OPINIÓN
Bernardo González
Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
La vivienda y la educación no se pueden usar de forma partidista, hay que hacer política útil con ellas y llegar a acuerdos que mejoren la vida de los vecinos. Justo lo contrario a lo que está ocurriendo en nuestro Ayuntamiento en los últimos meses.
Nuestro alcalde ha decidido iniciar una guerra mediática contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Un pulso que no parece destinado a obtener un acuerdo, sino a situar a Pedro Del Cura como el alcalde más guerrero del mapa mediático de nuestra comunidad.
Tiene cierta gracia que Del Cura aparezca en los medios dibujando a Rivas como la “aldea gala de la izquierda”, pero olvida que Rivas no necesita folclore, necesita soluciones.
Es necesario llegar a un acuerdo urgente para reforzar las instalaciones educativas porque nuestro municipio ha crecido de forma exponencial en los últimos años y las administraciones no han sido ágiles a la hora de equiparlo.
Pero este no es un problema que surja de un día para otro. Es una situación que arrastramos desde hace muchos años, gracias a los sucesivos gobiernos dirigidos por Pedro Del Cura, y lo que tenemos claro es que este problema es resultado de la incapacidad del equipo de Gobierno para negociar con la Comunidad de Madrid.
Es difícil que, abandonando el diálogo a la primera, más bien sin intentarlo siquiera, el alcalde vaya a conseguir reunirse con el consejero. En vez de seguir los cauces habituales, Del Cura decide convocar una rueda de prensa para anunciar que ha decidido utilizar la vivienda como moneda de cambio, retrasando las entregas de viviendas a los ciudadanos.
El circo mediático estaba montado. Nos colocaron en la cabecera de diarios, informativos, digitales, tertulias… pero muy lejos de obtener un acuerdo con la Consejería.
Sin embargo, a los pocos días hemos asistido al segundo acto de este teatro. Ahora nuestro alcalde matiza: ya no se suspenden las licencias de viviendas que estén en construcción, sólo las de nuevos edificios que empiecen a desarrollarse a partir de ahora.
En este tiempo, la oposición liderada por Ciudadanos le ha advertido de que la medida podría ser ilegal, y lo más importante: que cientos de familias —de las 3.200 que esperan su casa— se han puesto en contacto con la Concejalía de Vivienda presas del pánico, al ver como la mayor su inversión se veía amenazada por una decisión arbitraría del alcalde.
Sin embargo, como hay que seguir en la palestra, el alcalde insiste en que “la medida ya está en vigor”, algo sorprendente teniendo en cuenta que días antes había asegurado que los servicios jurídicos del ayuntamiento estaban estudiando la legalidad de la iniciativa. Esto se llama echar más leña al fuego cuando temes que se esté apagando.
También resulta contradictorio que hace pocos días se enajenasen parcelas destinadas a la construcción de viviendas, es decir, que el mismo alcalde avisase de que no se vendería más suelo para que nuevos constructores instalasen sus grúas.
Hay otro aspecto que no hemos tratado, el económico. Mucho se ha hablado de los precios del alquiler y la compra en los últimos años, pues la decisión de Del Cura puede repercutir en el precio de la vivienda que, ante una menor oferta, se encarecería. Es pura matemática: a menor oferta, mayor precio.
Desde Ciudadanos tenemos claro lo que vamos a hacer: Política Útil. Luchar para que los ripenses tenga una educación de calidad. Apoyando todas las opciones. Por ahora, nos hemos reunido con nuestros diputados en la Asamblea de Madrid para buscar una solución y proponemos al alcalde que haga lo mismo con la Consejería de Educación.
Nosotros no queremos circo, queremos mejorar la vida de los ripenses porque tenemos algo claro: en educación y vivienda no se puede ni improvisar ni jugar a manipular. Así que, por favor, equipo de Gobierno, negocien hasta obtener una solución y, si deciden hacerlo, no olviden reclamar al PSOE el dinero que adeudan a las Comunidades Autónomas. Una cantidad que podría invertirse directamente en Educación, Sanidad y otros servicios públicos.
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