OPINIÓN
Janette Novo
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
El pasado día 3 de agosto, se celebró una reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias para someter a votación la propuesta de acuerdo entre dicha institución y el Gobierno de España para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura y el deporte.
Esto se traduce en que los ayuntamientos tienen que entregar sus ahorros al Ejecutivo de Pedro Sánchez, préstamo que será devuelto en un plazo de 15 años y estableciendo además en qué pueden gastarlo. El acuerdo ofrecido por el Gobierno habilita un fondo de 5.000 millones de euros totalmente condicionado puesto que solamente se repartirá entre las Entidades Locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería.
La propuesta del Gobierno no responde a las necesidades y peticiones de los ayuntamientos, excluye al mundo rural y a más de 3.000 entidades locales que han cerrado 2019 con deuda o no han tenido Remanente de Tesorería positivo, y vulnera la autonomía local reconocida en la Constitución puesto que el acuerdo obliga a los ayuntamientos a gastar el dinero recibido (tanto el dinero del fondo de 5.000 millones de euros como las amortizaciones del préstamo) en una lista de actuaciones definidas por el Gobierno.
Este chantaje obliga a los ayuntamientos a usar el dinero de sus vecinos para implantar la agenda política del Gobierno y no les permite aplicarlo en las actuaciones que las entidades locales consideran más necesarias, y entre las permitidas por el Gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos, empresas y comercios.
La incautación de los ahorros municipales solo ha salido adelante con los 12 votos de los alcaldes socialistas y fue necesario el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero. En contra votaron los 12 representantes de PP, C´s y Junts per Catalunya, pero salió adelante porque IU-Podemos, representado por el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, se abstuvo y con esto dejó en empate la votación, que decidió el voto de calidad del presidente.
No entendemos la abstención del alcalde de Rivas Vaciamadrid, pues con ello ha permitido que saliera adelante un acuerdo que da vía libre al robo de los ahorros municipales y la marginación de ayuntamientos sin remanentes.
Los alcaldes y concejales tenemos que ser leales y representar los intereses de nuestras ciudades por encima de todo. Este acuerdo nos divide entre los que defienden los intereses de los vecinos y los que defienden sus intereses partidistas.
Con esta votación y el empeño del Gobierno de realizarla a toda costa con agosticidad, se rompe por primera vez el consenso existente en la institución que representa al mundo local.
El acuerdo es decepcionante e insatisfactorio y por ello merece nuestro rechazo y desaprobación. La prueba evidente de que se trata de un mal acuerdo es que todos los grupos políticos han optado por rechazarlo, votando en contra o absteniéndose y aislando al PSOE en su decisión de seguir adelante con este expolio.
Tiene que haber un enorme agujero en las cuentas públicas para que el Gobierno intente quedarse con el dinero de los vecinos de los municipios y no diga para qué. Esto es un agravio del PSOE a todos los ayuntamientos de España en un momento en el que necesitamos movilizar todos los recursos.
Este despropósito histórico que vulnera la autonomía local y atenta contra el municipalismo es intolerable y el Partido Popular seguirá luchando para que en la tramitación parlamentaria se acabe con esta situación que pretende el robo de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones.
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