A falta de dos días para que dé comienzo el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es y Ágora Rivas 2030, su celebración está en el aire. El PP de Rivas Vaciamadrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que podría derivar en la cancelación del evento a escasas horas de su celebración. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha enviado un informe en el que defiende la legalidad del procedimiento y pide que se levante la suspensión decretada por el tribunal, y habla de «maniobra para censurar» el festival.
El evento, que está previsto para este viernes, 26 de junio, y sábado, 27 de junio, se plantea como un festival cultural gratuito y abierto a la ciudadanía. El programa del FIC -Ágora Rivas 2030 incluye debates, conversaciones, conciertos o espectáculos de humor, de la mano de Ignacio Escolar, Silvia Intxaurrondo, Jordi Évole, Marc Giró, Inés Hernand, La Bien Querida, Ariel Rot, Bob Pop o Arde Bogotá, entre otros. Ahora, con cientos de entradas gratuitas reservadas (trámite necesario para presenciar los eventos programados en el Auditorio Pilar Bardem, por cuestiones de aforo) y el escenario a medio montar en la plaza de la Constitución de Rivas Vaciamadrid, el festival se encuentra pendiente de que el Tribunal de Contratación Pública se pronuncie sobre las alegaciones del Consistorio.
El origen de la suspensión radica en la presentación, por parte de Janette Novo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de un recurso especial en materia de contratación contra el expediente de adjudicación del contrato del festival por parte del Consistorio a la empresa editora de elDiario.es, promotora del evento.
El proyecto consistía en la celebración de la II edición de Ágora Rivas 2030, el festival de imaginación urbana creado por el Ayuntamiento ripense el pasado año como un nuevo espacio de reflexión ciudadana. Con la contratación de elDiario.es, se pretendía fusionar dicho evento con el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC), promovido por la editora de este medio digital. Para ello, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid adjudicó a esta empresa un contrato por valor de 262.139 euros. Parte de ellos, con cargo a una subvención estatal de 130.900 euros, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; y el resto, 131.239 euros, aportados por las arcas municipales.
El recurso interpuesto por Novo se basa, fundamentalmente, en dos argumentos que, según su escrito, «apuntan a un posible fraude de ley para eludir los mecanismos de libre concurrencia». Por un lado, indican que el contrato fue publicado originalmente en la Plataforma de Contratación Pública bajo el epígrafe de ‘aparatos de seguridad’, lo que habría impedido a otras empresas interesadas presentarse para optar a la organización del evento. Este error material fue subsanado el pasado lunes, según refleja dicha plataforma.
Por otro lado, el PP cuestiona que se haya utilizado el procedimiento negociado sin publicidad (mecanismo habitual por especificidad artística que se pone en marcha para contratar conciertos de diversos artistas, por ejemplo), ya que, sostiene, «la mayor parte del presupuesto se destina a servicios generales de producción como montaje de infraestructuras, sonido, iluminación, seguridad o logística», que según argumenta «no tienen carácter exclusivo ni están protegidas por derechos de propiedad intelectual». La portavoz del PP ripense también ha solicitado una investigación al Ministerio sobre la utilización de estos fondos públicos.
Según consta en la resolución del tribunal, este órgano acordó en 2024 «mantener vigente la suspensión automática del recurso especial en materia de contratación interpuesto contra la resolución de adjudicación, hasta la resolución del recurso». Esta medida, que se deriva automáticamente de la interposición del recurso y se mantiene hasta que se resuelva, impediría de facto la celebración del festival previsto para este jueves y este viernes. Una decisión, apunta el PP en una nota, «de gran relevancia jurídica que obliga al Ayuntamiento a actuar con prudencia y respeto a la legalidad».
El Ayuntamiento aporta un informe y solicita que se permita celebrar el evento
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha enviado al Tribunal de Contratación Pública un escrito en el que defiende la legalidad del contrato, para contrarrestar lo que considera «una maniobra política para intentar suspender, en vísperas de su celebración, un festival gratuito de periodismo, música, humor, pensamiento crítico, cultura y participación ciudadana». En su informe jurídico, el Consistorio solicita el levantamiento inmediato de la suspensión automática que implica la interposición de este recurso especial, presentado fuera del plazo previsto por ley para este mecanismo «y sin legitimidad para ello», ya que, aseguran, este mecanismo está reservado exclusivamente a licitadores o miembros del órgano de contratación, es decir, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. En cuanto al epígrafe del contrato, fuentes municipales lo atribuyen a un «error material en la publicación, que ya ha sido subsanado en la plataforma de contratación».
«El contrato cumple con todos los requisitos legales y de transparencia exigidos por la ley. El PP es conocedor de este hecho y de que presenta el recurso sin posibilidad de éxito», además de que «no protege ningún interés público ni ningún interés de terceros». «Al contrario, su único efecto real es poner en riesgo la celebración de un festival que ya tiene comprometida su programación, sus espacios, sus participantes, sus equipos técnicos, sus reservas y toda la organización necesaria para acoger a miles de personas de Rivas y de fuera de Rivas».
Y añade: «El daño que puede provocar esta maniobra no afecta solo al Ayuntamiento o a elDiario.es. Afecta a la ciudadanía que ha reservado sus entradas, a las personas que tenían previsto desplazarse hasta Rivas, a los equipos técnicos y profesionales contratados, a artistas y ponentes, al tejido cultural, a la hostelería, al comercio local, a bares, restaurantes, tiendas y a toda la ciudadanía ripense que se ve beneficiada por un evento de estas características, y cuyos ingresos estimados superan los 200.000 euros».
Por todo ello, el Ayuntamiento solicita al Tribunal de Contratación que levante «con la máxima celeridad» la suspensión automática derivada del recurso «y permitir la celebración del festival con todas las garantías jurídicas». El plazo estipulado para que el tribunal resuelva es de cinco días, pero el festival (en cuyo montaje elDiario.es indica haber invertido ya más de 188.000 euros, amén de otros gastos comprometidos) está previsto para primera hora de la tarde de este viernes El silencio de este órgano hasta entonces, o una decisión definitiva (incluso favorable) después de ese día conllevaría, en la práctica, la imposibilidad de celebrarlo. Entretanto, y a pesar de la incertidumbre, en Rivas Vaciamadrid continúan las labores de montaje previas al evento.
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