Paralización de las polémicas ZBE

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El Partido Popular considera que el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones lleva consigo comunicación y aceptación ciudadana, lo que no ocurre en el caso de Rivas Vaciamadrid. Los vecinos, que en definitiva son los que tendrán que modificar sus hábitos de movilidad, deben conocer los estudios que se desarrollaron (o no) para determinar que dichas ZBE fueran los colegios del municipio y no otros ámbitos de la ciudad.

La puesta en marcha de cualquier medida de esta envergadura, con especial relevancia ciudadana y que va a suponer la restricción del acceso o la circulación de vehículos, se debe hacer mediante un proceso participativo que permita recoger las diferentes visiones, lo que en el caso de Rivas Vaciamadrid no se ha hecho. El Gobierno municipal ha tomado esta decisión de espaldas a los ciudadanos, sin tener en cuenta el impacto de las ZBE en la población, que tendrá que modificar sus hábitos en la movilidad debido a la implantación de esta medida.

Es necesario contrastar argumentos entre la ciudadanía y los responsables municipales, a fin de tener en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a esta actuación municipal. Una vez más, el Gobierno de Rivas toma decisiones con excesiva prisa y de forma atropellada, sin tener en cuenta en esta ocasión a las personas con movilidad reducida, sin valorar las molestias que se van a ocasionar a las familias que tengan que llevar a sus hijos al colegio y luego ir a trabajar, o a los vecinos que residen y circulan habitualmente por las zonas en las que se han implantado las restricciones y que tendrán que dar grandes rodeos buscando recorridos alternativos.

A día de hoy, ya con las ZBE en marcha, no disponemos de información acerca de la realización de estudios de caracterización del parque de vehículos de nuestro municipio, no sabemos si se ha llevado a cabo un inventario de los vehículos censados y circulantes en el ámbito de aplicación de las ZBE. Tampoco se ha facilitado información sobre el necesario inventario de las emisiones ocasionadas por la movilidad que justifiquen la implantación de dichas restricciones, no disponemos de una estimación de las emisiones de los principales contaminantes en el ámbito de aplicación ni de la reducción prevista con la creación de las ZBE. Queremos disponer, y así lo hemos solicitado, de los estudios técnicos de evaluación del impacto ambiental que tendrá la implantación de esta norma.

Ante la caótica situación que tiene lugar todas las mañanas en los colegios y sus calles aledañas, repercutiendo negativamente en el tráfico de la ciudad, desde el Partido Popular hemos solicitado la paralización inmediata de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en Rivas Vaciamadrid.

El Ayuntamiento ha anunciado que a partir del 1 de octubre comenzarán a denunciar a quienes incumplan la normativa y para ello instalarán cámaras para la lectura de matrículas. Es imposible que esto se lleve a cabo sin que exista un marco jurídico que regule las ZBE. A día de hoy, ninguna Ordenanza municipal recoge la restricción de la circulación de vehículos en la ciudad de Rivas Vaciamadrid. No se puede hablar de sanciones cuando no están tipificadas las infracciones en ninguna norma.

Una Ordenanza tiene una tramitación que comienza con la aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento. Una vez aprobada inicialmente, se abre un período de información pública por un plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones, alegaciones y sugerencias realizadas por los diferentes entes relacionados y afectados por la medida. Si no hay reclamaciones ni alegaciones, se aprueba automáticamente. Si las hubiere, se remite otra vez al Pleno municipal para que sean estimadas o desestimadas. Hasta que no queden reguladas legalmente, las ZBE no pueden ponerse en marcha por parte del Ayuntamiento, y mucho menos sancionar a quienes infrinjan una normativa que no existe actualmente.

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