y sin darle oportunidad alguna (al demandante) para ejercer sus derechos”.
El Ayuntamiento de Rivas hace hincapié en que no tiene nada que ver con la apertura del expediente de los derribos, que fueron decisión del comisionado de la Comunidad. Insiste en que su participación se limitó a ayudar a lo que la Comunidad de Madrid solicitó, “como hace siempre el Ayuntamiento”, que fundamentalmente fue, según el consistorio ripense, en tareas de recuperación de enseres de valor por si aparecían posteriormente sus propietarios y los querían recuperar.
Desacuerdo en las circunstancias de los derribos
No están de acuerdo el Secretariado Gitano y el Ayuntamiento en las circunstancias de los derribos de noviembre de 2022. La entidad social asegura que se aprovechó la ausencia de los inquilinos “durante unos días”, y fuentes del Ayuntamiento de Rivas explican que las personas inquilinas de dichas infraviviendas estaban «desaparecidas». “No vivía formalmente nadie en ellas”, apuntan.
Además, fuentes municipales también explican que la persona demandante nunca se puso en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento para solicitar su derecho a un realojo o cualquier otra cuestión. Sí lo hizo, informan fuentes municipales, una de las otras familias cuyas infraviviendas fueron derribadas entonces. Dicha familia fue realojada en una vivienda de otro municipio de la región con la tutela del Ayuntamiento de Rivas.
En todo caso, el Ayuntamiento de Rivas asegura que los cuatro expedientes de derribo “se hicieron de manera acorde con la normativa”. No en vano, recalcan desde el consistorio, la sentencia que obliga a la Comunidad y al Ayuntamiento de Rivas a indemnizar con 15.000 euros al demandante es por no haber entregado la notificación correspondiente antes de proceder al derribo, que se ajusta a derecho según la sentencia, según explican fuentes del consistorio ripense.
Por su parte, Secretariado Gitano celebra la sentencia. “Ha sido contundente a la hora de afirmar que los derribos no fueron realizados en cumplimiento de las atribuciones legales de la administración, pues no pueden ejercerse en contra de lo que dispone la Constitución y las leyes”. La entidad denuncia que los derribos “se producen en un contexto de discriminación estructural contra las personas gitanas”. Desde el Ayuntamiento de Rivas lo niegan: “El objetivo en Cañada Real es el desmantelamiento gradual para erradicar el chabolismo garantizando el acceso a una vivienda digna, como defendemos siempre desde Rivas, con independencia del origen de las familias”.
El Ayuntamiento señala también que todos sus movimientos se hacen de acuerdo a lo firmado en el protocolo de realojos en abril de este año: un acuerdo entre instituciones para realojar a 1.600 familias de Cañada en los próximos 10 años.
Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, asegura “tener la esperanza de que estas graves violaciones de derechos humanos no vuelvan a repetirse”. Giménez insiste en que “no se pueden derribar viviendas sin cumplir el procedimiento legalmente establecido y sin asegurar una alternativa habitacional, que además tiene como consecuencia la pérdida de su derecho al realojo”. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid insiste en que la persona demandante no solicitó dicha alternativa, algo que sí hizo otra de las cuatro familias cuyas infraviviendas en el sector 4 de Cañada Real fueron derribadas en noviembre de 2022.
Otra metedura de pata del Ayuntamiento, que por no hacer bien su trabajo, procediendo a la correspondiente notificación previa, nos va a suponer un dinero que va a salir directamente de nuestro bolsillo.
Ya tendrán para pagar la luz y donar el resto a la causa palestina
Alucinante. El mundo al revés.
Que vayan a poner los zapatos en Opera.Alli vive Errejon
En Rivas ya somos muy solidarios