El Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha aprobado la aplicación parcial del contenido de la ley 2/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública. Los ayuntamientos disponen de cuatro meses (hasta octubre) desde su aprobación para decidir si aplicar parcial o no la ley, y si hacerlo de forma completa o parcial en el primero de los casos. El Pleno ha votado a favor del incremento de la edificabilidad pero solo en parcelas de titularidad pública y ha rechazado el alojamiento temporal en parcelas industriales.
Este texto legal aprobado por la Comunidad de Madrid amplía la ley 3/2024 de 28 junio con dos nuevos artículos. Es la ley que permite el cambio de uso de suelo terciario o de oficinas a residencial para vivienda protegida, medida que el Pleno municipal de Rivas rechazó aplicar en su término municipal.
La nueva ley 2/2026, de 11 de junio introduce dos nuevos artículos sobre los que se ha pronunciado el Pleno municipal de Rivas celebrado este jueves 24 de septiembre. Por un lado, el Ayuntamiento ha decidido limitar la aplicación del artículo 3, que permite el incremento de edificabilidad y densidad en parcelas destinadas a la construcción de viviendas con protección pública en un 20 y un 30% respectivamente.
Rivas ha optado por aplicar este marco legal de forma restringida: solo lo hará en las parcelas que sean de titularidad pública, ya sean propiedad del Ayuntamiento a través de la EMV, de la Comunidad de Madrid o del Estado. El Pleno, con los 14 votos a favor de los concejales de la coalición de gobierno (IU-Más Madrid-Verdes Equo y PSOE), ha rechazado aplicarlo en parcelas de titularidad privada. Los 10 concejales de la oposición (PP, Vox y la concejala no adscrita) han votado en contra de la aplicación parcial de este artículo.
“Es la mejor opción, ya que compagina la posibilidad de incrementar el parque de vivienda pública con la necesidad de garantizar la suficiencia de las dotaciones y redes de servicios públicos, controlando el aumento de la población de manera que no sature unos servicios diseñados para un número y densidad de población inferior al que se daría si se implementara sin restricción esta ley”, ha expuesto Yasmine Manji, concejala de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Rivas,
Por otro lado, el Pleno municipal ha rechazado aplicar el artículo 4 de la nueva ley regional, que permite la habilitación de alojamiento temporal en parcelas con calificación de uso industrial.
Para Manji, esta “es una medida que obedece única y exclusivamente a beneficiar a determinados propietarios de suelo en detrimento de la mayoría de la población”. En opinión de la concejala de Urbanismo y Vivienda, este artículo del nuevo texto legal no soluciona “el problema estructural de la vivienda” y “fomenta la precarización de concepto del hogar”.
Debate y votación plenaria
La oposición ha criticado la decisión del gobierno municipal de aprobar solo parcialmente la ley 2/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública aprobado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Janette Novo, portavoz del Partido Popular, ha acusado al gobierno municipal de realizar “sectarismo político y boicot ideológico a la Comunidad de Madrid”. Novo considera que el Ayuntamiento de Rivas es “hipócrita” e “incoherente” al aplicar de forma “tramposa y asimétrica” la ley autonómica. “Alegan que colapsa las redes municipales pero se reservan el derecho de aplicar la ley a los proyectos controlados por ustedes”, ha dicho, incidiendo en el “doble rasero” que en su opinión muestra el gobierno municipal.
Eliana Palacios, portavoz de Vox, ha subrayado que “Rivas Vaciamadrid tiene un problema muy serio” de vivienda, y ha acusado al gobierno municipal de “poner límites y cerrar puertas” con esta aplicación parcial de la nueva ley regional. “A una familia que lleva años buscando casa le da igual quién coloque el primer ladrillo. Necesita que se construya vivienda, tenga un precio asequible y se cumplan las condiciones de protección necesarias. Una vivienda no deja de ser protegida porque la construya una cooperativa o una empresa privada”, ha argumentado.
La concejala no adscrita, María de los Ángeles Guardiola, ha pedido al Ayuntamiento que “no cerremos la puerta a que edificios terciarios se destinen a vivienda protegida, especialmente cuando son edificios infrautilizados”. Guardiola ha puesto el ejemplo de los edificios de oficinas de la calle Marie Curie, frente al H2O, y ha recalcado que no pide “una barra libre urbanística, sino todo lo contrario: estudiar cada edificio o parcela en relación a sus accesos, movilidad, redes y capacidad de servicios públicos, y luego decidir”.
Para Pilar Gabina Alonso, que ha tomado la palabra por el grupo municipal socialista en el debate del punto, es necesario que las “herramientas urbanísticas para construir ciudad se encaminen a una mayor planificación, regulación y control, y a no repetir errores del pasado”. Según Alonso, la aplicación parcial de la ley responde al deseo del gobierno municipal de “construir más vivienda pública sin perder el control del suelo, de garantizar un crecimiento urbanístico controlado y equilibrado, y una planificación responsable”.
En su turno de palabra, Janette Novo ha calificado el acuerdo plenario sobre la aplicación parcial de la ley como “un nuevo cerrojazo urbanístico”, y ha defendido que es nulo de pleno derecho porque este tipo de votaciones “requieren de la mayoría absoluta”. “Todo está revisado y correcto conforme a la ley. Lo mismo que la aplicación de la ley adaptada a la situación de Rivas. Dejen de intentar generar una inseguridad que no existe”, le ha respondido Yasmin Manji.
La concejala de Urbanismo y Vivienda ha cerrado el punto con un alegato sobre la situación de la vivienda en España. “La gente lo está pasando mal, muy mal, y el problema es el precio de la vivienda y la especulación con la misma. […] No se trata de construir más, se trata de bajar los precios y de intervenir la vivienda”, ha dicho.
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