Rivas derriba dos infraviviendas de la Cañada Real y realoja a sendas familias vulnerables que pagaban un ‘alquiler’ ilegal por vivir allí

por | Jul 29, 2025

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El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha derribado dos construcciones y realojado a otras tantas familias vulnerables que vivían en sendas infraviviendas en Cañada Real, cerca de la intersección de las avenidas de Víctimas del Terrorismo y 8 de Marzo. Estas familias, ahora realojadas, pagaban por vivir allí un ‘alquiler’ ilegal a unas personas que aseguraban ser ‘propietarias’ de la parcela, situada en esta vía pecuaria.

Este lunes, 28 de julio, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en un operativo coordinado con la Comunidad de Madrid, procedía al derribo de dos infraviviendas en el sector 4 de Cañada Real, en las que vivían sendas familias en situación de vulnerabilidad.

Se trata, en el primer caso, de dos personas adultas y, en el segundo, de una mujer divorciada con cuatro hijos escolarizados en centros educativos de la ciudad.

Según ha podido acreditar el Consistorio, todos ellos entregaban dinero cada mes a modo de ‘alquiler’ ilegal a una persona que residía en una casa de grandes dimensiones en la misma parcela, que hacía las veces de casero, y que entregaba los importes recaudados a una pareja de nacionalidad española cuyos integrantes decían ser los propietarios de este terreno, situado en suelo público protegido.

Esta pareja que cobraba los ‘alquileres’, aunque empadronada en este lugar, no vive en la Cañada Real, pero acudía de vez en cuando a recibir el importe recaudado por el ‘casero’. El matrimonio es propietario de, al menos, tres pisos en Madrid capital, según consta asimismo en el expediente del caso.

De la Cañada a una vivienda digna

A las familias en situación de vulnerabilidad que pagaban por vivir en las infraviviendas, según la información que obra en poder de los servicios municipales, se les habría «obligado a pagar los servicios de un despacho de abogados y prohibido hablar con los servicios sociales o aceptar un realojo bajo la amenaza de ponerlos en la calle en el acto».

Una vez concluido el proceso contencioso, así como la evaluación por parte de servicios sociales municipales de las familias afectadas, se ha proporcionado a estas últimas el acceso a una vivienda digna, en línea con lo estipulado en el Pacto de Cañada Real, «frente a la especulación y la amenaza a población vulnerable para que sigan pagando por vivir en esas infraviviendas sin ningún contrato ni derecho que los ampare», abundan desde el Ayuntamiento ripense.

Por todo ello, y una vez recabada la información necesaria, el Consistorio anuncia que interpondrá la correspondiente denuncia penal y en la Agencia Tributaria «contra quienes usan la Cañada Real para explotar y hacer caja con población vulnerable y excluida».

En el operativo desplegado este lunes, en el que también se ha derribado otra construcción situada en otro punto del mismo sector, han intervenido, entre otros efectivos, Guardia Civil, Policía Local de Rivas Vaciamadrid, los servicios de Mantenimiento municipales y Rivamadrid.

Tras el derribo de las infraviviendas y el realojo de las familias, se ha puesto la parcela a disposición de la Comunidad de Madrid, titular del terreno, que se encargará de limpiarla, descontaminarla y protegerla para evitar que se levanten nuevas construcciones en el lugar. También se han instalado barreras de hormigón tipo ‘new jersey’ que impidan el tránsito de vehículos pesados, previniendo así posibles vertidos ilegales en la zona.

Un dispositivo sin incidentes

Fuentes municipales han confirmado que el operativo de intervención desarrollado este lunes en el sector 4 de la Cañada Real se llevó a cabo sin incidentes, tras completarse el realojo previo de las familias afectadas durante el pasado fin de semana.

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El dispositivo contó con un importante despliegue técnico y logístico, y obligó asimismo a cortar temporalmente el suministro eléctrico para trabajar con seguridad. Los servicios sociales municipales, junto al equipo del Comisionado de Cañada Real, han mantenido en todo momento contacto con las familias del entorno para ofrecer información y seguimiento.

Sobre la vivienda en la que reside el supuesto ‘casero’, estas mismas fuentes han explicado que actualmente se encuentra en proceso contencioso. Según indican desde el Consistorio, “la vivienda tiene una orden de derribo por la vía administrativa como el resto”, pero no se ha actuado sobre ella de forma inmediata al encontrarse en fase de resolución de alegaciones.

Especulación con suelo público

Desde el Ayuntamiento de Rivas han puesto el foco en una situación que califican de un caso «flagrante» de “especulación con la vivienda, utilizando además suelo público” en la Comunidad de Madrid. 

Según recuerdan, en este caso concreto ha quedado acreditado que los presuntos propietarios del terreno (de nacionalidad española y que no residen en la zona) lo habrían destinado al alquiler irregular. “Han visto el negocio de poder realquilar y subarrendar de manera irregular a terceros, sin que ellos residan allí ni tengan ninguna actividad”, apuntan. “No pagan luz, no pagan agua, no pagan gas, y las familias inmigrantes les pagan ingresos en negro por infraviviendas sin ningún tipo de contrato”, añaden.

Asimismo, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid indica que tiene identificados más casos similares, de personas que dicen tener en propiedad parcelas en Cañada Real, y que cobran ‘alquiler’ a otras familias, generalmente vulnerables y de origen extranjero, por el uso de infraviviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad edificadas en estas ‘parcelas’. Esta situación se repite, advierte el Consistorio, en varias parcelas de los sectores 4 y 5 de la Cañada Real, donde ya se han iniciado los trámites para restablecer la legalidad urbanística y acompañar a las familias afectadas.

Desde el Consistorio ripense advierten que estas prácticas sitúan a las familias afectadas en una situación de desprotección absoluta: “No tienen ningún título, ningún contrato, nada que les proteja como consumidores ni como arrendatarios”. Por este motivo, insisten en que cualquier posible denuncia, tanto penal como ante la Agencia Tributaria, “se presenta únicamente una vez garantizado el realojo”, para no comprometer la seguridad de las personas afectadas.

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