La empresa ripense ha denunciado que la última decisión del Pleno Municipal de aplicar parcialmente la ley autonómica «limita la construcción de más vivienda pública en el municipio». Jarama estima que la decisión municipal impedirá que la promotora construya más de 70 viviendas protegidas adicionales.
En el pleno de septiembre, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid decidió no aplicar de forma íntegra los preceptos de los dos nuevos artículos de la ley regional de medidas urgentes para incrementar la vivienda pública. Entre estos se encontraba la posibilidad de aumentar la edificabilidad y densidad en parcelas destinadas a la construcción de viviendas con protección pública en un 20% y un 30%, respectivamente.
El pleno votó aplicar este aumento de forma parcial, limitándolo a aquellas parcelas que sean de titularidad pública, ya sean propiedad del Ayuntamiento a través de la EMV, de la Comunidad de Madrid o del Estado.
A través de un comunicado, Jarama ha valorado negativamente esta decisión, argumentando que impide que los promotores privados ofrezcan más viviendas protegidas en sus parcelas. «Sin entrar ahora en otras consideraciones de orden jurídico, la decisión del Ayuntamiento priva a los ripenses de la posibilidad de acceder a más de 70 viviendas adicionales de protección pública -frente a las 246 ya previstas- en dos parcelas que, con esta calificación, Jarama posee en el nuevo desarrollo del Cristo de Rivas», explican desde la empresa en referencia a dos parcelas situadas al sur de la avenida de la Democracia.
Asimismo han puesto en cuestión los argumentos municipales que justifican esta decisión. En palabras de la concejala Yasmin Manji, esta limitación responde a «la necesidad de garantizar la suficiencia de las dotaciones y redes de servicios públicos, controlando el aumento de la población de manera que no sature unos servicios diseñados para un número y densidad de población inferior al que se daría si se implementara sin restricción esta ley».
Para Jarama, resulta «incomprensible sostener que la suficiencia de esas dotaciones y redes pueda depender de quién es el propietario del suelo al comenzar el proceso urbanístico».
«La prioridad de todas las administraciones, con independencia de su color político, debe ser acelerar la puesta en el mercado de más oferta, de todo tipo», sostiene la constructora en referencia a la actual crisis de vivienda. «El Ayuntamiento de Rivas lleva desde 2021 ralentizando e incluso paralizando la concesión de licencias, una política restrictiva que en este último Pleno ha llegado al absurdo de limitar la construcción de vivienda pública si el titular del suelo es privado», denuncia.
A pesar de ello, la constructora ha manifestado su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento, «promoviendo todo tipo de vivienda en la localidad y contribuyendo así a afrontar el grave problema de precios que sufre la ciudad».
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