El juzgado número 48 de Madrid ha ordenado el embargo de las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid para satisfacer una deuda de 3,3 millones de euros con la Agencia de la Vivienda Social (AVS, antiguo IVIMA) de la Comunidad de Madrid.
El motivo del embargo es el incumplimiento de pago, por parte de la EMV de Rivas, por el uso de un edificio de 124 viviendas protegidas y 136 plazas de garaje, en base a un acuerdo con la empresa Grupo Ortiz en el que la Agencia de la Vivienda Social figuraba como garante.
El origen de la disputa se remonta a 2003, cuando se constituyó un derecho de superficie a favor de la empresa Ortiz sobre una parcela en Rivas Vaciamadrid. El antiguo IVIMA, entidad encargada de la vivienda social de la Comunidad de Madrid (actual AVS), promovió allí la construcción de 124 viviendas y 136 plazas de garaje que en un principio estaban destinadas a realojos.
Dos años más tarde, en 2005, el IVIMA permutó la titularidad de la parcela con la EMV de Rivas, incluyendo la transferencia del derecho de superficie. La empresa municipal ripense adquirió la parcela y las obligaciones para evitar que todas las viviendas fueran destinadas inicialmente a realojo, permitiendo así dar opciones para que vivieran en ellas familias del municipio. El IVIMA quedó como garante de este acuerdo.
Sin embargo, el Grupo Ortiz vendió el derecho de superficie de las viviendas a un fondo de inversión, tras lo cual se produjo un impago por parte de la EMV por el uso del edificio de viviendas. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid asegura que las condiciones fijadas por el IVIMA y el promotor por el cobro de las rentas eran «muy perjudiciales» para el Ayuntamiento de Rivas, que, explica, no estaba de acuerdo con la «especulación que dicho fondo realizaba con el parque público». La empresa denunció los impagos y el IVIMA, como garante de la operación, terminó haciendo frente a las cantidades reclamadas.
Ese es el dinero que la actual Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) reclama al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y que ha derivado en un conflicto judicial. Como resultado del procedimiento llevado a cabo por el juzgado número 48 de Madrid, se han embargado las cuentas de la EMV ripense por un importe de 3.304.867,93 euros. De esta cantidad, 2.542.203,10 euros es la cantidad reclamada inicialmente, mientras que el resto (762.664,83 euros son intereses).
Asimismo, queda pendiente de resolver otra causa judicial, iniciada el año pasado, por otra deuda relacionada con el mismo caso, correspondiente a un período diferente, en esta ocasión en el juzgado de Primera Instancia número 97. Son 2.912.108,96 euros los que se reclaman en esta segunda causa y que según la Comunidad, «a la vista de los antecedentes judiciales, previsiblemente se incrementará hasta los 6.216.976,89 euros», más los intereses que se devenguen hasta su pago efectivo.
Voluntad de pago
El Consistorio ripense asegura que ha propuesto a la AVS planes de pago de esta deuda, de la que, asegura, se hará cargo. «La Comunidad de Madrid sabe que estamos en disposición de negociar dicho pago», indica. Y agrega que, «llama la atención que esta información se haga pública tras conocerse la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que condena a la Comunidad de Madrid a pagar al Ayuntamiento más de 450.000 euros por la gestión de las escuelas infantiles durante la pandemia».
A su vez, el Gobierno regional asegura que «su voluntad siempre ha sido evitar la judicialización de estas actuaciones, dando prioridad al marco de la lealtad institucional y cooperación entre Administraciones Pública que deben regir las relaciones entre las Administraciones Públicas. Por ello, el organismo regional ha realizado distintos esfuerzos para una solución extrajudicial; entre otras actuaciones, mediante la remisión de cartas de requerimiento de pago, las cuales no obtuvieron respuesta por su parte, o mediante contactos dirigidos a consensuar un plan de pago a fin de facilitar el abono de la deuda; todo ello con el objetivo de evitar que se proceda judicialmente contra los bienes de una Administración municipal». Afirma también la Comunidad que tiene la intención de «evitar nuevos embargos», esperando que la EMV «cumpla con sus obligaciones de pago de las cantidades adeudadas».
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